Si no renuncian o se pensionan antes del 2026, el próximo congreso definirá si mantiene o cambia a cinco de los siete miembros de la Sala IV.

La Asamblea Legislativa que se elija en los comicios generales del 2 de febrero de 2026 tendrá la potestad de renovar más de la mitad de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, lo que podría redefinir la composición del Poder Judicial en el país.

Según una lista solicitada por Delfino.cr a la Corte Suprema de Justicia, 14 de los 22 magistrados de las cuatro salas deberán enfrentar su proceso de reelección en el próximo congreso, a menos que renuncien o se pensionen antes de que finalice su período.

En la Sala Primera, encargada de recursos de casación en materia civil y comercial, deberán someterse a reelección las magistradas Iris Rocío Rojas Morales, cuyo período vence el 5 de mayo de 2030, y Damaris Vargas Vázquez, con nombramiento hasta el 15 de enero de 2028.

En la Sala Segunda, que resuelve recursos en materia laboral y familiar, el proceso de reelección afectará a cuatro de sus cinco miembros: Orlando Aguirre Gómez, magistrado desde 1989, cuyo nombramiento vence el 12 de enero de 2029; Julia Varela Araya, magistrada desde 2002, con vencimiento el 16 de septiembre de 2026; Jorge Enrique Olaso Álvarez, designado en 2018 con período hasta el 14 de noviembre de 2026; y Roxana Chacón Artavia, también desde 2018, con plazo hasta el 20 de noviembre de 2026.

En la Sala Tercera, que conoce los casos penales en casación, deberán someterse a reelección tres magistrados: Patricia Solano Castro, con nombramiento hasta el 6 de noviembre de 2026; Gerardo Rubén Alfaro Vargas, designado en 2019 con período hasta el 10 de diciembre de 2027; y Sandra Zúñiga Morales, magistrada desde 2020, cuyo plazo finaliza el 15 de enero de 2028.

La Sala Constitucional (Sala IV) enfrentará el mayor impacto, pues cinco de sus siete magistrados deberán ser reelegidos o sustituidos por el nuevo Congreso.

Fernando Cruz Castro, magistrado desde 2004, culminará su actual período el 18 de octubre de 2028; Paul Rueda Leal, designado en 2011, lo hará el 26 de junio de 2027; Luis Fernando Salazar Alvarado, quien asumió en 2013, finaliza el 3 de diciembre de 2029; Jorge Araya García, magistrado desde 2018, termina su período el 31 de octubre de 2026; y Anamari Garro Vargas, en funciones desde 2020, lo hará el 12 de febrero de 2028.

En Costa Rica, los magistrados tienen nombramientos vitalicios, pero cada ocho años deben pasar por el proceso de reelección en la Asamblea Legislativa. Para impedir que un magistrado continúe en el cargo, el Congreso debe reunir 38 votos en contra, lo que obliga a un consenso amplio entre los legisladores.

La próxima legislatura tendrá, por lo tanto, una influencia significativa en la composición del Poder Judicial y, en particular, en la Sala Constitucional, cuya integración es clave para la interpretación y aplicación de la Constitución Política en el país.

Estos son todas las magistraturas cuyo nombramiento vence durante el periodo de la próxima Asamblea Legislativa.