La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles el proyecto de ley de la bancada del Partido Liberal Progresista que pretendía derogar el tope a las tasas de interés que la anterior Asamblea Legislativa instauró en la Ley contra la Usura Crediticia, con el fin de "reinsertar" a los consumidores que quedaron excluidos del Sistema Bancario Nacional desde la promulgación de esa normativa.

La iniciativa se tramitaba en el expediente 23.661 y fue presentada por el ahora exdiputado Jorge Dengo Rosabal; sus compañeros de partido Johana Obando Bonilla, Luis Diego Vargas Rodríguez y la ahora diputada independiente, Kattia Cambronero Aguiluz.

El proyecto fue dictaminado negativamente en votación 1 vs. 5, votando por la afirmativa únicamente el diputado Gilberto Campos Cruz, representante del PLP en esa comisión.

De previo a la votación, la diputada Sofía Guillén Pérez, del Frente Amplio dijo que votaría en contra porque lo que la propuesta pretendía era, de facto, echar para atrás los límites a la usura crediticia que fueron promulgados años atrás.

Guillén citó un informe emitido por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional en el que se determinó que tras la promulgación de la ley contra la usura, las tasas de interés de las tarjetas de crédito disminuyeron en promedio 10 puntos porcentuales a lo largo de tres años, así como una reducción, aunque en menor magnitud, en las tasas cobradas a créditos personales.

Ningún otro congresista hizo uso de la palabra para defender u oponerse al proyecto de ley. El diputado Campos tiene la posibilidad de presentar un informe minoritario afirmativo que mantendría el proyecto temporalmente "vivo". Si no lo hace, el proyecto se enviará al archivo del Congreso.

El proyecto había sido enviado en consulta a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

La Sugef listó los efectos positivos y negativos que ha tenido la ley contra la usura y finalmente se decantó por recomendar su derogatoria "por los efectos que dicha regulación ha desplegado en el Sistema Financiero Nacional y en los consumidores de este", aunque también recomendó que aparejada a esa decisión, se debía prestar especial atención a otros temas que impactarían a los deudores, como la elevación de las tasas de interés activas, el restablecimiento de cobros y comisiones varias sobre saldos morosos por parte de las entidades financieras, y la potencialidad de incrementar el sobreendeudamiento de la población costarricense.

La Coprocom evitó referirse a varios de los aspectos del proyecto de ley, pero recordó que ya se habían pronunciado en contra del establecimiento de tasas máximas de interés anuales mediante su opinión 11-2017, donde se examinaba el proyecto que imponía las tasas de usura.

Mantiene este Órgano el criterio del anterior dictamen, que el problema de fondo por el fenómeno de usura, no depende de la propuesta de regulación planteada y que la regulación de precios debe ser un mecanismo de excepción y de forma temporal".

Por su parte el MEIC, a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor, expresó su oposición al proyecto de ley por considerar que este eliminaba garantías y derechos para las personas consumidores

El Ministerio recordó que varios reportajes habían demostrado que más del 60% de la planilla de MEP recibía rebajos por más del 50% del salario, confirmando una práctica arraigada y aplicada por parte de algunos proveedores de crédito, que llegaron a otorgar créditos a las personas consumidoras por encima de su capacidad de endeudamiento, generando un proceso de escalada en el sobreendeudamiento y pérdida del control financiero de las personas.

Para el MEIC, la afirmación del proyecto de ley de que las tasas de usura implicaron una exclusión de las personas al Sistema Financiero Nacional era "ligera y lejana a la verdad", y agregó que la existencia del fenómeno del “crédito extorsivo” o “crédito gota a gota” obedecía a factores muy alejados de los límites establecidos en la Ley 9859 y se encontraba en países donde la problemática respecto de la legitimación de capitales y los dineros producto del narcotráfico se encuentran presentes, existan o no topes para las tasas de interés o leyes de usura.

Así, esa correlación es no solo desafortunada sino falaz".

Por su parte, la OCF emitió un criterio afirmativo alegando que, de conformidad con la Segunda Encuesta Nacional de Endeudamiento 2023 (SENE) realizada por esa entidad, la cual se aplicó entre septiembre y octubre del 2023 a 1200 personas, el 7,4% de los encuestados afirmaron haber tomado algún préstamo informal, lo que equivaldría a alrededor de 221.000 mil costarricenses.

Si el préstamo promedio fuera de ₡200.000, eso implicaría que se habrían otorgado préstamos gota a gota por al menos ₡44.000 millones, o un poco más de $84 millones de dólares al tipo de cambio actual. Aunado a ello, la encuesta revela que 5,5% de los consultados dice haber recibido amenazas e incluso 4,4% indicaron haber puesto una denuncia".

Breves

— La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobó en segundo debate el expediente 23.515 "Ley para la promoción, atracción y estadía de estudiantes, docentes e investigadores extranjeros, mediante la reforma de varios artículos de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764 de 19 de agosto de 2009 y sus reformas".

— La Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera aprobó en primer debate el expediente 24.195 "Ley para la mejora tecnológica y metodológica de las contrataciones en materia de obra pública" y el expediente 22.675 "Declaratoria del Día Nacional del Swing Criollo".

Proyectos dictaminados

— La Comisión de la Mujer dictaminó afirmativamente el expediente 24.261 "Reformas a la Ley 10.081, Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido" y rechazó el expediente 23.095 "Ley para el Fortalecimiento Empresarial de las Mujeres y sus Familias en Pobreza Mediante el Fideicomiso del Instituto Mixto de Ayuda Social (Fideimas)".

— La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el expediente 23.866 "Ley para mejorar la eficiencia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en los procesos de contratación pública", el expediente 23.977 "Ley para garantizar el cumplimiento de derechos laborales" y el expediente 24.236 "Reforma de la Ley N°4573 Código Penal del 4 de mayo de 1970 para incorporar cuantía en el tipo penal de estafa". Por el contrario, dictaminó afirmativamente el expediente 24.212 "Reforma al Artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N° 9986, para aumentar el plazo de acción por parte de las instituciones públicas ante las contrataciones de urgencia".

— La Comisión Especial de Puntarenas dictaminó afirmativamente los siguientes proyectos de ley:

  • Expediente 24.020 "Declaración de Interés Público el Desarrollo Turístico del Cantón de Montes de Oro".
  • Expediente 24.036 "Declaración de Interés Público el Desarrollo Turístico del Cantón de Buenos Aires".
  • Expediente 24.055 "Declaración de Interés Público el Desarrollo Turístico del Cantón de Puerto Jiménez".
  • Expediente 24.056 "Declaración de Interés Público el Desarrollo Turístico del Cantón de Golfito".
  • Expediente 24.110 "Ley que fortalece las finanzas de la Municipalidad de Puerto Jiménez: creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional Corcovado para la Municipalidad de Puerto Jiménez".
  • Expediente 24.130 "Autorización a la Municipalidad de Coto Brus para que modifique la naturaleza de un terreno de su propiedad".
  • Expediente 24.217 "Ley para el desarrollo, fortalecimiento y expansión del Programa de Interés Público y Nacional la Casa del Ciclismo Aramacao".
  • Expediente 24.424 "Ley para la condonación tributaria en la Municipalidad de Montes Oro".

Leyes publicadas

Este miércoles no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.