El proyecto condicionaría la postulación a los máximos cargos públicos al cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social.

Once congresistas, con la firma principal del diputado de Nueva República (NR), Yonder Salas Durán, presentaron a la corriente legislativa un proyecto de reforma constitucional (expediente 25.273) para establecer como requisito para aspirar a ocupar un cargo en cualquiera de los supremos poderes del país el estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), así como con en el pago de tributos y en la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes ante el Ministerio de Hacienda,

Dato D+: Los proyectos de reformas constitucionales pueden presentarse solamente durante el periodo de sesiones ordinarias y deben contar con, por lo menos, 10 firmas de respaldo.

El proyecto añade este nuevo requisito tanto a cargos de elección popular (Presidencia, Vicepresidencia o una diputación) como a los cargos de nombramiento directo, ya sea por la Asamblea Legislativa (que nombra a la Corte Suprema de Justicia) o la Presidencia de la República (que nombra a discreción los jerarcas de cada ministerio). Para esto, la iniciativa introduce un párrafo final a los artículos 108, 131, 142 y 159 de la Constitución Política, y establece que la obligación sería tanto para la persona como para las personas jurídicas en las que figure como accionista, socio o representante legal.

La exposición de motivos justifica la reforma indicando:

Es sabido que en el caso de los miembros de los Supremos Poderes, se les exige una vez electos o nombrados declaraciones juradas de transparencia, probidad y ausencia de nepotismo. Sin embargo, este control a posteriori pudiera resultar insuficiente al momento de inscribir la candidatura o postulación, cuando debería acreditarse previamente que la persona cumple esas condiciones, pues la ciudadanía tiene derecho a elegir con información completa y verificable".

El texto añade:

Actualmente, la normativa ya exige a los proveedores cumplir con sus obligaciones con la CCSS, FODESAF y el Ministerio de Hacienda para poder prestar servicios o participar en licitaciones públicas. Resulta incoherente entonces que un contratista de bienes menores no pueda participar si tiene deudas, pero un candidato a diputado o ministro cuyo poder de decisión afecta a toda la Nación pueda aspirar y llegar al cargo aun con morosidades graves".

El proyecto establece un plazo transitorio de tres meses para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y las instituciones competentes emitan el protocolo de verificación de este nuevo requisito.

El proyecto fue presentado con las firmas de respaldo de:

  • Olga Morera Arrita (NR).
  • David Segura Gamboa (NR).
  • María Marta Carballo Arce del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
  • Rosalía Brown Young (NR).
  • José Pablo Sibaja Jiménez (NR).
  • Cynthia Córdoba Serrano independiente electa por el Partido Liberal Progresista (PLP).
  • Antonio Ortega Gutiérrez del Frente Amplio (FA).
  • Daniela Rojas Salas (PUSC).
  • Geison Valverde Méndez del Partido Liberación Nacional (PLN).
  • Alejandro Pacheco Castro (PUSC).

Debido a que el próximo 1 de noviembre la Asamblea Legislativa inicia su último periodo de sesiones extraordinarias, de no ser convocado por el Poder Ejecutivo el proyecto deberá esperar hasta el 1 de febrero del 2026 para iniciar su trámite correspondiente.

Trámite de una reforma constitucional

Las reformas constitucionales llevan un trámite especial para su aprobación tras ser presentadas que incluye:

  • Se debe leer tres veces en el plenario durante un mismo cuatrienio, para luego hacer una votación de si se admite o no para estudio.
  • Una vez admitida la propuesta, se conforma con 38 votos, una comisión especial que se encargará únicamente de analizar ese proyecto.
  • La comisión brindará un dictamen de la iniciativa al plenario, que debe discutirlo y votar en primer debate de primera legislatura.

Dato D+: Una legislatura es el año legislativo que va del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente. Cada periodo constitucional de una Asamblea Legislativa está conformado por cuatro legislaturas, que equivalen a un cuatrienio.

  • Si el proyecto se aprueba en primer debate de primera legislatura debe enviarse a consulta a la Sala Constitucional.
  • Si el proyecto pasa la consulta de constitucionalidad debe aprobarse en segundo debate de primera legislatura, sin importar si el primer y segundo debate coinciden en una misma legislatura.
  • El proyecto se envía a la Presidencia de la República para que lo incluya en su mensaje sobre el Estado Político de la Nación que debe darse al inicio de cada legislatura.
  • Posteriormente, el proyecto debe discutirse y votarse en tres debates, pudiendo todos ser en una misma legislatura.