Díaz fue juramentado este lunes y estará a cargo del Ministerio Público por un periodo de cuatro años.

La Corte Suprema de Justicia eligió, tras tres rondas de votación pública y con 15 votos a favor, a Carlo Israel Díaz Sánchez como nuevo fiscal general de la República.

Díaz Sánchez fue juramentado en la misma sesión por el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, estará a cargo del Ministerio Público por un periodo de cuatro años.

El nuevo fiscal tiene 49 años de edad y 22 años de experiencia en el Poder Judicial. Hasta ahora se desempeñaba como Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena.

El nuevo fiscal general tiene una maestría en Derecho Penal (UIA) y es egresado de la Maestría en Criminología (UNED). Además, se ha desempeñado como juez de Juicio del Tribunal Penal de San José, como Fiscal Adjunto de la Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías, como Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de Gestión de Fiscalías Territoriales, como Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, como Fiscal Adjunto de las Fiscalías Adjuntas de San José (I, II y III circuito), como Fiscal Adjunto de las Fiscalías Adjuntas de Heredia, Alajuela y Cartago, como Fiscal Coordinador de la Fiscalía de Desamparados, como Fiscal Coordinador de la Fiscalía de Pavas, Fiscal Auxiliar y como Fiscal Coordinador en la Fiscalía Adjunta de Limón.

Para la elección, la conformación de Corte Plena estuvo conformada por Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Damaris Vargas Vásquez, Isabel Vargas Vargas, Jessica Jiménez Ramírez (suplente), e Iris Rocío Rojas Morales de la Sala I; Orlando Aguirre Gómez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Julia Varela Araya, Jorge Olaso Álvarez y Roxana Chacón Artaviade la Sala II; Patricia Solano Castro, Sandra Zúñiga Morales, Gerardo Ruben Alfaro Vargas, Jesús Ramírez Quirós y Rafael Segura Bonilla (suplente) de la Sala III; y Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Fernando Cruz Castro, Roberto Garita Navarro (suplente) y Anamari Garro Vargas de la Sala Constitucional.

A pesar de que se acordó que la votación se realizaría de forma pública, previo a la votación, la Corte Plena sesionó de forma secreta para discutir los informes de posibles conflictos de interés y relaciones familiares con otras personas funcionarias del Poder Judicial que presentaron los candidatos como parte del proceso.

Discusión por ausencia de mujeres en el proceso

Previo a la votación, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas (Sala III), manifestó la necesidad de que la Corte reforme el proceso de nombramiento, que se extendió desde agosto del 2021 hasta la fecha, y reclamó a sus compañeros la falta de mujeres en el proceso.

Alfaro señaló que él mismo fue excluyente con las candidatas mujeres que se presentaron e hizo un llamado a la Corte a, finalizado este proceso, iniciar una revisión por ese tema, así como sobre la larga extensión de este trámite.

La magistrada Julia Varela Araya (Sala II) secundo las palabras del magistrado Alfaro y añadió que, en su lectura, las mujeres no participaron del proceso en parte, por el trato que se le dio a la anterior fiscala general, Emilia Navas Aparicio.

Las palabras de Varela no gustaron al magistrado Fernando Cruz Castro (Sala Constitucional), quién aseguró que no solo discrepaba con la interpretación de Varela, sino que señaló que a Navas no se le dieron malos tratos, sino que se le exigió rendir cuentas por decisiones tomadas, y aseguró que incluso él tuvo que desmentir a Navas Aparicio cuando aseguró en un informe ante el relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, que Cruz —quién en ese momento era presidente de la Corte— la había llamado para solicitar su salida lo cuál, según Cruz, nunca sucedió.