Exigieron al Estado Costarricense que se devuelvan las áreas del Refugio Gandoca-Manzanillo que se han usurpado.

Organizaciones ambientales y locales del Caribe Sur solicitaron al Estado detener de forma la violencia contra la naturaleza en Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo.

El llamado se realiza luego de que se diera a conocer la tala irregular de árboles en una propiedad ubicada en Manzanillo de 3,5 hectáreas de superficie. Tras esto el pasado 16 de mayo el ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach Capra, confirmó que sí hay permiso para cortar los árboles y fue debidamente otorgado por el Área de Conservación Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Aclac-Sinac) con su sede en Talamanca.

Esto dio pie a que presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, justificara que en su administración iba a priorizar "el balance de la sostenibilidad", por lo que no van a destruir el "tesoro nacional en la costa sur de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con eso” y continuó diciendo que "ni grandes hoteles cinco estrellas, ni dejárselo a los monitos".

Días después, sin embargo, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental indicó que el permiso de tala de 122 árboles fue otorgado por el Sinac, a pesar de que formaba parte de un territorio que debió ser devuelto al Refugio de Vida Silvestre. La propiedad que es talada forma parte de 188 hectáreas que debieron ser reintegradas antes de julio de 2020 al refugio según ordenó una sentencia de la Sala Constitucional en 2019.

Esta situación llegó a la Asamblea Legislativa, donde la fracción del Frente Amplio mostró su molestia. El diputado Ariel Robles Barrantes envió pruebas al Ministerio Público, con las que busca alegar que al menos un 20% de los terrenos de donde se dieron permisos de tala están en zona marítimo-terrestre y en lugares donde hay nacientes. Además, el frenteamplista pidió a la Fiscalía que se investigue a funcionarios del Sinac y de la Municipalidad de Talamanca por la poca fiscalización y la aprobación de la tala.

En ese contexto este 29 de mayo organizaciones regionales emitieron un pronunciamiento para solicitar la recuperación del Refugio y la protección de los bosques costeros y los humedales del litoral costarricense.

De cara a generaciones presentes y futuras, declaramos nuestra intención de sostener una lucha activa por el respeto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua limpia y potable, y al más adecuado reparto de la riqueza consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica".

En el documento exigieron al Estado Costarricense que se devuelvan las áreas del Refugio Gandoca-Manzanillo que se han usurpado y violentado con la ley 9223 y la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca; y que se delimiten y reincorporen las 188 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en 2019.

También solicitaron que se establezca una moratoria al otorgamiento de permisos de tala, extracción, aprovechamiento, y construcción, o que autoricen cualquier tipo de destrucción o cambio de uso de suelo de los humedales, bosques y otros ecosistemas hasta que se delimiten, zonifiquen y ordenen correctamente estos espacios.

Además que los territorios de Patrimonio Natural del Caribe Sur sean intervenidos con prontitud para regenerar los humedales, bosques y otros ecosistemas

Las agrupaciones pidieron que los funcionarios que hayan realizado actos de corrupción sean identificados y acusados con todo el peso de la ley y no puedan seguir trabajando en asuntos relacionados al refugio ni con un cargo de injerencia pública, en el ámbito de la conservación o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

En esta vía buscan que se investigue e intervenga el Aclac-Sinac por delitos de corrupción y contra la Hacienda Pública.

Asimismo, llamaron a que  la Fiscalía y la Procuraduría gestionen de manera inmediata las medidas cautelares necesarias ante los órganos judiciales correspondientes con el fin de detener de manera inmediata el robo de los espacios públicos y del Patrimonio Natural de los costarricenses. Al tiempo que se cumpla la Ley de Zona Marítimo Terrestre, la legislación ambiental y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica.

El documento fue suscrito por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Kekoldi, Covirenas Caribe Sur Puerto Viejo, Movimiento Cahuita Unida, Colectivo Comunitario Talamanca Siempre, entre otras. Estas agrupaciones  inviaron a las personas, entidades, y asociaciones a sumarse al pronunciamiento a través del siguiente enlace.

Esta tala de árboles se registra mientras el Gobierno y la Municipalidad de Talamanca han impulsado un cuestionado plan regulador. Este instrumento señalado debido a que no se había realizado una debida consulta previa con los habitantes indígenas de Kéköldi, que podrían estar impactados indirectamente por el plan. Esto llevó a la Sala IV a anular la audiencia pública en la que la Municipalidad había presentado su propuesta de plan.

Por otro lado, la Municipalidad de Talamanca deberá solucionar una serie de dudas como la falta la demarcación de humedales, delimitación del Refugio de Vida Silvestre, el abastecimiento de agua potable y la gestión de residuos, entre otras.

Al respecto, el día de ayer vía correo electrónico, la oficina de prensa del Minae indicó que el ministro Tattenbach Capra sostiene que los permisos de aprovechamiento forestal, fueron dados  de acuerdo a la ley y la normativa, pero ordenó una investigación profunda de este caso, con el objetivo de estar seguros de que tanto los particulares que solicitaron el permiso ante la administración forestal del Estado, como los funcionarios que otorgaron los permisos correspondientes, hayan actuado acorde con a la ley.