Oposición de magistradas atrasa cambio de plataforma para transmitir sesiones de la Corte.
Un grupo de magistradas de la Corte Suprema de Justicia cuestionó que la administración decidiera actualizar los equipos para transmitir en vivo las sesiones de Corte Plena y pasar de transmitir dichas sesiones de la plataforma Vimeo/Livestream a YouTube, tal y como lo hacen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral.
Así quedó plasmado en la sesión de Corte Plena de ayer lunes 20 de mayo, luego de que la secretaria de la Corte Plena, Silvia Navarro Romanini informara que entre el 20 y el 25 de mayo se realizaría la actualización del equipo TriCaster de la empresa NewTek, empleado para la grabación y transmisión de las sesiones, pues este había caído en obsolescencia, entre otras razones.
A diferencia de los otros poderes del Estado, el Judicial transmite sus sesiones en Vimeo/Livestream y lo hace a una resolución de 288p, un estándar que data de inicios de los años 2000 para la televisión de baja resolución, lo que afecta la calidad de la imagen de las transmisiones y hace muchas veces imposible, por ejemplo, distinguir texto cuando se presenta alguna diapositiva o documento en la transmisión. La Asamblea Legislativa y Casa Presidencial emplean YouTube y transmiten en vivo a una resolución de alta definición de 1080p.
Durante la sesión de este lunes, Iris Rocío Rojas Morales, magistrada de la Sala Primera y quien en el año 2020 sugirió intervenir las comunicaciones de periodistas para dar con la identidad de sus fuentes judiciales, cuestionó si el cambio traía aparejadas "mejoras" en los sistemas de votación de la Corte, ante lo cual Navarro tuvo que explicarle que el sistema de transmisión y el de votación no tienen relación alguna.
Pese a ello la magistrada insistió en que tenía "algunas reservas porque YouTube es de acceso mundial y ya sabemos que con Inteligencia Artificial y con una grabación nuestra muy corta es posible doblar la voz y la imagen, etc. Entonces está bien que dentro de la transparencia nosotros estemos interesados en que la persona que quiera seguir las sesiones de Corte, pero también hay un tema de seguridad involucrado, entonces yo quisiera saber si esos aspectos de seguridad fueron valorados".
"Estamos expuestos a que nuestra voz, nuestra imagen pueda tener un alcance que ahora no tiene, que es público pero que no tiene, entonces yo quisiera que me explicaran la seguridad desde el punto de vista de lo que nosotros generamos (sic.)".
Pese a que el presidente de la Corte Plena, Orlando Aguirre Gómez le explicó a Rojas que la Asamblea Legislativa usa YouTube, la magistrada negó que exista equivalencia porque "la Asamblea Legislativa produce leyes, son legisladores que tienen control político; un grupo de nosotros suscribe una sentencia, no es lo mismo un juez, aquí somos órgano administrativo pero al mismo tiempo somos la máxima jerarquía de la Corte, entonces la seguridad de nuestro trabajo en sentencias, etc. con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, a mi me preocupa porque quedaríamos expuestos a nivel mundial si estamos en YouTube, y yo creo que este paso no se puede dar sin que antes alguien no haga un examen de seguridad y por eso yo me estaría oponiendo".
Posteriormente Rojas reconoció que la plataforma que actualmente usa la Corte es pública pero señaló como "positivo" el hecho de que éste tenga como dificultad "localizar la dirección electrónica para ingresar", algo que entorpece el trabajo de la ciudadanía y de la prensa de poder enterarse de los acontecimientos de la Corte Plena.
Sumada a la mala calidad de imagen de la transmisión, el sistema que emplea la Corte hasta la fecha carece de la herramienta de subtitulado automático como medida de accesibilidad para personas con discapacidad, como sí lo tienen plataformas como YouTube o Facebook Live. La Corte, tampoco, cuenta con intérprete de LESCO en sus transmisiones.
