El debate público sobre la necesidad de implementar una regulación estricta para el uso de plaguicidas en Costa Rica ha llegado a un punto crucial de toma de decisiones. Durante años, Costa Rica (aunque otros países de la región no escapan de esta realidad), ha pospuesto la adopción de prácticas agropecuarias más sostenibles, y ahora el país enfrenta las consecuencias de ello.
En los últimos tiempos, las denuncias de comunidades afectadas por el uso excesivo de plaguicidas han aumentado, evidenciándose en la contaminación de sus fuentes de agua y los ecosistemas circundantes. Además, varios especialistas han venido advirtiendo durante décadas sobre el consumo desmedido de estos químicos en la agricultura nacional.
Ante esa tesitura y al amparo del mandato de cooperación internacional que nos rige, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica ha tomado la iniciativa de generar datos y evidencia científica, con la finalidad de proporcionar a las personas responsables de la toma de decisiones información sólida para orientar el desarrollo de políticas pertinentes.
Según las últimas estadísticas oficiales disponibles a nivel global, Costa Rica es uno de los principales consumidores mundiales de plaguicidas per cápita (6to. en 2021, 4to. en 2020, y 5to. en 2019, entre un total de 196 países). Si bien estas estadísticas son alarmantes y reflejan un uso excesivo de carga química, también es cierto que no permiten evidenciar que la carga de plaguicidas es aún más alta en el caso de los cultivos que no corresponden a pasturas, como es el caso de las hortalizas.
Los datos son claros y contundentes: Costa Rica ha tenido un consumo promedio de plaguicidas de 34.45 kilos por hectárea durante los años 2012-2020. Este dato es superior al del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del 2020 de entre 9.96 y 11.50 kg /ha para años 2017-2019. Utilizando datos de FAOSTAT, el uso aparente de Costa Rica (incluso cuando calculado con el método del SFE) supera el de otros países. Esto coloca al país entre los mayores consumidores mundiales de plaguicidas por hectárea, por encima de países con condiciones agrícolas y climáticas similares como Colombia o Panamá.
La metodología empleada en los estudios del PNUD, basada en información oficial del SFE, ha permitido corregir una subestimación histórica en los datos oficiales. ¿En qué consiste esta mejora en la metodología de cálculo empleada por PNUD? En primera instancia, es importante aclarar que los datos oficiales del SFE toman el área total de pasturas dedicadas a la ganadería (el cultivo que ocupa, con gran diferencia, mayor número de hectáreas del país), asumiendo de manera equivocada que se utiliza la misma cantidad de plaguicidas en pasturas que en otros cultivos, como las hortalizas. En contraposición, los estudios realizados por el PNUD corrigen esta discrepancia al diferenciar los volúmenes utilizados en diversos tipos de cultivos. PNUD utilizó un promedio ponderado de 1.4 kilos por hectárea para el área total de pasturas en el país. Así es como el total de plaguicidas usados por sector pasturas sí fue incorporado al cálculo. De esta forma PNUD obtuvo un resultado del promedio del uso aparente por hectárea que considera la significativa diferencia entre el volumen de uso de plaguicidas de una hectárea de pasturas y de una hectárea de cultivo intensivo. La metodología utilizada, así como estos detalles, están disponibles públicamente. El siguiente enlace contiene un
Los datos del estudio Uso Aparente de Plaguicidas publicado en el año 2022 son útiles para nutrir posibles políticas públicas que busquen revertir las afectaciones a las que están expuestas tanto las personas productoras como las comunidades rurales y periurbanas donde la agricultura, en pequeña, mediana o gran escala, es la principal actividad económica. Además, sirven para evidenciar el potencial daño reputacional del país frente a los mercados internacionales, como lo evidenció el caso ocurrido en marzo de 2023. En esa ocasión, cargamentos de melón costarricense exportados a Alemania contenían ocho veces más residuos del fungicida clorotalonil del límite permitido, lo que resultó en su rechazo en el mercado europeo.
Recientemente revelamos resultados de muestreos de calidad de aguas y análisis químicos realizados en el 2022 y 2023 en la Cuenca Binacional del Río Sixaola, en asocio con el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA). Estos estudios evidencian rastros de 33 plaguicidas en la Cuenca, incluyendo en la Laguna Gandoca, un Área Silvestre Protegida.
Algunos de los plaguicidas detectados están catalogados como altamente peligrosos y son de venta restringida en algunos países.
El PNUD se complace en que la información que generamos esté siendo utilizada por la Asamblea Legislativa en el debate sobre el proyecto de Ley para la Regulación de Plaguicidas Altamente Peligrosos para la Salud y el Ambiente (expediente No, 23.783) presentado por legisladores y legisladoras de diversas fracciones. Esta iniciativa va en línea con la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la competitividad comercial del país. Destaca por su enfoque en ofrecer soluciones al sector agropecuario para la transición, mediante el apoyo a la investigación, la asistencia técnica en agricultura sostenible y el uso de tecnologías y métodos alternativos para el control de plagas.
Existen testimonios de productores que han logrado mantener su competitividad y aumentar sus ingresos al exportar productos con bajas cargas químicas. Estos relatos se encuentran disponibles en las páginas oficiales del PNUD, donde se resalta el seguimiento de criterios agronómicos actuales para una producción con menor carga química y un manejo integrado de plagas. Esto beneficia tanto al empleo rural como a la salud de los ecosistemas.
Costa Rica ha firmado, adherido o ratificado los principales acuerdos multilaterales ambientales, con el fin de proteger la salud humana y la de los seres vivos, los bienes y servicios ambientales de cada país con respecto a las emisiones y liberaciones de sustancias químicas que tienen efectos globales. Estos acuerdos constituyen una fuente importante de derecho ambiental internacional y contribuyen a la generación de políticas en cada país. Conforme asume mayores compromisos ambientales, el país ha venido desarrollando mejores marcos políticos y legislativos, para establecer la institucionalidad necesaria para velar por la protección de ecosistemas y la biodiversidad, cumpliendo con estándares internacionales para mantener la competitividad en el comercio internacional de productos agroalimentarios.
Costa Rica no debe temer a iniciar esta importante discusión. En línea con su compromiso de colaboración estrecha con los países en desarrollo, el PNUD reafirma su disposición de proporcionar el apoyo técnico necesario. De esta forma, el país puede atreverse a cambiar un paradigma en el que pocos se benefician y muchos resultan afectados. Las nuevas regulaciones de los mercados internacionales, como la Unión Europea, subrayan la urgencia de acelerar esta conversación. Además, comunidades que han visto seriamente afectadas sus fuentes de agua potable también hacen un llamado a la acción.
En este sentido, hacemos un llamado respetuoso a todos los actores involucrados a debatir sobre la base de la ciencia y la técnica, con datos fidedignos y el bienestar común como criterio fundamental.
La divulgación de estos datos contrastados puede resultar incómoda para algunos; sin embargo, cada vez resuenan más aquellas múltiples voces que con la información de estos estudios, están generando propuestas y exigiendo transformaciones hacia formas de producción que permitan mantener la competitividad del país, a la vez que aseguran el agua para el futuro y la conservación de la biodiversidad.
La labor de generar información veraz que contribuya a la búsqueda de soluciones nacionales seguirá estando en el centro de la cooperación del PNUD.
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