Diputada presentó medida cautelar alegando violación de derechos de los contribuyentes.

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó suspender de inmediato la intención del Ministerio de Hacienda de congelar el sistema de consulta tributaria en línea, tras acoger una medida cautelar provisionalísima presentada por la diputada independiente, electa por el Partido Liberal Progresista, Johana Obando Bonilla.

La resolución, dictada este 18 de julio por el Juzgado de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo el expediente 24-005036-1027-CA, ordena expresamente “al Ministerio de Hacienda SUSPENDER el congelamiento de la información del sistema de consulta tributaria de los contribuyentes que se encuentra en la página web www.hacienda.go.cr y que se anunció por medio del Oficio CP-39-2025 de fecha jueves 26 de junio de 2025 emitido por el Ministerio de Hacienda”.

El Tribunal justificó la medida indicando que, de ejecutarse el congelamiento anunciado, “el daño que podría ocasionarse es uno de difícil o imposible reparación, pues podría verse afectado el interés público”. Además, señaló que la diputada Obando aportó suficientes argumentos jurídicos para sustentar que, con el congelamiento, se violaría el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual garantiza el derecho de las personas contribuyentes a consultar y acceder de forma actualizada a su situación fiscal.

La resolución también hace referencia a la urgencia de emitir la orden sin escuchar previamente al Ministerio de Hacienda, amparándose en lo dispuesto por el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que habilita al juez para dictar medidas cautelares provisionales cuando existe un riesgo inminente y grave para los derechos o intereses de los demandantes.

La diputada Obando había advertido desde el pasado 4 de julio sobre las consecuencias legales y prácticas que implicaría suspender el acceso al sistema de consulta tributaria. En un oficio dirigido al director de Tributación, Mario Ramos Martínez, señaló que tal medida sería ilegal al impedir que las personas puedan verificar o demostrar su estado tributario actualizado, lo que podría acarrear múltiples perjuicios.

"De haberse procedido con el congelamiento de la información, los contribuyentes verían atropellados sus derechos; por el plazo que estuviese congelado no podrían verificar ni comprobar su estado tributario actualizado", dijo Obando en un comunicado de prensa emitido este jueves.

La legisladora añadió que esto podría traducirse en la pérdida de permisos sanitarios, imposibilidad de participar en licitaciones, trabas para obtener patentes municipales e incluso limitaciones para acceder a financiamiento bancario.

Usted, costarricense, podría perder su permiso de salud, su patente, perder una licitación o incluso que le hagan imposible acceder a un crédito para su negocio, por ejemplo".

En su resolución, el Tribunal reconoció que existe un riesgo de afectación directa no solo a las personas físicas, sino también al funcionamiento institucional, ya que el sistema de consulta tributaria forma parte de una estructura crítica para el cumplimiento de múltiples trámites en el sector público y privado.

"Es claro que la medida cuestionada podría entorpecer el ejercicio de derechos administrativos y constitucionales, por lo que corresponde evitar cualquier ejecución mientras se resuelve de fondo la acción", resolvió el juez a cargo.

La resolución también aclara que el Tribunal valoró la procedencia de la medida de forma independiente al rol parlamentario de la diputada Obando, atendiendo exclusivamente a los elementos aportados por ella en su gestión ante el órgano judicial.

La medida cautelar regirá mientras se resuelve el fondo del proceso, el cual deberá determinar si Hacienda incurrió en violaciones legales o constitucionales al anunciar la suspensión del sistema de consulta.

"Es preocupante que se pretenda limitar el acceso a información que es fundamental para el ejercicio de múltiples derechos. Esta resolución es un paso importante para frenar atropellos institucionales y proteger el principio de transparencia tributaria", concluyó Obando.