CGR giró ordenes a BCR, BP, INS, IFAM, Procomer, Banca para el Desarrollo y Ministerio de Cultura

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó este lunes 20 de noviembre a siete instituciones públicas finalizar los contratos suscritos con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Así lo reveló la jerarca del ente fiscalizador de la Hacienda Pública, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, en audiencia ante la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre las contrataciones del Sinart, quien adelantó que si bien el proceso de investigación no está concluido y no puede adelantar criterio, las órdenes giradas este lunes sí eran de conocimiento público.

Según consta en el informe DFOE-GOB-0498, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza de la Contraloría ordenó a Fernando Víquez Salazar, presidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica; a Shirley González Mora, presidenta de la Junta Directiva de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal Sociedad Anónima; y a Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros a finalizar los contratos suscritos con el Sinart.

Esos contratos, que constan en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) refieren a la contratación de pauta y producción en medios masivos como radio, televisión y plataformas digitales (Banco de Costa Rica); divulgación de pauta en el Sinart para divulgar los beneficios, servicios y productos de Popular Pensiones (OPC del Banco Popular); y servicios de publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación (Instituto Nacional de Seguros).

Según el documento, del resultado del análisis de esos tres carteles se concluyó que en todos los procesos de contratación pública hay ausencia de elementos esenciales como la definición de las necesidades públicas que motivaron las contrataciones, "y en consecuencia los contratos suscritos presentan indeterminación en el objeto contractual, es decir se presenta una deficiente definición del para qué se contrata y qué se obtendrá a cambio del precio, con un detalle que permita luego determinar si la prestación fue o no cumplida a satisfacción, con lo cual se producen graves incumplimientos al ordenamiento jurídico..."

La Contraloría agregó que del análisis realizado en esos tres casos concretos se concluyó que en los tres se omitió realizar los estudios de mercado pues en los expedientes administrativos que constan en SICOP, único medio para tramitar contratos, no se encuentran incorporados en los distintos apartados, ni referenciados en los respectivos contratos.

La omisión de este requisito esencial tiene una afectación directa en la decisión de cada Administración para seleccionar a SINART S.A., pues los estudios de mercado permiten determinar la existencia de las mejores opciones del mercado en la relación calidad - precio y los sujetos con mayor experiencia demostrada para la satisfacción de la necesidad pública, ya que en ellos se analiza a los potenciales agentes públicos y privados, que sean idóneos y se obtienen elementos indispensables para exponer, de forma motivada, las razones por las cuales se escoge contratar al agente público.

Además de ordenar a los jerarcas mencionados el finalizar las relaciones contractuales señaladas con el Sinart, la Contraloría les advirtió que "para futuras contrataciones en las que se pretenda el uso de las excepciones reguladas en el artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública deberá asegurar la observancia de los requisitos generales y específicos dispuestos en la ley y el reglamento, así como una interpretación restrictiva y la priorización del principio constitucional de licitación".

La finalización de esos contratos con el Sinart deberá llevarse a cabo, y ser notificada a la Contraloría, a más tardar el 20 de diciembre de este año.

En el segundo informe, el DFOE-GOB-0499, la Contraloría giró instrucciones idénticas a Francisco Gamboa Soto, presidente ejecutivo del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD); Jorge Ocampo Sánchez, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra del Ministerio de Cultura y Juventud y Manuel Tovar Rivera, presidente de la Junta Directiva de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Esos jerarcas de igual forma deberán finalizar los contratos con el Sinart y notificarle el cumplimiento de la orden a la Contraloría a más tardar el 20 de diciembre próximo.

Para estas cuatro instituciones la CGR constató que en sus contratos con el Sinart "no consta el cumplimiento y acreditación de los requisitos generales y específicos exigidos por la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, que a su vez son la materialización del propósito de la nueva ley vigente que busca priorizar el principio constitucional de licitación pública y que al acudir a las excepciones contempladas en el nuevo ordenamiento de contratación pública se garantice su uso como tales, de forma que se evite caer en la práctica del empleo indiscriminado de los supuestos de excepción".

Específicamente la Contraloría señaló que los cuatro contratos carecían de la realización de un plan de medios; las contrataciones del SBD y Procomer presentan un objeto contractual indeterminado por cuanto se señala que será la institución la que en la fase de ejecución indique los mensajes a comunicar, mientras que en el caso de la contratación realizada por el IFAM, del mensaje que se pretende difundir la Contraloría concluyó que no se deriva que refiera a un “mensaje relacionado con la gestión institucional, directamente vinculado con avisos al público en relación con el servicio” conforme al reglamento de la Ley vigente.

Además la Contraloría señaló que no consta en los documentos que integran el expediente administrativo en Sicop la indicación expresa de la necesidad pública (artículo 4 inciso b) de la Ley y su reglamento); de modo que dicha omisión "impacta negativamente no sólo la determinación del objeto contractual sino también el resto de los requisitos generales y específicos indispensables para la verificación de la correcta procedencia de la excepción e incluso del debido cumplimiento en las subsiguientes fases".

"Ha sido desafortunada la gestión en algunos aspectos"

Durante su audiencia en la comisión legislativa, Marta Eugenia Acosta Zúñiga recordó que por años la Contraloría le ha rechazado presupuestos extraordinarios al Sinart por incumplir reiteradamente las disposiciones que rigen la materia.

Más recientemente, dijo, el rechazo de los presupuestos extraordinarios del 2023 se debió a violaciones al principio de plurianualidad:

Para estas gestiones el análisis de plurianualidad es fundamental. Su ausencia impide administrar el impacto en objetivos, metas de mediano y largo plazo, asegurar la sostenibilidad y la continuidad de los servicios públicos. Producto de la no incorporación de 517,7 millones en la certificación de gastos no ejecutados, se desprende que el SINART ejecutó dichos recursos sin la aprobación de la CGR, por lo cual se inició una investigación de oficio.

Acosta afirmó además que en sus más de 10 años como jerarca de la Contraloría, nunca había visto ninguna solicitud de presupuesto extraordinario que aumentara en 71% el presupuesto inicial de una institución pública, como lo planteó Sinart en los presupuestos extraordinarios dos y tres por 4150.2 millones de colones.

En total la Contraloría está investigando 109 contrataciones por entes de derecho público con el Sinart; 71 de ellas durante el 2022 y 38 de ellas durante 2023.