Bajo el expediente número 24460 se tramita ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa la reelección del magistrado de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.
En sesión celebrada el pasado lunes 14 de agosto de 2024, fue entrevistado y acto seguido sometida a votación. Se aprobó recomendar al plenario su reelección con 6 votos a favor y 1 en contra.
Por no pocas razones creo que el Magistrado Sánchez Rodríguez no debe ser reelegido.
En varias ocasiones, en este mismo espacio me he referido a él junto con la Corte, toda (Contra Corriente, El Lado Oscuro del Parlamento -I Parte-, El Lado Oscuro del Parlamento -II Parte-, Exorcismo Judicial), sin embargo, frente a la aprobada reelección por la nefasta Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, conviene revisar su trayectoria y atestados en particular.
Durante el segundo gobierno de Óscar Arias Sánchez, el diputado de gobierno y amigo cercano del presidente, Dr. Federico Tinoco fue demandado por su asistenta por acoso sexual. La demandante tuvo la desgracia de que al Juez al que le tocó resolver, fue el magistrado Sánchez Rodríguez y le rechazó su demanda. El Tribunal de Trabajo, superior jurisdiccional del entonces Juez Sánchez Rodríguez, revocó la sentencia y la Sala II, sí esa Sala que hoy preside el magistrado de marras, confirmó la sentencia del Tribunal. Además de que jurídicamente el fallo de Sánchez Rodríguez era insostenible, el Tribunal de Trabajo al revocar esta sentencia señaló lo siguiente:
“...:Llama poderosamente la atención a este Tribunal que el Juzgado (Juez Luis Porfirio Sánchez) no haya ordenado la prueba psiquiátrica, que insistentemente solicitó la actora, desde el inicio del proceso ni haya tomado en consideración el dictamen pericial que consta en el expediente , rendido por la psicóloga......En realidad nota este Tribunal, un poco de ingenuidad en las apreciaciones del Juzgado (Juez Luis Porfirio Sánchez) que no observa nada anormal, irregular inapropiado en estos hechos......el Juzgado (Juez Luis Porfirio Sánchez) invierte el principio de las cargas probatorias y le imputa esa falta a la actora, sin embargo, como se explicó, ...debió ser el demandado quien debió desvirtuar esos hechos , con prueba diáfana, palmaria y sin dubitación, lo que no hizo... En este caso el A Quo (Juez Sánchez Rodríguez), en forma ajena a la realidad de lo sucedido minimiza los alcances de la conducta discriminatoria y violenta del demandado y omitió tomar en cuenta la trascendencia de la incorporación de la teoría del género en la valoración de la prueba en situaciones de acoso u hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Se nota, que en el análisis del testimonio de la víctima se dejó de lado que el miedo, la humillación, la impotencia, el temor a represalias y a perder la fuente de empleo, son circunstancias que permiten concluir, que su declaración es realmente veraz y se ajusta con exactitud a todo lo acontecido. No se puede concebir que el examen de este proceso lo hizo el A Quo (el Juez Sánchez Rodríguez), atendiendo a la sana crítica racional, si le dio un tratamiento completamente diferente, como si se tratara de un proceso laboral común y corriente”
Siendo presidente del Tribunal de la Inspección Judicial le negó a una defensora pública su derecho de lactancia materna, lo que ameritó la intervención de la Sra. Jeannette Arias Meza, entonces Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
Ya magistrado y consecuente con su poca sensibilidad hacia la política de género, en mayo de 2021, cuando resultó electo presidente el magistrado Carlos Chinchilla, de tan ingrata memoria, propuso derogar el acuerdo de Corte Plena para que se eliminara la paridad y se eligiera en la vice-presidencia a un hombre.
Fue acusado por prevaricado, causa en la que figuró como abogado el Lic. José Pablo Badilla, cuñado de Héctor Blanco (que curiosamente luego fue excluido de la lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala II). En la absolutoria de esta causa penal participó directamente el mismísimo Celso Gamboa, a quien reconoció luego como su amigo, llegando incluso a excusarse de conocer en Corte Plena procesos contra Gamboa por ese motivo.
No más nombrado magistrado, empezó a exhibir sus verdaderos credenciales. A su fiesta de elección fueron los magistrados Carlos Chinchilla, el chavalazo Luis Fernando Salazar (también ex-juez laboral) y al menos 5 diputados del PLN (entre ellos Aracelly Segura que incluso utilizó un carro oficial para asistir), 2 del PUSC, 1 del movimiento libertario y 1 del partido Accesibilidad sin Exclusión.
