El proyecto pretende incluir en la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) la obligación de que en obras públicas que se tramiten mediante licitación mayor se exija a los oferentes el uso de las últimas tecnologías y metodologías disponibles en el mercado, y establece como obligación de la Autoridad de Contratación Pública, el publicar anualmente anualmente cuáles se consideran las tecnologías y metodologías más novedosas que deben aplicarse en obras de infraestructura y edificaciones.