MarViva demandó a Incopesca al indicar que han realizado actos contrarios al ordenamiento jurídico.

La Fundación MarViva presentó una demanda en contra del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica, con el objetivo de detener el estudio de pesca de camarón que reactiva la pesca de arrastre en mares costarricenses.

La intención de la organización es evitar daños a los recursos naturales, afectaciones a la actividad económica de la pesca artesanal y deportiva, e impedir el uso indebido, ineficaz e ineficiente de los fondos públicos.

Los permisos otorgados por el Gobierno han sido fuertemente cuestionada por académicos y científicos a nivel nacional e internacional. MarViva acudió a la vía legal para señalar que Incopesca realizó actos contrarios al ordenamiento jurídico.

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A su juicio, la propuesta incumple con los requisitos exigidos por la Sala Constitucional en las resoluciones N°10540-2013, N°070978-2018 y N°14168-2018, las cuales desarrollan los componentes mínimos que debería contemplar una investigación científica que pretenda analizar la viabilidad social, económica y ambiental de la pesca de arrastre en Costa Rica.

En dichas sentencias, puntualizaron que la Sala reiteró que para restaurar la pesca de arrastre se debía demostrar aspectos como una reducción significativa de la captura incidental; ser coherente con el desarrollo sostenible democrático y contemplar factores como las interacciones ecosistémicas; contaminación; capacidad de regeneración y población afectada entre muchos otros. Aspectos que no fueron tomados en cuenta por el ente rector en materia de pesca, según la denuncia.

Para Erick Brenes, director ejecutivo de Fundación MarViva, la investigación en curso, tal cual ha sido planteada, no va a generar la información científica que, en el discurso de los jerarcas de Pesca y Ambiente y Energía, sería el motivo de su ejecución.

Brenes advirtió que el proyecto habilita, por dos años, que ocho embarcaciones semiindustriales dispongan, con total discrecionalidad, de las capturas que se obtengan para fines comerciales.

Mientras tanto, el país malgasta fondos públicos en un estudio sin rigor científico, ni controles, que no arrojará conclusiones de valor y, más bien, perjudica a los ecosistemas, a la biodiversidad, los fondos marinos y la economía de pescadores artesanales".

Argumentó que la propuesta de Incopesca agrupó deficiencias como metodologías desactualizadas, personal no idóneo, sin fundamento técnico y cuyo planteamiento no permitirá generar los datos que se pretenden obtener. Para el experto esto es una falta de interés y cuidado hacia las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica, lo cual se evidencia también con la omisión deliberada de involucrar de manera oportuna a la Academia en el proceso de elaboración de este proyecto.

En los estudios, que iniciaron el 23 de marzo, se utiliza la red de arrastre AA Costa Rica. En MarViva criticaron que la herramienta se aplica sin una red control, y que se asumió que es el punto de partida idóneo para la investigación.

Al respecto, la gerente de incidencia política de MarViva, Katherine Arroyo, comentó que se trata de la misma arte de pesca  que se planteaba en el proyecto de ley vetado en la administración Alvarado Quesada. En ese momento la academia y profesionales en el tema argumentaron que es impreciso e imprudente afirmar que la red sea viable ambientalmente, como se quiso dar a entender por las autoridades de este gobierno nuevamente.

Además, entre las falencias técnicas apuntaron:

  • Haber establecido la realización de muestreos solamente en caladeros de pesca seleccionados por Incopesca y capitanes de las embarcaciones.
  • Probar lances de duraciones entre 2 y 6 horas sin ningún fundamento.
  • Establecer requisitos ilógicos y deficientes para la contratación de los observadores a bordo.
  • La ausencia de controles requeridos por ley para asegurar que no se genere un enriquecimiento injustificado por parte de las asociaciones pesqueras semiindustriales en detrimento del interés público de conservación de los recursos naturales y de tutelar el derecho al desarrollo sostenible democrático.

Brenes y Arroyo aseguran que a la fecha no hay certeza de cuáles son los costos totales de la investigación. Agregaron que tampoco hay una limitación establecida en cuanto a las ganancias que el sector camaronero pueda obtener al comercializar producto en el marco del estudio, lo que podría significar un enriquecimiento injustificado a favor del sector semiindustrial.

Al revisar el expediente de esta investigación podemos constatar la arbitrariedad de Incopesca a la hora de otorgar permisos y emitir acuerdos; es inaceptable que esta institución no incluya mecanismos eficientes de control y fiscalización de costos y gastos ni haya contemplado un análisis de costo-beneficio oportunamente”.

MarViva enfatizó que el expediente de la investigación evidencia que las labores de pesca ejecutadas entre el 23 y el 29 de marzo no contaban con los permisos necesarios, ya que las resoluciones que otorgaron los permisos correspondientes fueron firmadas hasta el 29 de marzo. Es decir, para la Fundación en dicho periodo se ejecutaron actuaciones de pesca ilegal.

Además, denunciaron que el Incopesca otorgó permisos de pesca para la ejecución del proyecto de investigación a embarcaciones cuyos propietarios se encuentran o encontraban en estado de morosidad con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que es ilegal al violar el artículo 74 de la Ley Constitutiva de esta entidad.

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