Representantes de los diferentes territorios del país se reunieron este fin de semana, en un encuentro facilitado por las universidades públicas.
Representantes de los pueblos indígenas del país pidieron al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) que consumen la firma de la Declaratoria: "2024: Universidades públicas con los pueblos originarios", con la cual las instituciones académicas públicas se comprometerán a apoyar a estos territorios en la lucha por el reconocimiento pleno de sus derechos.
La solicitud se realizó el fin de semana anterior, en un encuentro sostenido por representantes de los pueblos Kéköldi, Cabécar, China Kichá, territorios Bribri, Yäbamï dí kátà/Cabagra-Salitre y Brorän/Térraba en los territorios del Caribe Sur de Costa Rica. Dicho encuentro fue facilitado por las universidades y sus proyectos que trabajan con esta población, en el marco del proyecto “Pueblos Originarios-Universidades Públicas (POUP)" del CONARE.
Este fue el segundo encuentro, luego de que del 17 y 18 de marzo de pasado los cinco rectores de las universidades acudieran a los territorios de China Kichá, Térraba y Salitre, para reunirse con la representación territorial.
El objetivo del proyecto es construir el texto de la declaratoria, el cual será analizado por los rectores en la sesión del CONARE del día de mañana, martes 21 de noviembre, un espacio en el que se espera que estos voten el texto afirmativamente.
Representantes de los territorios indígenas de todo el país se reunieron este fin de semana en el Caribe Sur.
Compromisos de la declaratoria
El objetivo de la declaratoria es que CONARE genere acciones para que durante 2024 (el cual con esta firma sería declarado el año de los pueblos originarios en las instituciones académicas), los pueblos y las universidades inicien un proceso de trabajo sobre recuperación de derechos y generación de respuestas ante los múltiples conflictos que enfrentan las poblaciones originarias.
Así, la declaratoria comprometería a las universidades a realizar encuentros entre los diferentes pueblos, como el de este fin de semana; así como espacios que propicien intercambios, diálogos y negociaciones sobre las problemáticas de cada territorio, en espacios como el Encuentro nacional interuniversitario y el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, este último pensado como un congreso sin academia en el que los pueblos podrán conversar entre ellos para comprender de mejor manera las realidades de cada uno, las cuales comparten problemas comunes como el de tenencia de tierras.
La declaratoria también compromete a las universidades a que consideren, dentro de los currículums universitarios y de su oferta académica, los conocimientos, sabidurías y derechos de estos pueblos pues, por ejemplo, parte de los reclamos de las poblaciones es que su cosmovisión no es considerada por aquellos profesionales que toman decisiones que les afectan directamente, como jueces o abogados, lo que influye directamente en conflictos complejos, como los territoriales.
Para cumplir una política como la anterior es necesaria la participación de las propias personas indígenas, no solo como estudiantes sino también como docentes, y eso también es parte de los compromisos de la declaratoria.
El texto también compromete a CONARE a garantizar la formación de profesionales indígenas según las necesidades de los propios pueblos, a establecer servicios estudiantiles que contribuyan a superar las barreras de inclusión y las discriminaciones y a incluir a estas poblaciones en las propuestas universitarias y de otras instituciones.
También se solicita que se vincule al Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) mediante la representación del CONARE; y que se den servicios específicos para los pueblos como el de apoyo psicológico a las personas indígenas recuperadoras.
Los recursos para todas estas actividades, según señala la declaratoria, serán aportados por el CONARE de acuerdo con un plan de trabajo y presupuesto que se generará una vez esté firmado el documento.
La lucha ngäbe contra la bananera, la discriminación y la desidia estatal
Reunión de la representación indígena en la escuela Líder Daytonia, en Sixaola.
El encuentro de este fin de semana se desarrolló en dos puntos principales: en la sede de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Bribri (ADITIBRI); y en la escuela Líder Daytonia, en Sixaola.
En los dos encuentros los representantes pudieron exponer sus problemáticas a los otros territorios, así como posicionar situaciones complejas como las que afrontan los pueblos kéköldi y los ngäbe.
El pueblo ngäbe es el único grupo indígena en Costa Rica que no tiene territorio propio. Las más de 10 mil personas que forman parte de esta etnia transfronteriza (pues sus habitantes viven y han nacido a ambos lados de la frontera entre nuestro país y Panamá) habitan principalmente en casas y propiedades de empresas bananeras que les emplean (en condiciones ampliamente cuestionadas) y les dan vivienda.
Este también es el pueblo que, hasta hace apenas unos años, empezó a recibir cédulas de identidad que los acreditan como costarricenses pues, debido a su condición transfronteriza, el Estado tico no les daba servicios básicos de acceso a educación, salud y otros.
De ahí que desde 1996 los representantes de este pueblo estén luchando por el reconocimiento de sus derechos con el tema de la cedulación; con el de la mejora de sus condiciones laborales (pues, por ejemplo, una de las bananeras que han dominado esa zona se declaró en quiebra en el 2005 y se fue del país sin honrar liquidaciones a ninguno de los trabajadores, lo que los tiene en un conflicto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde entonces); si no también porque el Estado costarricense les reconozca un territorio como suyo.
En esta vía es que el pueblo reclamó, hace apenas tres meses, que el gobierno de la República no ha cumplido su promesa de campaña de darles territorio, además de que en la conferencia de prensa del pasado 9 de agosto, el presidente Rodrigo Chaves Robles estaba improvisando con el tema y, además, confundiera a sus habitantes con el pueblo maleku para luego decir que no sabía pronunciar el nombre de su pueblo.
