Es indudable que estamos viviendo la peor crisis de seguridad de la historia del país. Este tema debería motivar a la unión nacional, generando un equipo entre los bloques políticos y las instituciones competentes para poder dar una salida fuerte y coordinada a la principal preocupación de la ciudadanía. Las causas de esta situación son diversas, multifacéticas y —la mayoría— estructurales, tales como el desempleo, la exclusión social, el apagón educativo, la falta de recursos institucionales y la desmejora de los servicios sociales estatales.
Sin embargo, el principal factor que explica la situación actual obedece más que a las causas citadas a un elemento peor: la falta de liderazgo, ideas y capacidad del Gobierno de la República. Es harto sabido y ha salido a la luz —con especial énfasis en las últimas semanas— que el presidente no tiene idea de cómo atender esta situación y este vacío es el que más peligro está generando para evitar caer en la bancarrota social.
Ante esta situación y frente a la crisis actual, el peor escenario es continuar con la política de reclamos y de nulas de alternativas. Este vacío de propuestas lo que alimenta es el llamado a la salida fácil: recurrir al populismo de siempre. El problema actual no pasa por las leyes penales ni por los centros penitenciarios, y menos se resuelve con la ficticia declaratoria de emergencia nacional o con medidas restrictivas a los derechos fundamentales de la población. Las soluciones deben ser largas, estructurales, de mediano plazo y, sobre todo, requieren de dinero e inversión pública.
Ahora bien, dejando de lado las críticas, hay buscar propuestas democráticas, lejanas al populismo punitivo, que hayan demostrado ser efectivas y estén basadas en evidencia. Frente a este escenario, quiero proponer siete ideas para empezar a atender la crisis actual:
Retornar a los megaoperativos. Los megaoperativos desplegados en la administración anterior permitieron reducir y contener los homicidios durante cuatro años y demostraron mejorar las condiciones de seguridad. Esta estrategia, basada en la unión de todos los cuerpos policiales, que perseguía objetivos identificados y basado en inteligencia, puso un límite a las disputas entre bandas y generó que las organizaciones criminales no pudieran actuar con libertad y tranquilidad. En este momento, podemos ver como los sicarios no tienen preocupación de la respuesta policial y, por ende, actúan a plena luz del día, cerca de delegaciones policiales y escuelas y andan con armas de grueso calibre. Esa sensación de tranquilidad de los mini-carteles costarricenses debe ser una de las prioridades operativas para reducir los homicidios del país.
Restablecimiento del Centro de Operaciones Conjuntas. Esta semana se pudo ver cómo han caído drásticamente los decomisos de droga y dinero en el último año. Eso es claro indicador de que las organizaciones criminales están lucrando con facilidad. Del 2018 al 2021 los decomisos de droga no dejaron de subir y se posicionaron como los años récords en decomisos. Eso se debió, en gran parte, a la instalación del Centro de Operaciones Conjuntas que permitió coordinar las operaciones policiales de aire-mar-tierra para evitar el ingreso de droga al país. Lamentablemente, al inicio de esta administración, ese equipo se desmanteló y eso explica la caída drástica de los indicadores. Es clave evitar que la droga ingrese al país, pues esto fortalece las ganancias de las estructuras criminales y aumenta las plazas en disputa.
Reforzamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas. Desde su creación, el ICD ha sido un actor clave en la lucha contra el crimen organizado. Siempre su director era una voz presente en la discusión pública en temas de seguridad y sus direcciones tenían enormes responsabilidades en luchar contra el narcotráfico y la legitimación de capitales. Ahora parece una institución fantasma, inexistente en la discusión actual y, para peores, carga con el antecedente de haber nombrado a un director que tenía familiares directos involucrados en narcotráfico. Es necesario que el ICD vuelve a tener un papel de liderazgo en la actual crisis, con un director que sea parte coordinadora de la lucha contra la inseguridad y ejercitando sus herramientas para debilitar al crimen organizado.
