Ambas instituciones discrepan sobre quién debe aplicar y actualizar el Registro de Información Social (RIS) del SINIRUBE.

La Defensoría de los Habitantes facilitó un proceso de diálogo entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por un desacuerdo existente sobre a quien le compete la actualización de la información socioeconómica de la población en condición de vulnerabilidad que requiere servicios de salud.

En la sesión de trabajo participaron el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, y la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleni León, así como sus equipos técnicos.

Por un lado, el IMAS indica que la CCSS adoptó la práctica de remitir a sus oficinas a las personas solicitantes de servicios bajo su competencia (particularmente aquellas relacionadas con el programa de pensiones del régimen no contributivo y el aseguramiento por cuenta del Estado), con el propósito de que el IMAS proceda con la aplicación o actualización del Registro de Información Social (RIS) del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE). Esto a pesar de que la CCSS cuenta con pleno acceso de actualizar directamente dicha gestión en esa plataforma. Para el IMAS, este proceder de la CCSS resulta contrario a la legalidad pues mediante disposiciones reglamentarias internas de la Caja se han traslado al IMAS una carga institucional que el legislador no previó.

El IMAS manifiestó que la Sala Constitucional ha sido clara en sostener que ninguna autoridad administrativa puede imponer requisitos adicionales a los previstos por ley. La institución centra su preocupación en la lesión a las personas usuarias, al ser remitidas al IMAS para la obtención de una cita exclusiva de aplicación y/o actualización de la RIS.

Para la CCSS, esta labor de llenar o actualizar este tipo de información está fuera de su competencia, porque no es una institución que puede definir quién está o no en la línea de pobreza y además, no hay recursos que se otorguen a la fecha para esta labor.

El problema se viene presentando desde el año 2021 pero se ha agravado en los últimos meses, detalló la Defensoría en un comunicado a la prensa.

En la primera sesión de trabajo convocada por la Defensoría de los Habitantes, se llegaron a los siguientes acuerdos.

  • La CCSS atenderá las más recientes denuncias recibidas en la Defensoría por el diferendo entre instituciones.
  • Se emprende un proceso de diálogo con plazo definido entre la CCSS y el IMAS con mediación de la Defensoría, para definir responsabilidades en la aplicación y actualización de la RIS.
  • Se convocará al proceso de diálogo a SINIRUBE, Ministerio de Hacienda y DESAF.
  • En un mes, la CCSS comunicará su análisis sobre si participa o no en la aplicación y actualización de la RIS.
  • En un mes, la CCSS comunicará lo analizado en materia de valoración de la reforma a sus reglamentos internos que le asignan responsabilidades al IMAS en esta materia.
  • Durante el siguiente mes, mientras la CCSS analiza si participa en la aplicación y actualización de la RIS de personas vulnerables que solicitan sus servicios, el IMAS acepta realizar dicha labor en favor de esas personas.