Pues bien, en el encuentro del pasado sábado el presidente de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Federico Abrego Abrego, señaló que:
Lo que nosotros estamos solicitándole al gobierno es que nos cumplan nuestros derechos porque nosotros no hicimos la frontera, la hicieron los europeos cuando vinieron a saquearnos a nosotros. Nosotros, como somos pobres, no tenemos más opción que alinearnos a las leyes que nos impusieron ellos y por eso es que tenemos que seguir luchando".
Además de ATIGUSI, el pueblo ngäbe también está representado por la Asociación de Trabajadores Productores Indígenas Afines de Sixaola (ATPIS) y por la organización de mujeres Meri Dirigä Ngäbe. Estas tres fueron las que, en marzo pasado, presentaron un proyecto de territorio al Ejecutivo que solicita que se les entregue un terreno ubicado cerca de la antigua finca platanera Zavala, el cual quedó abandonado tras la salida de la bananera y que también se compone de tierras del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y del Banco Popular.
Este terreno está ocupado, en este momento, por personas nicaragüenses que se apropiaron de las tierras y por esa razón, que también ha complicado el ambiente para los ngäbe, es que el pueblo pide respuesta del Ejecutivo.
Según señaló el líder Manuel Palacios Baker:
El Gobierno prometió que iba a venir a ver la zona pero fueron al terreno sin nosotros y nos dieron unos papeles con un mapeo que no conocemos. El Gobierno frente a la prensa nacional se comprometió a ayudarnos pero hace falta mucho más".
Además, aprovechó para denunciar las condiciones laborales en las que están trabajando:
Los niños que viven aquí son ticos y la empresa los tiene en muchos casos sin agua y sin luz como represalia por nuestras protestas. Es por eso que necesitamos territorio".
Los líderes también denunciaron que quienes protestan reciben menores pagos y que las jornadas de los trabajadores no son respetadas, principalmente de aquellos que están expuestos a agroquímicos y fertilizantes, entre otras problemáticas.
Según la presidenta de la Asociación Meri Dirikä de Mujeres Ngäbe, Thalía Jiménez Tomas:
Lo hemos conversado con las compañeras de la asociación: nos están matando poco a poco con tanto químico. ¿Por qué nuestros jóvenes no llegan ni a los 25 años? Porque nos rocían esos químicos día y noche ¡oiga la avioneta que está pasando justo ahorita! Y cuando pedimos permiso para ir al Ebais, nos gritan que no porque no hay relevo. Nos están matando".
En este momento el programa Kioscos Ambientales de la UCR, en conjunto con el de Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho de esta universidad, están trabajando por encontrar y delimitar un terreno para este territorio.
"La lucha es similar, los problemas son similares: debemos unirnos"
Reunión de la representación indígena en la sede de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Bribri (ADITIBRI).
El otro caso complejo que dominó la agenda de la gira del fin de semana fue el del territorio Kéköldi.
Aquí, en diciembre de 2019, una resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la acción interpuesta por la Asociación de Desarrollo Integral de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi, en la que los accionantes solicitaron la restauración de los límites originales del territorio, determinada por el decreto número 7.267 del 20 de agosto de 1977.
Este establecía que los límites de este territorio llegaban hasta el sector de playa Cocles, es decir, que tenían más de 1000 hectáreas de terreno extra que las que tienen actualmente. Esas mil hectáreas, sin embargo, hoy están llenas de casas de habitación y actividades comerciales que pasarían a pertenecer a territorios indígenas con todas las prohibiciones que aplican en estos casos, pues la Ley Indígena 6172 de 1977 establece que los terrenos de los territorios indígenas son "inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan", al tiempo que agrega que:
Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros".
El pueblo indígena de Kéköldi reclamó, este fin de semana, la desidia de parte de instituciones como el INDER que aún no finaliza la delimitación territorial correspondiente a esa resolución, al tiempo que se reprocha que las decisiones se han tomado desde una perspectiva no indígena, pues los encargados ni siquiera conocen a profundidad el terreno.
En esta vía y tras escuchar las problemáticas de los diferentes pueblos, el dirigente Brorän/Térraba, Pablo Sivas Sivas, aprovechó el encuentro para hacer un llamado a los territorios a unirse para luchar por los problemas de cada territorio que "son similares":
Todo lo que hemos dicho en este encuentro tiene un único culpable: el Estado. Por eso se requiere un proceso de trabajo que permita, con esta voluntad de las universidades, el darnos más arraigamiento indígena. La lucha es similar, los problemas son similares y por eso debemos unirnos".
A su vez, la lidereza y recuperadora de tierras de China Kichá, Doris Ríos Ríos, reclamó que el Estado no entiende las necesidades de los territorios y que "por eso es importante este trabajo con las cinco universidades":
Lo que nos ha faltado a los territorios es tener unión y comunicación. Al Poder Judicial y al Ejecutivo no les interesamos, no entienden nuestras necesidades. Eso fue lo que llevó a las recuperaciones porque un indígena sin tierra no existe. La tierra es la base de nuestra existencia. En China Kichá, antes de las recuperaciones no teníamos ni una mata de banano; pero uno de los principales problemas que tenemos ahora es que los jueces de tierras ven esto como un tema agrario, nos hablan sin conocer lo que significa la tierra para nosotros y desde su visión colonialista. Por eso este trabajo de unión es importante".
De ser aprobada la declaración este martes, los territorios seguirán reuniéndose para avanzar en esta agenda conjunta.
