En Costa Rica, el derecho a un ambiente sano no es un adorno jurídico: está inscrito en el artículo 50 de nuestra Constitución y constituye un pilar de nuestra identidad como nación verde. Este principio, que ha sido defendido durante décadas, está hoy bajo amenaza con el texto sustitutivo del proyecto de ley 24.717, que busca permitir la explotación de oro a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos.
Quienes defienden esta iniciativa apelan a un discurso de desarrollo, generación de empleo y combate a la pobreza. Pero la evidencia científica y la experiencia internacional son contundentes: no existe minería metálica a cielo abierto que sea verdaderamente sostenible. El caso de Crucitas es particularmente grave, pues implicaría la destrucción irreversible de cerros, bosques y mantos acuíferos, la creación de lagunas de relaves en un clima tropical húmedo y un daño ambiental que superaría por mucho las consecuencias de la minería ilegal actual. Lo único que menciona el proyecto sobre el impacto ambiental es un sistema cerrado de manejo del cianuro. Eso les basta para llamarlo modelo sostenible, a todas luces una afirmación engañosa.
No se trata de ignorar que la minería ilegal es un problema real. Se trata de reconocer que legalizar la actividad no resuelve los problemas de fondo de la zona: pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. En toda América Latina, la historia es la misma: las grandes corporaciones concentran las ganancias, mientras las comunidades locales heredan contaminación, degradación y promesas incumplidas. La responsabilidad de la inacción recae enteramente en años de abandono del Poder Ejecutivo.
Peor aún, el texto sustitutivo que han firmado individualmente varias personas legisladoras del bloque de gobierno, del PUSC, Nueva República, PLN e independientes abre peligrosos portillos jurídicos. Bajo el manto de “excepcionalidad” para Cutris, podría replicarse el modelo en otras regiones del país. Se debilitan requisitos de protección ambiental, se trasladan los riesgos y costos de remediación ambiental al Estado —y, por ende, a todos los contribuyentes—, y se margina el papel de la Contraloría General en la fiscalización de fondos públicos.
Además, el proyecto incurre en una visión miope y fragmentada del patrimonio natural. Los bosques, el agua y los servicios ecosistémicos de Cutris no pertenecen solo a esa comunidad, sino a toda Costa Rica. Su pérdida afectaría al turismo, al clima, a la biodiversidad y a la reputación internacional que tanto nos ha costado construir.
En un contexto de deterioro de la educación, salud, seguridad y de creciente penetración del crimen organizado, abrir la puerta a un modelo extractivo de alto impacto ambiental es, simplemente, gasolina sobre el fuego. No traerá bienestar ni reducirá la pobreza: traerá corrupción, lavado de dinero y un espejismo de progreso que se desvanecerá junto con nuestros recursos naturales.
Costa Rica debe reafirmar su liderazgo ambiental y su compromiso con modelos de desarrollo que sean coherentes con su identidad y sus valores. Las opciones existen: turismo sostenible, bioeconomía, energías limpias, innovación tecnológica, digitalización de activos para pago de servicios ecosistémicos no perdidos. Hay proyectos en la corriente legislativa La minería a cielo abierto, en cambio, es un retroceso, una concesión peligrosa y un error que no podemos permitirnos.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
