UCR rechazó el estudio en curso y pidió rigurosidad científica para determinar viabilidad del arrastre en Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica (UCR), mediante un pronunciamiento del Consejo Universitario, rechazó el nuevo estudio sobre pesca de arrastre que realiza el Poder Ejecutivo a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), denominado: Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024. Al mismo tiempo, la UCR reafirmó su compromiso con el medio ambiente.

Para esta casa de enseñanza, dicho estudio carece de la rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país. En ese sentido, el órgano colegiado instó al Gobierno a realizar los análisis con la rigurosidad científica correspondiente.

Desde el 23 de marzo la Administración Chaves Robles autorizó el inicio de nuevos estudios sobre pesca de arrastre, con el permiso respectivo para ocho embarcaciones camaroneras, con el fin de determinar si la práctica es sostenible o no.

En los nuevos estudios, utilizarán un arte de pesca llamada AA Costa Rica, misma que se planteaba en el proyecto de ley vetado en la administración Alvarado Quesada. Además, las autoridades indicaron que los estudios serán llevados a cabo por el Minae, en conjunto con el Incopesca y expertos del Sistema de Áreas de Conservación (Sinac).

En la investigación también se analizarán cinco especies de camarón y su estado. Adicionalmente, tomarán en cuenta aspectos como profundidad y área según las especies, variaciones espaciales, temporales y climáticas.

Las autoridades detallaron anteriormente que las embarcaciones contarán con dispositivos de seguimiento satelital para garantizar el rastreo de las horas durante las cuales se van a realizar las pruebas. Esto con el objetivo disminuir la interacción con otras flotas y evitar los conflictos entre embarcaciones pesqueras.

A pesar de lo indicado, el Ejecutivo ha recibido críticas de diferentes profesionales y organizaciones debido a cuestionamientos con respecto a la metodología empleada.

El científico de la Universidad de Costa Rica (UCR), Ingo Wehrtmann y el investigador en ciencia pesquera Mauricio Ibarra, evaluador de recursos pesqueros en Chile con énfasis en evaluación de stocks de crustáceos, solicitaron al Incopesca posponer los estudios. Los expertos justificaron que la propuesta que se pretende utilizar tiene "lagunas metodológicas".

Entre los aspectos que consideran urgente modificar, ya que limitan el alcance de los resultados, sobresale el uso de la Red AA Costa Rica. Cuestionaron el argumento de asumir que sea la red más sostenible para dicha práctica. Además, pusieron en duda inconsistencias sobre las suposiciones en torno a la edad de las especies objetivo, el diseño experimental, la duración de los lances, cantidad de embarcaciones, análisis de riesgo y análisis estadístico. Este posicionamiento fue apoyado por la Escuela de Biología de UCR.

Mientras que el director de la Escuela de Geografía, Pascal Oliver Girot Pignot, efectuó observaciones sobre la realización de nuevos estudios al enfatizar en que la propuesta propone usar lances comerciales y parece diseñada como una operación pesquera común, más que un estudio científico. "No señala, claramente, la densidad geográfica, ni la ubicación de puntos de muestreos ni su frecuencia, aspectos que podrían tener repercusiones en la calidad de los datos científicos obtenidos", puntualizó.

El biólogo costarricense Randall Arauz, líder de la coalición y director de política internacional de Marine Watch en Costa Rica, resaltó a este medio de comunicación la necesidad de que los estudios se hagan bien, con métodos aleatorios. Sin embargo, dijo que lo presentado está diseñado para favorecer al sector pesquero.

Asimismo, la Fundación MarViva resaltó que los estudios costarán, al menos en el primer año, más de 126 millones de colones que saldrán del bolsillo de todos los costarricenses.

Enfatizaron que habría sido importante que los impulsores hubieran buscado la colaboración de la academia y las organizaciones desde un inicio, para así garantizar un proceso científico, transparente y participativo desde el comienzo. "Cuando el estudio fue socializado, ya había sido aprobado por la Junta Directiva del Incopesca", denunciaron.

A través de la gerente de incidencia política de la fundación, Katherine Arroyo, agregaron:

Instamos a las autoridades a ser proactivas y asegurar el involucramiento oportuno de los sectores en este proceso. Lamentablemente, a la fecha hemos tenido que gestionar al menos 4 peticiones de información para poder acceder a la información vinculada con este proceso de investigación". 

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