Informe de Incopesca señala limitaciones en personal y presupuesto.
El Departamento de Investigación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) reconoció limitaciones en los estudios de pesca de arrastre que se llevan a cabo en el país desde marzo del presente año.
En las conclusiones de un informe de avance de la investigación, del que este medio de comunicación tiene copia, se detalló que:
Existen limitaciones en cuanto a personal y presupuesto para poder cumplir con los objetivos tanto de este proyecto como de las actividades ordinarias del Departamento de Investigación.
Los estudios que lleva a cabo la Administración Chaves Robles tienen como principal fin determinar si hay o no sostenibilidad de la pesca de camarón bajo un arte de pesca llamada AA Costa Rica.
Dentro de sus intenciones están documentar la composición de la captura de especies objetivo y de fauna de acompañamiento (FACA), y determinar la proporción de esta con los camarones. También conocer la estructura de la población de las especies de camarón en términos de proporción sexual, tallas, pesos y fases de desarrollo, así como evaluar la dinámica poblacional de las especies objetivo en cuanto a su crecimiento, madurez, mortalidad y migración; además de caracterizar la variación espacio-temporal de los indicadores de la pesquería (como distribución, abundancia, estructura) para intentar conocer su disponibilidad y susceptibilidad de captura, entre otros.
Entre otros aspectos el Departamento de Investigación de Incopesca señaló que las embarcaciones que han realizado viajes al Pacífico Norte han tenido más captura de fauna de acompañamiento en relación al camarón. Delfino.cr, consultó sobre las implicaciones de las limitaciones, sin embargo al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
En un comunicado a la prensa, publicado este 22 de setiembre, la organización MarViva identificó que Incopesca realizó cambios sustanciales, que no constan en acuerdos de la Junta Directiva, en la ejecución del estudio para la pesca de camarón, mediante el establecimiento de una “fase piloto de pre-muestreo” para los primeros tres meses, entre abril y junio.
Los resultados esperados de esta primera fase, y por los cuales se ajustó la metodología inicialmente aprobada, tampoco constan en el informe de avance de la investigación que Incopesca presentó a su Junta Directiva el pasado 15 de agosto, pese a que dicho informe pretendía reportar la ejecución de ese período de pre-muestreo, criticaron.
En el documento de avance también omitieron reportar los señalamientos realizados por los observadores a bordo designados durante esos primeros tres meses de la investigación, los cuales se refieren a graves erroes que invalidan los datos de desembarcos reportados, según indicó la organización que tiene conocimiento de más detalles del expediente general de la investigación de arrastre.
Agregaron que, por ende, los cálculos aportados en el informe sobre la fauna de acompañamiento pescada incidentalmente son erróneos.
Entre las consideraciones identificadas por los observadores, rol que durante dichos meses estuvo a cargo de los propios funcionarios de Incopesca, resaltaron los cuestionamiento sobre la desobediencia de los capitanes y tripulación de las embarcaciones de acatar los lineamientos. Por ejemplo, se indica que:
“El capitán ha manifestado que él solo sigue indicaciones del armador y no del INCOPESCA y que su prioridad es producir” o que “los tripulantes no acatan la obligación de mantener toda la fauna de acompañamiento a bordo el tiempo suficiente para anotar el valor del peso del producto”..
Enfatizaron que se ha dado, de manera reiterativa, la práctica de “flotar” el pescado antes de subir la red a cubierta. Marviva explicó que esto implica la salida de los organismos, de manera que son pesos que no se logran cuantificar.
Adicionalmente, señalaron que hay reportes de que el equipo utilizado a bordo no es adecuado, tal es el caso de los tipos de balanza que se utilizan, sobre las cuales el observador a bordo o funcionario de Incopesca menciona “se recomienda tener claridad de que en todos los casos la balanza utilizada tiene un error alto”.
Al respecto, la gerente de incidencia política de MarViva, Katherine Arroyo, comentó:
Incopesca sigue faltando a su deber de diligencia. Estas y otras inconsistencias que siguen bajo análisis de Fundación MarViva sugieren que los objetivos de la investigación, que ya es deficiente desde su planteamiento inicial, no se están cumpliendo. Los pocos datos brindados evidencian que las capturas reportadas en el informe no guardan relación con la realidad de lo que pasa en las faenas de pesca”.
En cuanto a las condiciones de trabajo y seguridad, la organización añadió que los observadores han reportado incidentes que atentan contra su seguridad e integridad.
Por ejemplo, compartieron que en folios del expediente constan recomendaciones como la de contar con un lugar adecuado para las necesidades íntimas de cada personas, además de tener agua embotellada y medicamentos de parte de la institución o bien un botiquín de primeros auxilios.
