Ministra y presidente dijeron que proyecto no "elimina controles", pero el texto sí lo hace.

La jerarca de la Contraloría General de la República, Marta Acosta Zúñiga, alertó este miércoles que el proyecto de ley presentado por el presidente de la República ante la Asamblea Legislativa, denominado "Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica", se centra "casi por completo" en afectar las competencias y funciones del ente fiscalizador de la Hacienda Pública.

En un comunicado de prensa enviado esta tarde, tras conocerse el contenido del proyecto presentado por Chaves ante el Congreso, y casi en simultáneo por el esposo de la diputada Pilar Cisneros Gallo ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para impulsarlo por la vía ciudadana, Acosta Zúñiga afirmó que "el tema merece un análisis de fondo sobre sus efectos e impacto, y, como es habitual en la Contraloría General, lo haremos con la profundidad y responsabilidad que amerita".

Lo que sí es evidente, es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses".

Acosta afirmó que principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, a las cuales calificó de conquistas significativas de la sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública.

Como ha sido la norma en los argumentos del Presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría General, así como con ataques alevosos a mí como Contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica".

La ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado afirmó en conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno de este miércoles que "no se está atacando la Contraloría, aquí no se está buscando bajar o eliminar controles, aquí no se está impulsando un debilitamiento de fiscalización o del control interno, cuidado con interpretar eso". Sin embargo, contrario a lo dicho por la ministra, el comparativo de la ley actual versus lo que pasaría si el proyecto se aprueba es claro en que sí hay un deterioro de las competencias y funciones de la Contraloría. 

Por ejemplo el Ejecutivo pretende que en el artículo 11 de la Ley de la CGR, el cual se refiere a la finalidad del ordenamiento de control y fiscalización superiores, se pase de decir que los fines primordiales del ordenamiento contenido en esa ley son el de "garantizar la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos...", en ese orden, a decir que la finalidad será la de "garantizar la eficiencia de los controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos públicos...".

Presidencia justificó esa reforma, que a simple vista parece menor, indicando que es necesario que la labor de la Contraloría "se enfoque en garantizar la eficiencia de los controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos públicos", según Zapote, para fortalecer a la institución y dejar "en claro" los roles que le corresponden a la administración activa.

También se reformaría el artículo 12 de la ley para imponerle una camisa de fuerza y limitar su capacidad de fiscalización, prohibiéndole "sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”, así como prohibiéndole sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, y prohibiéndole evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa.

La siguiente reforma le cercenaría a la Contraloría General de la República su posibilidad de realizar prevenciones y dictar instrucciones y órdenes cuando esté ejerciendo su control de eficiencia de la administración, contenido en el artículo 17 de su ley.

Además, la reforma propuesta al artículo 22 de la Ley de la Contraloría le impediría ordenar la suspensión de actos y contratos del Estado o de sus instituciones, una medida que la Contraloría ya ha adoptado en este Gobierno al cuestionar contrataciones irregulares entre instituciones públicas con el Sinart.

"En ningún caso el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso", dice el párrafo propuesto que se añadiría al final del artículo 22 en cuestión y que hoy habilita al ente fiscalizador de la Hacienda pública a instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio, así como realizar investigaciones especiales cuando lo soliciten los órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa o cuando lo soliciten conjuntamente al menos cinco diputados.

Por otro lado se propone reformar el artículo 7 de la Ley de Control Interno estableciendo que el trabajo de la Contraloría solamente podrá ser "a posteriori" de las actuaciones administrativas, es decir, eliminando el control previo que puede hacer el ente auxiliar del Congreso.