La magistrada Rojas pidió un estudio técnico "de los órganos de ciberdelincuencia" del Poder Judicial que inclusive les diga si deben o no continuar con las sesiones en vivo "en esta situación histórica" y hasta señaló que el carácter público de las sesiones se garantiza con que las personas puedan ir al auditorio donde sesionan los magistrados.
"Nosotros lo hablamos y lo aprobamos como una medida de transparencia, pero si eso puede dar lugar a una situación de inseguridad porque resulta que la voz y los gestos de nosotros y nuestra imagen expuesta de esa manera... (...) habría que revisar si en el estado actual de las cosas lo más conveniente desde el punto de vista de seguridad para el Poder Judicial... igual las sesiones pueden ser públicas (...) la publicidad está, la audiencia es pública, aquí puede venir el público que quiera, podríamos facilitarlo, pero también me parece que debe ser un ambiente controlado, no tirado a nivel mundial, me preocupa lo que no podamos controlar, y lo que se pueda hacer con eso, entonces por razones de seguridad y de imagen de este Poder Judicial quisiera ese estudio técnico de previo a cualquier transición", dijo la magistrada.
Roger Mata Brenes, director de despacho de la Presidencia de la Corte desestimó las preocupaciones de la magistrada recordando que las posibilidades tecnológicas actuales permiten tomar la imagen de cualquiera de los magistrados desde cualquier medio y manipularla, además de que el cambio de las transmisiones hacia YouTube permite un ahorro económico y que su imagen ya está publicada en el canal de la Corte en esa plataforma debido a las publicaciones de las actividades que se hacen en ese poder.
Mata Brenes advirtió a los magistrados que si optan por no transmitir las sesiones de la Corte Plena deberán replantearse, además, su participación en eventos públicos pues allí también podría capturarse su imagen y voz para ser manipulada.
"Si esta Corte así lo estima se puede pedir el informe, ya nos dirán la posibilidad que tenemos o no de tutelarlo de la manera en que se está planteando. En caso de salir el informe [que] no es conveniente y se desee ya no transmitir las sesiones, pues esta misma preocupación deberíamos llevarla a todas las actividades donde participan magistrados, me refiero a todos los actos públicos que se realizan, los actos que se realizan de Estado donde participen los magistrados porque la preocupación sigue siendo, en la base, la misma: siempre la imagen va a estar accesible a través de la web o de cualquier otro lugar".
Alonso Mata Blanco, asesor de la presidencia de la Corte recalcó las palabras de Mata Brenes e insistió en que hoy cualquier persona puede hacer deepfakes de los magistrados porque Livestream (la plataforma que usan hoy), está en Internet.
"Cualquier persona podría utilizarlo [Livestream] y hacer el deepfake, eso una vez está en Internet, cualquier persona puede hacerlo. Sobre ese tema, nadie tiene control. Al pasarnos a YouTube la situación va a ser similar, va a ser igual, sin embargo, tendríamos mucho más acceso, más facilidades para transmitir los temas de Corte, y es la misma plataforma que están utilizando todas las instituciones públicas y a nivel mundial", declaró Mata Blanco.
Pese a ello la magistrada Rojas insistió en que si bien ella votó en su oportunidad a favor de la transmisión de las sesiones de la Corte Plena, había "nuevas amenazas" que no fueron contempladas en aquel momento y que era necesario tomar medidas que garantizaran "ambas cosas". De seguido, procedió a despotricar contra la actualización de los sistemas de transmisión de la Corte, señalando que el sistema de votación que emplean presenta muchas fallas:
"A mi me parece increíble que estemos mejorando la versión hacia afuera, pero hacia adentro mantengamos los mismos retrasos que nos mantienen ineficientes, que resulta que no se pueden votar, que cuatro veces nos dicen que salgamos del sistema porque no se puede hacer una votación, y yo quiero levantar mi voz contra eso: no puede ser que tengamos un sistema que nos está retrasando tanto y eso no sea prioridad, porque está afectando la continuidad del servicio, lo que estamos proyectando es un servicio absolutamente ineficiente", agregó.
