En agosto de 2022 escribí mi último artículo sobre el acontecer judicial, en esa ocasión con motivo de la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y debido a la renuncia de D. Fernando Cruz y que titulé, “Currículum de un Chavalazo”.

Desde entonces, no pocas cuestiones del acontecer forense han ameritado que le dedicara un poco de mi tiempo. Lamentablemente, pocos tienen la claridad de que la administración de justicia es tan importante “como el aire que respiramos”, como bien lo señaló don Walter Antillón M. en una de sus últimas entrevistas para el Foro de la Justicia y a veces parece que se ara en el desierto y que a muy pocos importa. Hoy he recibido un gentil correo electrónico de una jueza valiente y vigilante ciudadana del acontecer judicial, por el que la Licda. Silvia Arce me comparte una denuncia que ha presentado ante la Corte Plena, con el objeto de que se investigue disciplinariamente a todos los magistrados integrantes de la infausta Sala Segunda, por su desprecio por la administración de justicia, especialmente por su asquerosa e injustificada mora judicial en perjuicio, por las materias que atiende (derecho de familia y laboral) de poblaciones vulnerables, denuncia a la que me referiré, no sin antes comentar no pocas inconductas de la cúpula judicial.

Don Orlando Aguirre, mi docto profesor de juicios universales, juez serio y estudioso resultó electo presidente de la Corte. Ha probado don Orlando que en esa cortesilla no vale ser un buen juez para ser un buen presidente. Apenas asumió el cargo, definió como su prioridad la reforma interna de la Corte Plena, lo que es apenas un pequeño problema para una institución por completo fallida. Mientras él piensa en que la Corte Plena pierde mucho tiempo en nimiedades administrativas es monumental la mora judicial y lo que es peor, la institución se desangra y día a día pierde su personal más experimentado y de mucha valía, sin que se atisbe en el horizonte alguna solución. La Corte ha sido incapaz de proponer una solución a una ley de empleo público que, aunque necesaria, es absolutamente draconiana, desproporcionada e irrazonable.

En un acto que destiñe su gestión, se hizo acompañar por el entonces recién electo presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado quizás más impresentable del país, el Lic. Porfirio Sánchez, para irse a comer un tamalito navideño (diciembre de 2022) a la casa del presidente de la República. Un acto no oficial y de amistad de quienes nunca han sido amigos. Se prendieron las alarmas para los que pensamos que es muy sabio el proverbio chino que dice piensa mal y acertarás. Primero, no parece transparente una reunión de este tipo (entre miembros de los supremos poderes) en absoluto secretismo y segundo, al defender la reunión tuvo don Orlando un safis y dijo que no habían conversado nada sobre los temas que habían venido trabajando. Es decir, a espaldas de la ciudadanía no sólo se reúne con el mandatario, sino que confiesa tener conversaciones en curso con el presidente del ejecutivo. ¿Qué negocian? ¿En qué trabajan? ¿Por qué? ¡Vaya Ud. a saberlo! Al día de hoy nadie lo sabe.

El lunes 3 de octubre de 2022 fue electo como presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el Lic. Porfirio Sánchez R. No puedo entender, al día de hoy, como el país ni se inmutó con semejante atropello a la ética y a la decencia judicial. El currículum del Lic. Sánchez Rodríguez no puede ser peor. En un artículo anterior, refiriéndome a los vínculos judiciales del Poder Judicial con el caso de El Cementazo, luego de referirme a los magistrados Celso Gamboa, Carlos Chinchilla, Luis Fernando Salazar, Doris Arias y Jesús Ramírez, me referí a los oscuros credenciales que se le han atribuido a este nuevo “experimentado en la lucha contra la corrupción” (según se dijo cuando fue electo presidente de la comisión de ética de la Corte):

Además del vínculo directo de estos magistrados con el caso del cementazo, hay otros magistrados que aún con un currículum judicial cuestionado, han contado con importante apoyo político para llegar a ese cargo. Tenemos a Luis Porfirio Sánchez. Es, a mi juicio, el nuevo Jesús Ramírez de la Corte. Grandes vínculos políticos y grandes cuestionamientos. Absolvió en primera instancia al diputado arista Federico Tinoco dentro de un proceso por acoso laboral, cuando aquél era diputado, sentencia que por cierto le fue revocada por su superior jerárquico. Fue acusado por prevaricato, causa en la que figuró como abogado el Lic. José Pablo Badilla, cuñado de Héctor Blanco, excluido posteriormente de la lista de candidatos a suplentes de la Sala II. En la absolutoria de esta causa penal participó directamente el mismísimo Celso Gamboa, a quien reconoció luego como su amigo, llegando incluso a excusarse de conocer en Corte Plena procesos contra Gamboa. A su fiesta de elección fueron los magistrados Carlos Chinchilla, Luis Fernando Salazar (también ex-juez laboral) y al menos 5 diputados del PLN (entre ellos Aracelly Segura que incluso utilizó un carro oficial para asistir), 2 del PUSC, 1 del movimiento libertario y 1 del partido Accesibilidad sin Exclusión”.

