En su acepción más básica el diccionario de la RAE define la demagogia como “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir mantener el poder”.

Lamentablemente el ascenso a la magistratura se ha convertido más en una carrera política que judicial y en ese trance, se exhiben más vicios políticos que cualidades jurídicas.

El magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez fue electo en el año 2016, haciendo gala de una demagogia muy fina. En medio proceso legislativo, se supo que tenía pendiente un proceso penal por el delito de prevaricato (fallar contra la ley). Para salir del problema y conseguir su infausta elección como magistrado de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia ofreció al parlamento que de resultar electo, renunciaría a la inmunidad que lo protegería frente a ese proceso penal.

Como buen demagogo nunca presentó la renuncia que prometió y en su lugar, el Juez penal que conocía del proceso se declaró incompetente. La Corte nombró a un magistrado para que instruyera la causa y la recomendación fue que se desestimara. El magistrado designado para esos menesteres fue un amigo de Sánchez Rodríguez: Celso Gamboa Sánchez.

En el mes de agosto de 2024, debía iniciar su proceso de reelección. En vista de que la poco seria Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa aprobó su reelección sin mayor análisis me decidí a escribir un artículo con el ánimo de alertar a la ciudadanía de lo perniciosa que resultaría esa reelección para el Poder Judicial y el país.

Denuncié entonces:

  • Que siendo presidente del Tribunal de la Inspección Judicial le negó a una defensora pública su derecho de lactancia materna, lo que ameritó la intervención de la Sra. Jeannette Arias Meza, entonces jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
  • Que siendo magistrado propuso derogar el acuerdo de Corte Plena para que se eliminara la paridad de género en la cúpula judicial y se eligiera en la vicepresidencia a un hombre.
  • Que en noviembre del año 2021, se le ligó con un típico “escandalito” de Corte Plena, en el que se pretendió la reelección del Sr. Carlos Montero como miembro representante de los trabajadores ante el Consejo Superior del Poder Judicial. Poco tiempo antes, se había conocido la movida interna para nombrar en la Dirección del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial a la directora ejecutiva, Licda. Ana Romero Jenkins, esposa del magistrado Sánchez Rodríguez. Se supo entonces que las parejas Sánchez Romero y Montero Alvarado eran tan amigas que se fotografiaron cenando en un restaurante en Lima, Perú, en lo que pareció un ameno viaje de amistades conyugales.
  • Que a pesar de su nombramiento como magistrado, su esposa Ana Romero Jenkins se ha mantenido como directora ejecutiva del Poder Judicial, posición que parece rozar groseramente con la ética y la moral, aunque sea legal.
  • Que a su fiesta de elección fueron los magistrados Carlos Chinchilla, el chavalazo Luis Fernando Salazar (también ex-juez laboral) y al menos cinco diputados del PLN (entre ellos Aracelly Segura que incluso utilizó un carro oficial para asistir y que por cierto se abstuvo de votar en contra de la destitución de Celso Gamboa como magistrado), dos del PUSC, uno del Movimiento Libertario y uno del Partido Accesibilidad sin Exclusión.

Adicionalmente denuncié que siendo juez laboral se había introducido en la oficina de una colega jueza y en la intimidad de ese espacio se había masturbado sin el consentimiento de ella.

Con ocasión de esa publicación, el miércoles 21 de agosto de 2024, Sánchez Rodríguez dirigió una carta en papel membretado de la Corte, dirigida a la Licda. Alejandra Larios, a la sazón presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, en la que pretendió hacer un descargo de mis señalamientos y puntualmente en relación con su reprochable conducta sexual con una compañera jueza escribió:

“De la forma más baja, me atribuye una supuesta conducta de acoso sexual en contra de una persona juzgadora. Claro está que rechazo absolutamente semejante falsedad. Es muy fácil atribuir informaciones sin ningún asidero a servidores que se encuentran en procesos de elección o de reelección. Esa es una práctica desleal que se viene dando en los últimos tiempos. Por supuesto que rechazo absolutamente esa referencia. Es fácil atacar y obligarme a demostrar un hecho negativo. Tengo una familia, hijos, un matrimonio consolidado, quienes me conocen puedan dar fe de que siempre he sido una persona respetuosa con las compañeras de trabajo y personal auxiliar. Estas atribuciones propias de grupos de personas que han querido ensuciar mi nombre no lo voy a permitir. Nunca he sido denunciado por ningún delito sexual ni por conductas de acoso sexual en el trabajo. Tengo más de 31 años de servicio, nunca he sido sancionado por ninguna conducta en el ejercicio de mis funciones, tengo reconocimientos por parte del Poder Judicial por mantener un registro disciplinario intachable”

Adicionalmente ofreció renunciar a la prescripción de la acción penal en caso de la Licda. Arce Meneses decidiera denunciarlo y amenazó con denunciarnos penalmente a doña Silvia y a mí.

Efectivamente, presentó una querella contra la señora Jueza y contra mí patrocinada por su amigo y abogado de atrás, el Lic. José Miguel Villalobos, el 27 de agosto de 2024.

Nuevamente, con la poca seriedad que le caracteriza, la presentación de esa querella no fue más que un acto demagógico para complacer a la gradería de sol y lograr su reelección.

Mediante sentencia No. 445-2025 de 9:00 horas de 21 de julio de 2025 el Tribunal Penal de II Circuito Judicial de San José, dictó una sentencia de sobreseimiento por desistimiento, en favor de doña Silvia Arce y del suscrito. ¿Por qué? Porque se limitó a presentar la querella en aquella fecha y de ahí en adelante, pese a prevenciones del Tribunal para que diligenciara la notificación del proceso a las partes querelladas nunca lo hizo. La dejó abandonada. Ya no le interesaba.

No puedo concluir otra cosa que al magistrado Sánchez Rodríguez le interesó más lograr su cometido de ser reelecto y mantenerse en el puesto que reivindicar su supuesto honor lesionado. La farsa llegó a su fin y con ello, se desnuda su verdadera naturaleza.

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