El magistrado Jorge Leiva Poveda de la Sala Primera rechazó la posición de Rojas y dijo que el Poder Judicial debe avanzar a la mayor cantidad de difusión y de audiencias posibles, inclusive en las plataformas más populares, además de señalar que el definir en cuál plataforma transmitir era una decisión de discrecionalidad política y no técnica.
"Si a bien lo tienen decidir retrasar esta decisión para recibir un informe de la Comisión de Ciberseguridad, yo creo que no es necesario, pero si así fuera, rogaría que se ponga un plazo corto porque la imagen de nosotros como jerarquía del Poder Judicial pasa por acceder a la gente en una plataforma donde la gente vea lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando de lunes a lunes, en procura del buen trabajo del Poder Judicial y de Costa Rica".
Jorge Leiva Poveda, magistrado de la Sala Primera, fue el único que se expresó en la sesión apartándose de la posición negativa hacia las sesiones en vivo de la Corte.
Por su parte la magistrada Sandra Zúñiga Morales de la Sala de Casación Penal secundó la posición de la magistrada Rojas y dijo que este era un momento oportuno para que las magistraturas dialogaran no solo sobre ciberseguridad, sino también sobre la seguridad de las transmisiones.
"Estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que tener una gestión totalmente transparente, sin embargo, la transparencia no es necesariamente sinónimo de transmisión en vivo, desde que tengo recuerdo las sesiones de Corte Plena siempre han estado a disposición de la ciudadanía a través de las actas de Corte y hay un sitio dentro de nuestra página donde cualquiera puede consultarlas, así que me parece que no hay una afectación en ese sentido", dijo.
Dato D+: A la fecha de publicación de esta noticia, la última acta de Corte Plena era del 22 de abril. Asimismo, y a diferencia de las actas de las sesiones de Asamblea Legislativa que están listas un día después de realizada cada sesión, las actas de la Corte Plena no son transcripciones literales, sino parafraseos de las sesiones.
Mientras tanto Patricia Solano Castro, magistrada de la Sala Tercera también expresó respaldo a las manifestaciones de Iris Rocío Rojas y dijo que quienes estaban ligados a la materia penal conocían detalles sobre la seguridad propia de los altos jueces y que así como se preocupaban de la seguridad del personal judicial, ellos eran la cara visible del Poder Judicial.
"Si el ya estar aquí nos restringe la vida personal en cuanto a los lugares que vamos y a las actividades que realizamos con ocasión de las funciones... y no es que se diga 'diay, usted asumió el cargo, soporte los riesgos que tiene', no, creo que también hay un tema y en esto coincido con doña Sandra que transparencia no equivale a inseguridad o exposición, porque todo nuestro quehacer está publicitado".
También se sumó a la posición de Iris Rocío Rojas la magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez, quien dijo que el Poder Judicial no ha tenido problemas de transparencia con el sistema viejo y advirtió que existe normativa interna que señala que cualquier cambio que se haga en informática debe contar con el visto bueno del Comité Gerencial de Informática de la Corte, y que si no se había hecho debía cumplirse con ese requisito.
Finalmente el presidente de la Corte dispuso dar un plazo de 15 días para que la Comisión de Ciberseguridad y el Comité Gerencial de Informática rindan los informes solicitados durante la sesión.
De izquierda a derecha: Iris Rocío Rojas y Damaris Vargas Vásquez, magistradas de la Sala Primera; Patricia Solano Castro y Sandra Zúñiga Morales, magistradas de la Sala Tercera, quienes expresaron oposición a la transmisión de las sesiones de Corte Plena.
Esta noticia fue corregida a las 19:20 horas del 21 de mayo de 2024 para precisar que el magistrado Jorge Leiva pertenece a la Sala Primera y no a la Segunda como inicialmente se consignó.
