Mideplán advierte que se reserva derecho de entablar denuncias en caso de incumplimiento.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) advirtió a la Universidad Técnica Nacional (UTN) que tiene un mes para corregir una serie de irregularidades en el otorgamiento de incentivos salariales, bajo la amenaza de que, en caso de incumplimiento, solicitará a la Contraloría General de la República que no autorice el presupuesto institucional de esa casa de estudios.
La advertencia consta en una carta firmada por la ministra Marta Esquivel Rodríguez el pasado 17 de junio, enviada a la Comisión Nacional de Rectores (Conare) y a la Contraloría y Procuraduría General de la República, de la cual Delfino.cr tiene copia. En el documento, Mideplán detalla una serie de prácticas incompatibles con la Ley Marco de Empleo Público, entre ellas el pago de incentivos excluyentes entre sí, beneficios sin fundamento legal, y la aplicación de reglamentos institucionales que no respetan el marco normativo vigente.
Uno de los casos señalados es la coexistencia del incentivo por prohibición con el incentivo por dedicación exclusiva. Según la ley, estos beneficios son excluyentes, por lo que su pago simultáneo constituye una violación de la normativa. También se menciona que se ha estado pagando un incentivo por condiciones de trabajo médico, creado por la propia UTN, sin contar con sustento legal y sin estar debidamente incorporado al Manual Institucional de Puestos.
A juicio de Mideplán, la universidad ha mantenido el reconocimiento de una serie de incentivos "atípicos", como carrera profesional, discrecionalidad, disponibilidad y anualidades, sin contar con registro ante la Dirección General de Servicio Civil ni validación previa del Ministerio. Estas erogaciones, sostiene la ministra, no solo carecen de respaldo legal, sino que implican un uso indebido de recursos públicos.
El documento también cuestiona el Reglamento de Dedicación Exclusiva vigente en la UTN, al que califica como carente de fundamento jurídico y contrario a los principios establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Según Mideplán, este reglamento ha dado pie a que se otorguen beneficios salariales sin evaluación técnica ni criterios objetivos, mediante actos administrativos emitidos por las propias autoridades universitarias, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales.
La ministra advirtió que si en el plazo de un mes la UTN no toma las medidas correctivas necesarias, el Ministerio procederá a solicitar a la Contraloría General de la República que no autorice el presupuesto institucional de la universidad hasta que esta se ajuste plenamente al marco legal vigente. Además, el Mideplán dijo que se reserva el derecho de presentar denuncias ante la Contraloría, la Procuraduría de la Ética Pública y el Ministerio Público por las posibles responsabilidades derivadas del uso indebido de fondos.
La carta también pide a la institución a corregir los actos administrativos que hayan autorizado pagos irregulares, de modo que los funcionarios que recibieron pagos indebidos devuelvan esos reecursos.
El 5 de junio anterior, el diputado socialcristiano Carlos Andrés Robles denunció que en la UTN se repartieron más de 436 millones de colones en pluses salariales entre los años 2022 y 2024 a 25 funcionarios de altos mandos.
Según el legislador estos funcionarios se ampararon en resoluciones internas y movimientos administrativos cuestionables, sin que existiera una supervisión efectiva por parte de la Contraloría General de la República.
Esto es un festín salarial en una institución financiada con los impuestos de los costarricenses, mientras miles de estudiantes enfrentan condiciones precarias, sin conectividad, sin materiales y con docentes sobrecargados".
Otros casos
Adicionalmente, la ministra del Mideplán solicitó a la Universidad Nacional (UNA) que informe en un mes plazo las acciones ejecutadas o previstas luego que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitiera para su estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la contralora general de la República, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, contra varios artículos del Reglamento del Régimen de Prohibición de la Universidad Nacional, por estimarlos contrarios a principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.
El órgano contralor señaló que el reglamento en cuestión impone inhabilitaciones al ejercicio de profesiones liberales sin estar respaldado por una norma de rango legal. Advirtió, además, que se otorgan al Consejo Universitario facultades discrecionales para determinar en cualquier momento qué funcionarios deben someterse al régimen de prohibición, lo que —a su juicio— implica una restricción ilegítima de la libertad de trabajo.
Asimismo, la Contraloría cuestionó que la UNA prohíba el ejercicio liberal de la profesión a funcionarios no dispuestos por ley, lo que implica que hay que pagarles la compensación salarial correspondiente, de manera indebida.
Respecto a la Universidad de Costa Rica, Mideplán solicitó a la UCR enviar en un mes plazo un informe detallado sobre las deficiencias presentadas en la construcción de edificios en varios campus, entre ellos el Edificio de la Escuela de Tecnologías en Salud, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, el ciclotrón, el nuevo edificio de la Escuela de Artes Musicales, el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer, y el edificio de Aulas y Laboratorios de la Sede del Atlántico.
Las situaciones presentadas en tesis de principio, han generado una serie de costos adicionales en mantenimiento y reparación de cada uno de dichos recintos, lo cual pudo haberse evitado en caso de que hubieran existido procesos adecuados de inspección y detección de incumplimientos contractuales por parte de las empresas constructoras".
