En setiembre anterior Costa Rica se convirtió en el segundo país en firmarlo.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa el expediente de ley 24373 con el objetivo de ratificar el “Acuerdo marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”, conocido como BBNJ, que se aprobó en las Naciones Unidas en 2023.

Este instrumento fue adoptado luego de casi 20 años de negociaciones. En setiembre anterior Costa Rica se convirtió en el segundo país en firmarlo y en ese momento cancillería lo calificó como "un hito relevante para salvar el océano". Agregaron:

Costa Rica ha reiterado la importancia de movilizar los fondos necesarios con el fin de proporcionar una base sólida para su implementación, con una visión basada en datos científicos de manera que se fomenten investigaciones marinas, especialmente en las zonas que necesitan protección para garantizar que no sean dañadas antes de poder protegerlas".

A la fecha 87 países lo han firmado, pero solo ha sido ratificado por Belice, Chile, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palau y Seychelles.

Con la presentación del proyecto de ley, ahora las diputaciones de la Asamblea Legislativa deberán darle trámite y la respectiva votación.

¿Qué dice el Acuerdo?

El Acuerdo tiene como objetivo garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, un espacio que abarca más de dos tercios de los océanos del planeta.

En cuatro puntos la ONU explicó que el instrumento:

  • Creará un marco para la distribución justa y equitativa de los posibles beneficios derivados de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos y la secuenciación digital de los mismos en aguas internacionales, garantizando que dichas actividades beneficien a toda la humanidad.
  • Permitirá establecer mecanismos de explotación por zonas, como las áreas marinas protegidas, a fin de conservar y administrar de forma sostenible las especies y los hábitats de alta mar en las zonas internacionales de los fondos marinos.
  • Garantizará la evaluación y el examen del impacto medioambiental de las actividades realizadas en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales. También establecerá un marco jurídico internacional para la evaluación de los impactos en las actividades y sus consecuencias relacionadas con el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros efectos conexos en alta mar.
  • Facilitará el logro de las condiciones y la transferencia de tecnología marina necesaria para ayudar a las Partes a alcanzar los objetivos del Acuerdo, en particular a los Estados en desarrollo.