Ampliar y fortalecer la jurisdicción de capitales emergentes. Tal vez la herramienta más importante y subutilizada hasta el momento es hacer uso de la normativa de capitales emergentes presente en la Ley contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754). Esta normativa, puesto en sencillo, permite que los bienes que no puedan justificar su origen le sean quitados a la persona que los posee. Es decir, todas las propiedades y vehículos que poseen las estructuras del crimen organizado podrían quitárseles con un proceso rápido, efectivo y que ataca a donde más le duele a los criminales: sus bienes y dinero. Si se ataca el ánimo de lucro, se ataca al corazón que permite que las estructuras crezcan y se fortalezcan. Ese debería ser el pilar central para atender la actual crisis. Sabemos que los procesos penales son largos, por eso, esta alternativa puede empezar a rendir frutas a un plazo más corto.
Retorno a los programas de seguridad comunitaria. Junto con las anteriores acciones operativas y de contención, es necesario retomar y fortalecer las acciones preventivas que permiten construir las soluciones a largo plazo. Una medida inicial es ampliar y fortalecer los exitosos programas de seguridad comunitaria, para involucrar a las comunidades, capacitarlas y transformar los barrios en entornos seguros, que recuperen los espacios públicos y permitan aumentar la tranquilidad en los hogares.
Ampliar horarios y servicios de los colegios. Una de las medidas que puede tener mayor impacto en el mediano y largo plazo, es convertir a los colegios en los epicentros de presencia adolescente. No visto como la obligación de asistir a clases, sino como el lugar donde las personas adolescentes se queden luego de estas. Es necesario mejorar la infraestructura y oferta educativa para que al final de las clases, los estudiantes puedan acceder a clubes de deporte, arte y cualquier manifestación cultural y de ocio que eviten salir del centro educativo. Los colegios son entornos protectores, y es preferible que los adolescentes se queden ahí, a que estén en la calle, siendo presa fácil de organizaciones criminales. Además, este tipo de actividades puede facilitar la permanencia educativa y evitar aumentar los números de expulsión escolar. El modelo ideal sería crear más centros cívicos por la paz, pero debido a la altísima inversión que implicaría cada uno, sería una buena idea aprovechar parte de la infraestructura educativa existente y convertir cada colegio en un mini-centro cívico.
Fortalecer las condiciones del modelo semi-institucional. Finalmente, no se puede obviar que el Sistema Penitenciario también debe estar en la ruta, pero no desde la visión tradicional de construir más espacios carcelarios (Costa Rica no ha dejado de ampliar sus espacios a lo largo del siglo XXI). Debe ponerse en la mira las alternativas semi-institucionales, las cuales tienen enormes oportunidades de mejora. Buscar ampliar estos espacios, con más personal que dé mejor seguimiento y aplique novedosas metodologías de intervención, es esencial para una adecuada reinserción social de las personas privadas de libertad. Al final, lo que queremos es que las personas que egresan de prisión no vuelvan a reincidir y, para ello, esta etapa es determinante.
Un grito de sentido común
Junto a las anteriores propuestas, resulta evidente que los recursos no están alcanzando. Es urgente que la primera respuesta sea ampliar el presupuesto para los cuerpos policiales. Y no, ese presupuesto extraordinario que presentó el Poder Ejecutivo resulta ampliamente insuficiente. Es crucial que los recursos del impuesto de personas jurídicas lleguen al Ministerio de Seguridad, pero aun dando todo lo recaudado va a seguir faltando. Se está volviendo inminente discutir la aprobación de nuevos recursos, porque las plazas, equipos y tecnología policial están en números críticos. Es necesaria la aprobación de una nueva carga impositiva para financiar las propuestas presentadas en este artículo. Esta alternativa es casi de sentido común y es la acción más inmediata que se puede tomar.
Es momento de acciones, propuestas y diálogo nacional. El Gobierno de la República debe asumir su rol de liderazgo y propuesta, porque —como diría Serrat— están “jugando con cosas que no tienen repuesto”.
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