Terreno ahora pasa a ser parte formal del territorio indígena en Conte Burica.

La Presidencia de la República, a través de del Ministerio de Justicia y Paz, como ente coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional para Asuntos Indígenas, realizó el primer pago por indemnización a un ocupante de territorio indígena en Conte Burica, de nombre Wilberth Miranda Chaves, con el fin de poner en posesión de esa propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADII) de ese territorio.

La indemnización se dio por un monto de ¢364.827.092, dinero que forma parte del Fondo Indígena creado para la recuperación de territorios indígenas, y una vez que se concluyó mediante el proceso administrativo ejecutado que la persona a indemnizar era ocupante de buena fe, señaló la cartera de Justicia y Paz en un comunicado a la Prensa.

La ley indígena establece que es poseedor de buena fe aquella persona que adquirió ese derecho de posesión antes de que entrara en vigencia la mencionada ley en 1977. Es poseedor de mala fe aquella persona que esté ocupando algún terreno en los territorios indígenas posterior a la entrada en vigencia de la ley. Si una persona demuestra que es poseedor de buena fe, tiene derecho a ser indemnizado por el Estado.

El gobierno destacó el logró como "histórico" debido a que es la primera vez en décadas, que el Gobierno de Costa Rica procede a una indemnización por tierras indígenas.

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, indicó que con esta acción se continúa con el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI), que se presentó en la administración Solís Rivera, a fin de que se dé bajo las vías legales correspondientes.

La escritura fue presentada inmediatamente al Registro Nacional y fue correctamente recibida para que, desde este jueves, ya sea territorio indígena.

El terreno de más 922 mil metros ahora pasa a ser parte oficial del territorio indígena de Conte Burica, ubicado en Puntarenas, y fue formalizado por la presidenta de la ADII, Laura Espinoza Bejarano. 

La Mesa Técnica Interinstitucional para asuntos Indígenas formada por Dinadeco, Ministerio de Seguridad, Inder, Conai, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Unidad Técnica de Consulta Indígena y el Ministerio de Justicia y Paz, en la coordinación de la viceministra de Paz, Ericka Madriz Chinchilla, por su arduo trabajo para que actividades como la de este miércoles sean una realidad.

En octubre de 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, ratificó que el Estado costarricense no debe indemnizar a quienes adquirieron terrenos indígenas después de de la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.

Los magistrados declararon sin lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en relación con el artículo 3 de la legislación el cual indica que:

"Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso". 

Pese a que la ley indica que el Estado no debe indemnizar a los ocupantes de mala fe, en febrero anterior el gobierno anunció se encontraba preparando terrenos para reubicarlos. Con la justificación de "no crear conflicto social" el viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla Pérez, señaló:

Hay niños hay personas con discapacidad, ancianos. No podemos caer un conflicto social, entonces a partir de marzo en en varias fincas que ya están censadas, vamos a hacer un estudio socioeconómico de las personas. Se cuentan con más de mil hectáreas para eventualmente reubicar a estas personas". 

Adelantó que los estudios se llevarán a cabo por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Agregó que ya tienen identificadas las fincas donde se reubicarían a las personas e incluso tienen dinero si hay que comprar alguna.

Lento antecedente

Las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada, impulsaron el Plan RTI), sin embargo, en principio lo habían planificado para concluirlo en el 2023, luego solicitaron una prórroga para finalizar en 2026. En 2022 el entonces presidente del Inder, Luis Diego Aguilar Monge, dijo que no tenían claridad de cuánto terminaría la devolución de tierras realmente.

Argumentó que los problemas normalmente llegaban por poseedores de mala fe quienes judicializan los casos. Dijo que los de buena fe se solucionan en no más de cinco años, pero los de mala fe se calculan cerca de nueve años si se elevan los casos a los juzgados. También añadió que a futuro el avance de las recuperaciones dependerá de los recursos y el interés de los gobiernos.