Cuestionan aparentes intenciones de plantear la formalización de la minería en el Parque Nacional Corcovado.
La organización costarricense La Ruta del Clima, que aboga por el derecho del público a participar en el proceso de gobernanza climática, entregó una solicitud formal de información ante el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) sobre el proyecto que financian en el país bajo el nombre de "Oportunidades globales para el desarrollo a largo plazo del sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala en Costa Rica - planetGOLD Costa Rica”.
Este proyecto estuvo bajo la mira la semana anterior luego de que un grupo de funcionarios de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y consultores internacionales pidieron el aval para entrar al Parque Nacional Corcovado en el marco del programa. Ante esto, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) rechazó la solicitud y recordó que no pueden permitir el ingreso al área protegida porque la Ley de Parques Nacionales no permite ningún tipo de extracción, excepto mediante un permiso de investigación. Además señalaron que Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad aclaran que estas áreas están regidas por un plan de manejo que establece una zonificación del uso y manejo de los recursos naturales y su biodiversidad, que no permiten este tipo de actividades de muestreo o exploración. También resaltaron que el Código Minero 6797 en el artículo N°8, prohíbe la explotación minera en áreas declaradas parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida silvestre.
En ese momento Minae justificó que con el ingreso al Área Silvestre Protegida buscan atacar la problemática de la extracción de oro ilegal en el Parque Nacional Corcovado e impulsar iniciativas para la eliminación del uso de sustancias peligrosas para la salud humana y la conservación del ambiente, como el mercurio.
Consulta en Washington
La Ruta del Clima se apersonó en las oficinas del GEF en Washington para entregar su consulta. En ella dicen estar preocupados por la posible aprobación y ejecución del proyecto.
Las actividades ilegales de minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Costa Rica han afectado gravemente nuestros ecosistemas debido a la insuficiente aplicación de las leyes ambientales".
Además, señalan que el proyecto tal y como está planteado parece centrarse en áreas donde la MAPE no solo es destructivo para el medio ambiente, sino también ilegal según la ley costarricense.
La inclusión de áreas como Crucitas, el Parque Nacional Corcovado y las cercanías de la Zona Protegida de Abangares plantea serios cuestionamientos sobre la legalidad e idoneidad de tales intervenciones".
La organización calificó de preocupante la inclusión del parque nacional en el proyecto, ya que indicaron que Corcovado desempeña un papel fundamental en la reducción de las actividades mineras en la Península de Osa. Puntualizan que el Parque Nacional Corcovado y la Zona Protegida Abangares se encuentran entre las áreas ecológicamente más sensibles del país y recordaron que cualquier forma de minería en estas áreas es ilegal.
Otro de los puntos señalados es el potencial del proyecto para fomentar actividades ilícitas. Agregaron que proyectos anteriores del GEF en otras regiones demostraron que los esfuerzos de formalización en zonas donde la minería es ilegal pueden legitimar actividades ilícitas.
Si bien los esfuerzos mundiales del GEF en apoyo del Convenio de Minamata sobre el Mercurio son encomiables, no deben dar lugar a violaciones de las leyes nacionales ni a la facilitación de actividades ilegales".
La Ruta del Clima puso además la lupa en que si bien el proyecto se centra en la reducción del mercurio, los proyectos anteriores del GEF revelaron que la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra también son problemas importantes asociados con la MAPE. Explicaron que en áreas como Crucitas, la degradación ambiental por la minería ilegal es severa y enfatizaron que la experiencia de las intervenciones del GEF en países como Ecuador y el Perú demuestra que, si bien los proyectos pueden reducir el uso de mercurio, pueden desplazar involuntariamente a los mineros a otros métodos nocivos, como el cianuro, que sigue causando destrucción ambiental.
Incluso después de la reducción del mercurio, las actividades mineras ilegales han persistido, causando daños a largo plazo a los ecosistemas. Sin un enfoque ambiental más amplio, este proyecto corre el riesgo de exacerbar estos problemas en lugar de resolverlos".
La organización no gubernamental destacó que la minería metálica está prohibida en Costa Rica y advirtieron que a diferencia de otros países donde la formalización puede reducir el daño ambiental, en Costa Rica se corre el riesgo de crear una plataforma para eludir las leyes nacionales.
El proyecto podría ser percibido como un apoyo a la minería ilegal en lugar de hacer cumplir las prohibiciones existentes".
La Ruta del Clima pidió al GEF aclarar el propósito e intención del proyecto Planet Gold en el país que se encuentra en estatus de "concepto aprobado". En detalle consultaron sobre el proceso de participación del programa con las comunidades locales e indígenas en las áreas afectadas, asegurando que se siga el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
Adicionalmente, sobre las salvaguardas ambientales y sociales mencionaron que, si bien reconocen las sólidas salvaguardas del GEF, piden información más específica sobre cómo se aplicarán para abordar las preocupaciones ambientales, particularmente en las áreas protegidas de Costa Rica.
Por último, solicitaron información sobre próximos pasos y oportunidades de participación.
Compartan los próximos hitos y las fases clave del desarrollo del proyecto, incluyendo cuándo la sociedad civil puede participar en consultas para proporcionar más aportes y comentarios. Es imperativo que todas las partes interesadas, especialmente las comunidades afectadas, tengan acceso a información completa y tengan voz en el proceso de toma de decisiones para este proyecto".
La Ruta del Clima amplió que la clarificación de las áreas de intervención reales, el propósito del proyecto y la coherencia con la legislación nacional son esenciales para proteger los derechos humanos, cumplir con las leyes nacionales y evitar daños ambientales.
Para concluir, instaron al GEF apoyar y alentar a países como Costa Rica, que han promulgado códigos mineros progresistas que priorizan la conservación del medio ambiente.
En lugar de socavar estos esfuerzos, el GEF debería promover iniciativas sostenibles que refuercen estos marcos legales, asegurando que Costa Rica continúe liderando la protección del medio ambiente".
La consulta va dirigida a varios funcionarios del GEF, entre ellos su director general, Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Costa Rica.
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