La magistrada de la Sala Primera, Iris Roció Rojas Morales planteó el día de hoy a sus compañeros de Corte Plena que propongan un proyecto que permita realizar intervenciones telefónicas a periodistas, con el fin de identificar sus fuentes judiciales, dada la fuga de información sobre casos que se encuentran en proceso de investigación y trámite judicial.
El comentario de Rojas se dio cuando la magistrada de la Sala III, Patricia Solano Castro, señaló que en ocasiones cuando se realizan allanamientos hay medios de comunicación que se encuentran en el sitio antes de que lleguen los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ante esta afirmación de Solano, la magistrada Rojas señaló que el interés público debería prevalecer sobre la fuga de información y añadió:
El secreto de la fuente, del periodista, no es ilimitado. Es claro que de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica. Pero a mí me parece que, por el secreto de las informaciones, por el éxito de las investigaciones sobre todo cuando estamos a las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes, y sobre todo si son internas, es del mayor interés público.
La magistrada Rojas, además, aseguró que la intervención telefónica de los periodistas sería la única forma de garantizar que se le ponga fin a las filtraciones de información, pero aseguró que tal medida no podría darse por vía de un protocolo o reglamento, sino que requeriría de un proyecto “de más alto nivel” —entiéndase un proyecto de ley—:
Quisiera plantearles como inquietud que pensáramos en una reforma de más alto nivel que un protocolo porque, muy probablemente, no va a resistir un embate de constitucionalidad, porque la única forma de saber quién está filtrando información es interviniendo y dándole seguimiento a los teléfonos de quienes están en contacto o han participado de estos operativos. (…) Además, la conducta típica ya está sancionada, lo que necesitamos es un mecanismo efectivo para concretarlo, porque ningún periodista le va a dar usted la fuente, va a indicar que es reserva. Pero sí me parece que es tan de interés público que está de por medio la búsqueda de la verdad real. (…) Pensemos en una reforma que proponga la Corte a un nivel más alto que el reglamentario o del protocolo, porque solo de esa forma podemos garantizar el éxito sobre todo de la implementación de la nueva ley de crimen organizado.
Por su parte la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López, respondió a la sugerencia de Rojas señalando que ante la fuga de información judicial, a quienes se debería investigar es a los funcionarios judiciales y no a los periodistas ni sus fuentes.
