Cámaras afirmaron que PNUD "en una actitud prepotente y sin estudios propios" desacreditó la información oficial.
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Cámara de Insumos Agropecuarios (CIA) y Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agro insumos de Costa Rica (Asoagro) respaldaron los cuestionamientos planteados por el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal Porras, contra los estudios sobre agroquímicos en Costa Rica del Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En 2022 el PNUD publicó el informe de Uso Aparente de Plaguicidas en la Agricultura de Costa Rica. En el documento se asegura que los plaguicidas que se utilizan en el país son, en su mayoría, de alta peligrosidad, tanto para la salud humana como para el ambiente.
Se detalla además que Costa Rica tiene un alto uso de plaguicidas en la agricultura —que ronda en promedio los 34.45 kg de ingrediente activo por hectárea por año— lo que la ubica significativamente por encima del promedio de países americanos miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), pero también superior al uso que se da en otros países del continente que mantienen condiciones agrícolas similares a Costa Rica, tales como Colombia, Guatemala y Ecuador.
Desde el MAG y ahora las cámaras del sector que forman la Alianza para Sostenibilidad Agrícola (ASA), sostienen que ese estudio tiene carencias técnicas y metodológicas y que “inflaron” los datos de utilización de plaguicidas en el país.
La ASA afirmó que PNUD "en una actitud prepotente y sin estudios propios" desacreditó la información oficial del Estado costarricense elaborada por el Sistema Fitosanitario del Estado (SFE), única autoridad competente según la legislación nacional para emitir esta información.
De acuerdo con los reportes oficiales del SFE, entre los años 2017 y 2021 la agroindustria costarricense utilizó un mínimo de 8.89 kl de plaguicidas por hectárea (año 2021), y un máximo de 11.50 kg por hectárea (año 2019).
Tales valores, afirman las cámaras, se encuentran dentro de la norma para un país agrícola del trópico, pero muy alejada de las cifras que "maliciosamente el PNUD quiere venderle al mundo", con el consiguiente daño a la reputación de la agricultura costarricense y al país, afirmaron.
Carvajal Porras ha dicho que las deficiencias técnicas del estudio de PNUD obedecen principalmente a que partieron de un supuesto de que no se utilizaban productos agroquímicos en potreros.
El jerarca del MAG anunció que en los próximos días darán a conocer a la opinión pública un estudio realizado por la Secretaría Técnica Sectorial de este ministerio. En este se comprobó que el uso de agroquímicos en el país se encuentra dentro del consumo promedio, aseguró.
En un artículo de opinión publicado en este medio de comunicación, el Representante Residente de PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya Rodríguez, explicó que los datos oficiales del SFE toman el área total de pasturas dedicadas a la ganadería (el cultivo que ocupa, con gran diferencia, mayor número de hectáreas del país), asumiendo de manera equivocada que se utiliza la misma cantidad de plaguicidas en pasturas que en otros cultivos, como las hortalizas.
En contraposición, los estudios realizados por el PNUD, afirma, corrigen esta discrepancia al diferenciar los volúmenes utilizados en diversos tipos de cultivos. El programa de las Naciones Unidas utilizó un promedio ponderado de 1.4 kilos por hectárea para el área total de pasturas en el país. Así es como el total de plaguicidas usados por sector pasturas sí fue incorporado al cálculo.
De esta forma PNUD obtuvo un resultado del promedio del uso aparente por hectárea que considera la significativa diferencia entre el volumen de uso de plaguicidas de una hectárea de pasturas y de una hectárea de cultivo intensivo, puntualizó.
Por su lado, Jorge Cartín, Director de ASA, agregó que hay que tener precaución con este tipo de estudios ya que inciden en las decisiones políticas e institucionales a la hora de prohibir el uso de los plaguicidas, "necesarios para garantizar la calidad y la competitividad de la agricultura del país".