En otro caso mencionaron que “El trabajo continuo sin descanso día y noche no es adecuado para trabajar en la investigación, esto puede afectar la salud e integridad del observador abordo y también afectar el desempeño del trabajo (muestreo) a realizar por este, también la tripulación se ve agotada y esto puede ocasionar incidentes entre personas a bordo por estados de ánimo o más grave un accidente en maniobras con lesiones graves o muerte incluso …”
La actual fase de la investigación, lejos de mejorar la situación, la ha empeorado pues involucra otro perfil de observadores a bordo: personas sin ninguna experiencia pesquera, subcontratadas a través de la Empresa de Servicios de Mantenimiento y Seguridad, SEMANS, S.A., para los cuales el único requisito pertinente exigido es contar con educación media completa, compartió Marviva. Arroyo amplió:
Lejos de resolver las deficiencias de rigurosidad científica observadas en “la fase piloto de pre-muestreo” la actual fase ha bajado aún más los estándares científicos de la investigación. Millones y millones de colones de los fondos públicos se están usando en un “estudio” que está trayendo destrucción a los ecosistemas marinos y no generará información científicamente válida o concluyente”.
El 23 de marzo el Gobierno autorizó oficialmente el inicio de nuevos estudios sobre pesca de arrastre, con el permiso respectivo para ocho embarcaciones camaroneras. En estos participan personeros de Incopesca, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y expertos del Sistema de Áreas de Conservación (Sinac).
En el informe de avance la entidad encargada de la Pesca y Acuicultura en el país detalló que capacitaron funcionarios de la institución para la colecta de datos a bordo de las embarcaciones. Además, el 1 de julio se realizó la contratación de una empresa que brinda servicios de observadores a bordo, los cuales fueron capacitados por funcionarios del mencionado Departamento de Investigación para la colecta de información a bordo.
En total capacitaron a 21 personas, de las cuales cinco realizan viajes de investigación, mientras que los demás se encuentran a la espera de que se les asignen viajes. En las descargas de producto estuvieron presentes funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Adicionalmente, en el informe Incopesca comunicó que la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (UNA) rechazaron ser parte del proyecto. En contraparte la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA manifestó interés de colaborar, específicamente en el componente socioeconómico.
Situaciones ya señaladas
En junio anterior la Fundación MarViva presentó una demanda contra Incopesca con el objetivo de detener los estudios de arrastre.
En sus argumentos señalaron que la institución rectora de la pesca en Costa Rica incumple con los requisitos exigidos por la Sala Constitucional referentes a los componentes mínimos que debería contemplar una investigación científica que pretenda analizar la viabilidad social, económica y ambiental de la pesca de arrastre en Costa Rica.
En dos sentencias de la Sala, puntualizaron que se reiteró que para restaurar la pesca de arrastre se debía demostrar aspectos como una reducción significativa de la captura incidental; ser coherente con el desarrollo sostenible democrático y contemplar factores como las interacciones ecosistémicas; contaminación; capacidad de regeneración y población afectada entre muchos otros; aspectos que no fueron tomados en cuenta por el ente rector en materia de pesca, según la denuncia.
Para ese momento el director ejecutivo de Fundación MarViva, Erick Brenes, declaró que la investigación en curso, tal cual ha sido planteada, no va a generar la información científica que, en el discurso de los jerarcas de Pesca y Ambiente y Energía, sería el motivo de su ejecución.
Mientras tanto, el país malgasta fondos públicos en un estudio sin rigor científico, ni controles, que no arrojará conclusiones de valor y, más bien, perjudica a los ecosistemas, a la biodiversidad, los fondos marinos y la economía de pescadores artesanales.
Brenes agregó que la propuesta de Incopesca agrupó deficiencias como metodologías desactualizadas, personal no idóneo, sin fundamento técnico y cuyo planteamiento no permitirá generar los datos que se pretenden obtener.
En MarViva criticaron la red de arrastre AA Costa Rica debido a que se trata de la misma arte de pesca que se planteaba en el proyecto de ley vetado en la administración Alvarado Quesada, comentó la gerente de incidencia política de MarViva, Katherine Arroyo. En ese entonces se explicó que era impreciso e imprudente afirmar que la red sea viable ambientalmente, como se quiso dar a entender por las autoridades de este gobierno nuevamente.
Anteriormente la UCR también rechazó los trabajos al señalar que "carece de la rigurosidad científica". El científico de la institución académica, Ingo Wehrtmann y el investigador en ciencia pesquera, Mauricio Ibarra, justificaron que la propuesta tiene "lagunas metodológicas".
Pese a que MarViva estimó que los estudios costarán, al menos en el primer año, más de 126 millones de colones que saldrán del bolsillo de todos los costarricenses, en la organización indicaron que no hay certeza de los costos totales de la investigación.
Agregaron que tampoco hay una limitación establecida en cuanto a las ganancias que el sector camaronero pueda obtener al comercializar producto en el marco del estudio, lo que podría significar un enriquecimiento injustificado a favor del sector semi-industrial.
Sobre este punto, Incopesca fue consultada por la diputada del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, a lo que respondieron, sin mayor detalle, que permiten la disposición de las capturas obtenidas para las embarcaciones involucradas que estas "cubran el costo del desarrollo de la investigación".
