Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el refrán, y cerramos el mes patrio con la buena noticia de que el Plenario Legislativo aprobó la creación de una comisión especial de reformas electorales. La comisión será presidida por el diputado Fabricio Alvarado y la secretaría estará a cargo del diputado Felipe García. Andrea Álvarez, Katia Rivera, Antonio Ortega, Paola Nájera y Gilberto Campos, son las diputadas y diputados que completan la designación. En el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) celebramos ese paso, que solicitamos al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, cuando presentamos nuestros cuatro proyectos de reforma en marzo pasado.
La reforma electoral, dado lo medular de su objeto, debe acometerse aferrándose, como Odiseo al mástil, a tres principios rectores, a efectos de no sucumbir a tentaciones tan melódicas como engañosas. En primer lugar, conviene proceder con un firme sustento técnico. La diferencia entre las ocurrencias de coyuntura y las propuestas serias no está en la nobleza de los objetivos, que suelen estar más que justificados y animados por las mejores intenciones. La diferencia está en el sustento teórico y empírico de las soluciones, a la luz del conocimiento acumulado en la academia y en la experiencia comparada. El acompañamiento técnico del TSE a la comisión legislativa se basa en tres cuartos de siglo organizando solventemente procesos electorales y en el aprendizaje de 40 años de cooperación técnica con nuestros pares en la región y en el mundo.
En segundo lugar, la reforma electoral debe realizarse siempre con mirada sistemática. El fenómeno electoral es vertebrado en cada país por un sistema, el sistema electoral, lo que significa que sus distintos elementos no funcionan (ni tienen las mismas consecuencias) independientemente del resto, sino que, por el contrario, cada pieza del engranaje provoca unos u otros efectos dependiendo de su interrelación con las demás. Esto significa que la más adecuada de las reformas a un aspecto del sistema, puede desencadenar consecuencias indeseadas en otros, de modo que, como dice el dicho, el remedio salga peor que la enfermedad. Por eso es importante que, más allá de la buena intención de resolver tal o cual problema aislado de nuestro sistema electoral, hagamos el análisis prospectivo y de conjunto respecto del impacto que dicho cambio tendría sobre, por ejemplo, el sistema de partidos, la integridad del financiamiento partidario o la paridad de género.
En tercer lugar, la reforma electoral debe emprenderse con altura de miras pluralista (porque el pluralismo es el hecho constitutivo de las sociedades modernas y de la democracia liberal). Esto demanda que en el proceso de discusión y negociación prime el espíritu de consenso pluripartidario, conscientes, todos los actores, de que al estarse definiendo reglas que configuran la competencia política en el país, debemos contar con todos y construir generosamente a partir de lo que compartimos, que, estoy segura, es muchísimo más que lo que nos distancia. Razón adicional, por cierto, para pisar el acelerador del trabajo de la comisión antes de que se aproxime el proceso electoral 2026 y aumenten los incentivos para que los partidos acentúen aquello que los distingue y, por ende, diferencia.
Si se observan celosamente esos tres principios, confío en que esta Asamblea Legislativa podrá hacer los ajustes que tanto requiere nuestra legislación electoral. El TSE, tras un concienzudo análisis de lo que nos han señalado las misiones de observación electoral, expertos internacionales y nacionales en materia electoral, la academia, los partidos políticos, la prensa y nuestra propia experiencia sobre el terreno, formuló cuatro proyectos de reforma sobre tres temas acuciantes.
Un proyecto de reforma constitucional y otro de reforma legal sobre financiamiento partidario (expediente 23.883). Una serie de medidas tendientes a un modelo de financiación más austero, más transparente, más equitativo y más oportuno, respondiendo, así, a déficits de nuestra regulación actual resentidos por los ciudadanos (que aspiran a un uso más comedido de los recursos públicos), por la prensa (que sabe de la importancia que el control del poder tiene para la preservación de nuestra libertad), por la academia y la observación internacional (que insistentemente han apuntado a la inequidad en la contienda como mácula de nuestros procesos electorales), y por los partidos políticos (que sufren en carne propia los apuros de no contar con los recursos para cubrir sus gastos de campaña cuando estos ocurren, que es durante las campañas).
El segundo gran tema es el tocante al sistema de partidos políticos (expediente 23.884). No existe democracia liberal del mundo en la que estos no sean un actor protagónico. La representación política se construye sobre la base de su articulación en la sociedad. En Costa Rica ya alcanzamos la excepcional cifra de 160 agrupaciones inscritas, pero el dato más negativo es que el 80% de los costarricenses no se identifica con ninguna. Los cambios que proponemos están orientados a que contemos con partidos con un vínculo representativo más fuerte con los costarricenses, a que no existan más partidos de papel (sino que los que estén tengan, realmente, vida interna), a que no haya zonas geográficas del país sin voz en esas estructuras, a que los partidos no se conviertan en negocios familiares de sus dirigentes, y, por último, a que esas dirigencias deban estar más atentas a las preferencias políticas de sus bases.
El tercer desafío que decidimos encarar en nuestra propuesta es el del impacto de las nuevas tecnologías digitales en los procesos electorales (expediente 23.885). En todo el mundo se han constatado los riesgos de desinformación, polarización y violencia política que entrañan. Pretendemos que las plataformas digitales se hagan responsables de su potencial uso delictivo (por ejemplo, para canalizar dinero del crimen organizado en las campañas electorales), y que no se pueda difundir propaganda desde cuentas, páginas y perfiles que oculten la verdadera identidad de sus responsables, porque en democracia los ciudadanos tienen derecho a saber quién está invirtiendo dinero en la política.
No dudamos que estas propuestas pueden enriquecerse con el aporte inteligente y patriota de nuestros legisladores. Nosotros en el TSE, hemos puesto en sus manos los planos constructivos de una gran obra que, si la logramos levantar, será porque entre todos y todas pusimos nuestro amor por este país y su democracia por encima de agendas particulares e intereses partidistas. Podemos hacerlo. Nos lo debemos a nosotros mismos. Se lo debemos, sobre todo, a las nuevas generaciones de costarricenses que tienen derecho a heredar, al menos, un régimen de libertades y respeto a la dignidad humana como solo la democracia puede sustentar.
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