A nivel laboral, su magistratura no es la más eficiente. Su oficina presenta un atraso mayor al de varios compañeros, aún siendo el presidente de la Sala.
Es coautor de la creación de los Tribunales de Ejecución Laboral, por los que se concentró en toda la provincia de San José su conocimiento, con grave perjuicio para personas vulnerables (solo a modo de ejemplo, gente de Jericó de Desamparados que antes se les atendían sus asuntos en el circuito judicial de la localidad ahora deben trasladarse a San José). Como era de esperarse esta genialidad no se ha traducido en una justicia pronta.
A pesar de su nombramiento como magistrado, su esposa Ana Romero Jenkins se ha mantenido como Directora Ejecutiva del Poder Judicial, posición que parece rozar groseramente con la ética y la moral, aunque sea legal.
En nombre del año 2021, se le ligó con un típico “escandalito” de Corte Plena, en el que se pretendió la reelección del Sr. Carlos Montero como miembro representante de los trabajadores ante el Consejo Superior del Poder Judicial. Poco tiempo antes, se había conocido la movida interna para nombrar en la Dirección del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial a la Directora Ejecutiva, Licda. Ana Romero Jenkins, como señalé, esposa del magistrado Sánchez Rodríguez. Se supo entonces que las parejas Sánchez Romero y Montero Alvarado eran tan amigas que se fotografiaron cenando en un restaurante en Lima, Perú, en lo que pareció un ameno viaje de amistades conyugales. A través de la magistrada Roxana Chacón (ex-asistente del Consejo de Gobierno del período 1990-1994, durante la administración Calderón Fournier) se pretendió violar la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone que se debe solicitar una lista a todas las organizaciones del Poder Judicial, para integrar una nómina de cinco candidatos. De entre esas listas la Corte debe elegir. No está prohibida la reelección sin embargo, es incompatible per se con el procedimiento establecido en el artículo 71 de aquella ley. Por cierto, en esa ocasión el magistrado Fernando Cruz Castro, hizo públicas las razones de su voto negativo a la propuesta de acoger una reelección contra legem. Dichosamente la jugada no les salió.
Como magistrado titular por espacio de 8 años y hoy presidente de la Sala Segunda de la Corte, a sabiendas de que la Ley Procesal Laboral es un absoluto fracaso y que colapsó la administración de justicia en esa materia, no ha liderado ningún proceso importante para reformar esa infausta ley y tratar de mejor ese estado de cosas con el que le tocó lidiar cuando llegó a la magistratura. Expresamente el ex-magistrado José Manuel Arroyo, cuando dio en Corte Plena el discurso de bienvenida al magistrado Sánchez Rodríguez, le manifestó “llega Ud. En un momento estratégico para el Poder Judicial, dada la reforma recientemente puesta en práctica. De manera, que la expectativa que muy probablemente tengan sus compañeros y todos nosotros es que Ud. pueda dar el aporte correspondiente en este proceso de transformación tan importante...” (Artículo I, Acta de Corte Plena No. 27 de 2016).
Como si todo esto fuera poco, en razón de mi ejercicio profesional, tuve conocimiento de una situación realmente deplorable, de la que tengo secreto profesional pero que la víctima me ha autorizado su relato. Siendo compañeros de tribunal, sostuvieron una reunión en la oficina de ella. Él de pie y caminando en la sala de la oficina, mientras ella revisaba expedientes (en aquella época físicos) sentada en uno de los sillones de su oficina. Cuando terminó con los expedientes y volvió a dirigirse a él, cuál fue su sorpresa que él se había bajado la jareta y se estaba masturbando. En ese momento ella era Jueza Interina y él Juez nombrado en propiedad, además de pariente del entonces magistrado Jorge Rojas Sánchez lo que me explicó su silencio de muchos años. Cuando tuve conocimiento de este bochornoso hecho, lamentablemente cualquier acción judicial estaba prescrita y se consumó la inconducta sin consecuencias, al menos jurídicas.
Para nadie es un secreto que cuenta con el voto de la fracción mayoritaria del congreso, la del PLN. Lamentablemente sigue ese partido anclado en su vetusta política de nombrar a su gente, sin importar mucho las credenciales de quienes designa.
Hoy en día hay consenso en que las magistraturas vitalicias ya no van. Sobre el modelo estadounidense que las ha inspirado ya hay un proyecto presidencial para eliminarlo, presentado hace pocos días. En el caso de Costa Rica, el sistema no lo aguanta más. Es esta una oportunidad para el parlamento de dar un paso en la dirección correcta y no reelegir a un magistrado que a mi juicio no tiene credenciales para permanecer en el cargo. Hoy, su reelección, es inaceptable.
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