Es el único magistrado electo teniendo una causa penal por prevaricato pendiente. Se supo de movimientos internos para que se nombrara a su esposa (Ana Eugenia Romero Jenkins) como directora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Se supo de su amistad (incluida foto de parejas en paseo a Lima, Perú) con el Sr. Carlos Montero, a quien se quiso mantener como representante de los trabajadores del Poder Judicial dentro del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, violando el procedimiento dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de llamar ternas.

En relación con su nombramiento de magistrado, en expediente de investigación disciplinaria N° DCP-2-2017 de la Corte Plena, iniciado por denuncia de la jueza Liz Maureen Tencio contra Celso Gamboa (y contra Porfirio Sánchez Rodríguez, lo que rechazó la Corte), se investigó si Celso Gamboa llamó, presionó o convenció a diputados para votar por Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, quien fue designado magistrado de Sala II en septiembre del 2016, cuando estaba en trámite la denuncia por prevaricato contra él, interpuesta por la misma jueza Liz Tencio. La denuncia contra Sánchez Rodríguez fue desestimada por la Sala III, después de que Sánchez fue nombrado magistrado, en resolución redactada por ¡¡Celso Gamboa!! En fin, un curriculum impresentable para presidir cualquier tribunal de Costa Rica y menos aún, una Sala de la Corte.

El 31 de octubre de 2022 se designó como fiscal General de la República al Lic. Carlo Díaz. Ese nombramiento culminó un proceso absolutamente opaco y amañado, harto cuestionado por no pocos. Al final, la Corte nunca corrigió el rumbo y el resultado no pudo ser peor. Como muestra un botón. En el 2023 el flamante fiscal General urgió a los diputados reformas judiciales para que se prorrogaran plazos porque estaban a punto de vencer prisiones preventivas ordenadas contra cabecillas del narcotráfico bajo el argumento de que la delincuencia empeoraría. La ley pasó y la delincuencia empeoró. El argumento no podía ser más absurdo...

En el 2023 y principios de este año, he visto con perplejidad al presidente de la Corte y al fiscal General participar en encuentros con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para consensuar proyectos de ley que permitan disminuir la delincuencia. Por no pocas razones el planteo no puede ser más ridículo. Primero, el Poder Judicial es absolutamente incompetente para hacer política pública para combatir la delincuencia. Esa no es su función constitucional. Segundo, la lista de proyectos es equívoca a los efectos del fin perseguido. Tercero, cohonesta con su participación, la demagogia del gobierno de turno en un tema tan delicado. Cuarto, la delincuencia, el sicariato y el narcotráfico no se resuelvan con leyes represivas. El informe del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense elaborado por la Universidad Nacional da en el blanco:

Lo que estamos viendo es que se ha instalado en Costa Rica una violencia de carácter estructural donde no se prevén soluciones integrales a este fenómeno. La violencia estructural tiene un componente de distribución de la riqueza y capital educativo, que en este país está en detrimento”.

En fin, tenemos a un Poder Judicial participando en una agenda equivocada, impuesta por otros poderes (uno presidido por un populista incontenible y otro por un dinosaurio de la vieja política bipartidista) y donde no tiene nada que hacer.

La valiente denuncia que ha interpuesta la Licda. Silvia Arce contra todos los miembros de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, exhibe con crudeza la mala gestión de los denunciados. Expedientes laborales que deben ser resueltos en un mes so pena de responsabilidad disciplinaria según el Código de Trabajo, tardan años en ser turnados (simple asignación del expediente al magistrado que debe estudiarlo) y otro tanto en ser resueltos. El derecho internacional e interno sobre la protección a poblaciones vulnerables se aplica a todos, menos a cinco magistrados que tienen el privilegio de incumplir su más alta obligación constitucional de impartir justicia pronta y cumplida sin ninguna consecuencia...

Le daré seguimiento a esta valiente denuncia, para ver si algún día sale algo de Corte Plena que la redima y nos de muestras a los ciudadanos que algo de decencia le queda.

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