Hace pocos días el Colegio de Abogadas y Abogadas anunció que, para el “Premio al Abogado y Abogada Distinguido(a)” (así escrito) 2024 habían sido postulados dos varones y entre ellos se haría la elección pues ninguna abogada había recibido nominación.
¿Por qué me genera inquietud el anuncio? Porque evidencia que el Colegio de Abogados y Abogadas carece de una política de género efectiva, por mucho que en el papel tenga algo así llamado y una Comisión nominal dizque para hacerla cumplir. Mi desconcierto tiene relación con el proceso y por supuesto con la responsabilidad que en todo esto le compete al Colegio de Abogados y Abogadas (y a sus Juntas Directivas) que no puede excusarse en el prosaico argumento de que se limita a elegir entre las postulaciones cuando es su competencia emitir las reglas y vigilar por la equidad de estas.
En tesis de principio, el Colegio de Abogados y Abogados debería regirse por el ordenamiento jurídico que juró cumplir. En este hay múltiples instrumentos internacionales que obligan a adoptar medidas efectivas para evitar discriminaciones, las cuales deben permear las reglamentaciones, es decir, los requisitos y forma de las postulaciones para que se visibilicen las mujeres (mayoría en el gremio) y otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas (indígenas, afro costarricenses, personas con alguna condición de discapacidad, etc.). Se violentan los tratados de derechos humanos por acciones, pero también por omisiones.
Pero, como si fuera poco, la noticia me extrañó por razones adicionales:
La primera de ellas fue que para el año 2023, junto a dos varones, fue postulada una gran jurista nacional que, por su propio esfuerzo y el reconocimiento de sus pares, ha escalado posiciones de liderazgo en la más prestigiosa universidad nacional. Pese a ello, el premio se declaró desierto (por la Junta Directiva y no por el Comité de Postulaciones, órgano competente al efecto según el reglamento) alegándose que la normativa que le servía de soporte debía ser modificada pues contenía “ilegalidades”. No obstante, en esta ocasión (en que solo hay varones), se usó el mismo texto objetado un año anterior. ¿Cuál era el defecto del texto reglamentario que impidió evaluar la candidatura de una mujer cuando fue postulada y que se subsanó solo cuando solo varones fueron mencionados? ¿O será que hay razones ocultas en todo esto, que intuimos, pero no son reveladas?
La segunda razón de la extrañeza es que, pese a ser yo colegiada, no recibí, mediante el canal oficial de comunicación del colegio (el correo electrónico o la mensajería telefónica), invitación alguna para postular personas, ni he logrado encontrar publicaciones en redes alusivas al tema, sino que el anuncio se hizo en un periódico nacional de muy limitada circulación, tema este (del no uso de los correos oficiales o registrados) que es bastante recurrente en el Colegio para algunos temas, sin que logremos identificar el patrón del por qué unas cosas se comunican de un modo y otras no.
Además, aquella invisibilización de las mujeres es un patrón constante en el Colegio pese a que las abogadas somos mayoría —para el 14 de diciembre de 2021 las abogadas activas éramos 14656 frente a 13957 hombres—.
Comisiones de trabajo del Colegio de Abogados y Abogadas. Fuente: Aguilar y Casafont (2020)
Ya en una ocasión, ante una denuncia pública que hice sobre las enormes brechas de género en comisiones, paneles, etc., la Junta Directiva anterior me convocó para hacerme saber su buena disposición a rectificar…pero lo único que cambió fue la integración de esa Junta Directiva. A juzgar por la evidencia, las actividades académicas siguen siendo exclusiva o predominantemente masculinas, aunque la calidad y cantidad de los atestados de grandes juristas nacionales (algunas de las cuales menciona otro colega que, sin embargo, no las postuló oportunamente) permita otro hacer.
Afiches promocionales de actividades académicas, Colegio de Abogados y Abogadas (paneles masculinos, lenguaje no inclusivo).
Por último, esta crítica no pretende descalificar los atestados de los colegas mencionados. Ambos me parecen dignos del reconocimiento y destaco, en uno de ellos, su vocación y pasión por la transmisión del saber, acto de generosidad de altos quilates. Por ende, nada de lo que aquí expreso es contra ellos u otros abogados en particular, aunque, idealista como soy, sí aspiro a que juristas que aluden al control de convencionalidad y a los derechos humanos exijan la aplicación del artículo 2.a de la CEDAW: “a) Consagrar (…) en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio” (el destacado es propio). Algo similar al gesto histórico del jurista Carlos José Gutiérrez cuando —en detrimento de las burlas de mayoría de sus colegas y sabiendo la justicia que atravesaba la posición de doña Elizabeth Odio y de doña Sonia Picado respecto a las equiparación de los derechos de hombres y mujeres en la legislación de familia allá en los años 70— no tuvo reparo de solidarizarse y votar la tesis de ellas y aceptar para sí las consecuencias de sus pares. Algo similar a la postura de Marlon Brando cuando, en la ceremonia de premiación de los Oscar en 1973 (concedido a él por su interpretación de El Padrino) se hizo representar por la activista indígena Sacheen Littlefeather para leer el texto en el que aquel criticaba la discriminación que el galardón suponía a las poblaciones indígenas y lo declinaba. Admiro a las personas que hacen lo que deben hacer, cualquiera que sea el costo que eso les suponga y agradezco a los colegas varones que, con la formación y sensibilidad adecuada, se han posicionado públicamente al respecto porque “Una injusticia hecha a uno (a) es una amenaza a todos (as)” (Montesquieu, el lenguaje inclusivo es agregado).
También comprendo y disculpo las reacciones de quienes, tocados en los privilegios o confort propios de una sociedad patriarcal, hacen emerger los lados menos amables del ser humano para insinuar que mi postura está atravesada por malsanas razones personales. ¡Claro que tengo un interés personal! Hace mucho rato aprendí que lo personal es político y a la inversa. En esa medida, emulo las luchas de mis antecesoras (gracias a las cuales gozo de algunos derechos hoy) manteniendo la estafeta para que no haya retrocesos para las futuras mujeres abogadas y que se avance en respeto a la dignidad tanto como nos dejen.
Por eso, no es esta la primera vez, ni será la última, en que me refiera a este tema y para evidenciarlo pueden consultarse los artículos de 2020 Retratos de la Costa Rica del bicentenario (referente a los premios del Poder Judicial, uno de los cuales ya había obtenido décadas antes) y de 2023 Premios Nacionales: una deuda a saldar alusivo a los premios nacionales, para los que no tengo ningún mérito. Lo que no es cierto es que lo haga, ahora, por móviles egoístas o de autobombo. Tengo absoluta claridad que, si algunos premios se me han otorgado, ha sido por la generosidad y cariño de quienes ven en mí méritos que ciertamente no tengo, pero nunca por auto postulaciones o peticiones mías a amigos/as o estudiantes con tal fin.
Mi preocupación no es sino la recogida por la ONU en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Ese debería ser el objetivo que oriente las políticas públicas de los Estados para crear un mundo más equitativo. Esa debería ser la política que inspire al Colegio que agrupa a los y las juristas. Idealista como soy, quiero pensar que se rectificará el sendero, se revisarán las normativas (de premios, becas, comisiones, elecciones, etc.) y se garantizará, en lo sucesivo, la equidad de acceso sin discriminaciones odiosas.
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