En estos días, ciertos escándalos políticos han vuelto a poner en evidencia la importancia de garantizar la idoneidad en los nombramientos de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La independencia del Poder Judicial —condición indispensable para que actúe como un contrapeso efectivo frente a posibles excesos de los otros poderes del Estado— depende, en buena medida, del liderazgo de la Corte Suprema. Esta no solo es la máxima autoridad jurisdiccional del país, sino también la cabeza administrativa y política del órgano judicial. De su solidez y credibilidad dependen tanto la eficiencia del sistema de justicia como la confianza ciudadana en él.
La construcción de esta legitimidad es una corresponsabilidad del Poder Legislativo y el Judicial. Cada año, la Asamblea Legislativa nombra o reelige en promedio a cuatro magistraturas. Sin embargo, solo cuando estalla una grosera irregularidad, resurgen con fuerza los cuestionamientos históricos al proceso de selección de la cúpula judicial.
Total de nombramientos de magistraturas propietarias por tipo de evento
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de nombramientos de magistraturas del PEN. Informe Estado de la Justicia 2025.
A manera de recordatorio, dentro de algunas de las funciones clave de la Corte se encuentra el manejo de recursos presupuestarios y humanos del conglomerado judicial, la aprobación de políticas judiciales, el nombramiento de magistraturas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de las direcciones del OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública, directores y subdirectores de áreas técnicas, jueces de más alto rango, además presiden y nombran consejos y más de cien comisiones institucionales.
La verticalidad y concentración de funciones en la Corte le convierte en un mecanismo muy vulnerable pues cualquiera que controle esta cúpula -o la mayoría- tiene influencia en todo el sistema de administración de justicia.
El nombramiento de magistraturas por parte del Poder Legislativo con base en idoneidad constituye un un pendiente de nuestro sistema político, el cual el Informe Estado de la Justicia ha estudiado y dado seguimiento desde el 2015.
Después de la aprobación del voto público en la Asamblea Legislativa en el 2022, no se reportan avances en la forma de nombramiento de las magistraturas. Es más, hubo retrocesos recientes que apuntan a una falta de voluntad política.
El primer retroceso fue un aumento injustificado de la nota discrecional que otorgan los diputados a la entrevista de las personas candidatas a la magistratura. La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa (CPEN) actúa como el primer filtro en el proceso de selección, al establecer las normas para las postulaciones y la elaboración de las ternas que se presentan al plenario para su votación. Durante la legislatura 2018-2019, la CPEN puso en marcha una metodología que incluyó un cuestionario para evaluar los atestados, un período para presentar objeciones y una entrevista. Solo aquellas personas que obtuvieron las mejores calificaciones en la primera fase son seleccionadas para la entrevista.
Este último paso es el componente más crítico del proceso, pues la entrevista no cuenta con una estructura ni criterios claramente definidos, lo que convierte ese porcentaje significativo en un espacio de alta discrecionalidad. Así, los legisladores de la CPEN tienen la posibilidad de utilizar este mecanismo para favorecer o penalizar a los postulantes. Su nota no tiene que ser justificada ni motivada.
La CPEN en 2023 aumentó la nota para la entrevista de las personas candidatas de un 30 a un 55% del total, con lo cual el currículum y otros indicadores de valoración solo suman el 45% de la nota de presentación, con base en la cual se envía un listado reducido al plenario legislativo para su votación.
El segundo retroceso se produjo en 2024, con la reelección controvertida de un magistrado cuyo desempeño había sido cuestionado y sobre quien pesaban denuncias que motivaron una intensa campaña de rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil, especialmente del movimiento de mujeres. A pesar de las críticas, fue reelecto en una votación dividida en el Plenario Legislativo: 25 votos a favor y 25 en contra.
En términos generales, las reelecciones más recientes reflejan un patrón creciente de cuestionamientos hacia quienes ocupan magistraturas propietarias. Aunque el sistema no establece mecanismos formales de rendición de cuentas en estos procesos, la reelección se ha transformado, de facto, en un espacio de evaluación pública del desempeño judicial.
El Foro de Justicia ha presentado una serie de deficiencias en la metodología empleada en estos nombramientos, pues no cumplen con los mejores estándares internacionales. Entre los señalamientos que ha hecho esta plataforma de organismos especializados se incluyen la carencia de un perfil para las vacantes, no se establecen criterios específicos para medir la independencia, la idoneidad, el conocimiento o especialización de las personas candidatas, no se precisa cómo se evaluarán los requisitos formales exigidos y la presentación de decenas de constancias y documentos no asegura una selección basada en méritos, entre otros.
No se registran propuestas desde la cúpula judicial para abordar esta problemática. En el 2017, la Corte Suprema de Justicia creó un grupo de trabajo encargado de proponer reformas urgentes al mecanismo de selección de magistraturas (grupo 1). En el 2020, las propuestas de este grupo fueron presentadas para su aprobación ante la Corte, y se aprobaron solo tres recomendaciones para enviar a la Asamblea Legislativa: mayor transparencia en los concursos, incremento de la edad mínima para postularse a 45 años e inclusión del criterio de género.
Adicionalmente, en años recientes, el país ha sido objeto de tres intervenciones de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, en las que se advirtió al país sobre esta problemática y pidió información sobre las medidas adoptadas para garantizar nombramientos judiciales conformes a normas internacionales y la independencia de los jueces y las juezas, así como para asegurar un entorno de trabajo seguro sin temor a amenazas o acoso.
Resulta de lectura obligatoria para las personas que se interesan en una mejora genuina a este proceso de nombramiento, la reciente publicación del libro del doctor Manuel Solís Avendaño “Sin propósito de enmienda. El vaciado de la legitimidad democrática”, el cual analiza en detalle los nombramientos de CPEN desde el 2018 a la fecha, como una manera de continuación de su primer libro sobre esta temática “La democracia de las razones débiles”. El autor documenta con detalle las negociaciones políticas y la variabilidad con la que se ha aplicado la metodología en estos procesos.
La nueva Asamblea Legislativa a elegir en los comicios generales del 2 de febrero del 2026 tendrá la facultad de renovar catorce de las veintidós magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, lo cual podría transformar la composición del Poder Judicial en el país (cuadro 1). Estos procesos de nombramiento deben mejorarse de manera sustantiva para que se conviertan en una oportunidad para una petición de cuentas rigurosa y se promueva el impulso a reformas democráticas al gobierno judicial tan largamente postergadas, que permitan el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.
Magistraturas que deberán ser reelegidas o sustituidas por el nuevo Congreso 2026
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Madrigal, 2025. Informe Estado de la Justicia
2025.
Las oportunidades de mejora incluyen, por un lado, reformas legales y constitucionales, para mejorar los requisitos de ingreso, regular las “puertas giratorias” desde otros poderes de la República, por mencionar un par de ejemplos. Por otro lado, la CPEN tiene también la posibilidad de revisar sus procedimientos, incorporar más criterios técnicos, involucramiento de la ciudadanía, reducir la nota de la entrevista y estructurarla, reglamentar los procedimientos para que no varíen de caso en caso, y otra serie de mejoras que no requieren aprobación de leyes nuevas, sino aplicar la competencia propia.
Ojalá que la crítica actual no se diluya como en ocasiones anteriores, y que esta vez sí genere una reflexión profunda y cambios concretos que fortalezcan nuestro sistema de justicia.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
