Las cancilllerías y ministerios de Seguridad de Costa Rica y Panamá se reunirán el próximo 2 de setiembre para abordar este tema.

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y la Defensoría del Pueblo de Colombia emitieron un comunicado este martes en el que, de manera conjunta, solicitan a sus gobierno el garantizar "un tránsito seguro, ordenado, regular, digno y basado en la protección de los derechos" para la población migrante que, en este momento, está cruzando por la zona con rumbo a los Estados Unidos.

El pronunciamiento firmado por la defensora tica, Angie Cruickshank Lambert y por el defensor de Colombia, Carlos Camargo Assis, señala que según cifras del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá entre enero y julio del 2023 ingresaron irregularmente de Colombia a Panamá, por el Darién, un total de 251.758 migrantes, mientras que solo en julio lo hicieron 55.387 personas.

Por ello Cruickshank Lambert reiteró el mensaje enviado por su institución la semana anterior en el que pide acelerar la articulación y interinstitucional local y regional para hacer frente a esta crisis:

Debe ser de atención especial el impacto que viven las comunidades que reciben a estas personas migrantes, para lo cual se hace necesario el apoyo de las diversas instituciones con medidas que permitan generar tranquilidad en un abordaje ordenado y digno de estos flujos migratorios.

La jerarca costarricense pidió considerar en especial a las mujeres en estado de embarazo, menores de edad que viajan solos o que han quedado atrapados por las dificultades en el trayecto y personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Por su parte, Camargo calificó la situación como "muy crítica" tanto en el plano ambiental como de seguridad nacional de varios países de la región:

Lo más preocupante es que los gobiernos no dan muestras reales de querer atender la grave situación, porque pareciera que no es prioritario en sus agendas nacionales. El Estado colombiano debe promover la gestión migratoria con perspectiva de derechos humanos para favorecer una migración segura, ordenada, regular y bajo condiciones de dignidad humana, pero la realidad es que ni siquiera conocemos cifras de migrantes por parte de las autoridades colombianas y su caracterización”.

La semana anterior la Defensoría costarricense emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades del Ejecutivo nacional para que den atención a la población migrante que transita por nuestro país.

Entre ellas destacan el reconocer que "Costa Rica es, y continuará siendo, un país de tránsito de los flujos migratorios mixtos que tienen como destino final Estados Unidos", y habilitar albergues permanentes en las zonas fronterizas para atender a esta población.

Por su parte la Cancillería tica informó que el país trabaja en conjunto con otras naciones para manejar estos nuevos oleajes migratorios y que los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores nacionales se reunirán con los de Panamá el próximo 2 de setiembre, para abordar este tema.