Ente defensor sostiene que decisión careció de valoraciones técnicas. Además, cuestiona la transparencia en el Consejo Superior de Educación.
La Defensoría de los Habitantes rechazó la decisión del Ministerio de Educación Pública (MEP) de desconocer su competencia para supervisar las actuaciones del Consejo Superior de Educación, y acusó a la institución de actuar bajo órdenes políticas al eliminar los programas de afectividad y sexualidad integral en el sistema educativo.
En un comunicado, el ente defensor recordó que su mandato para vigilar el funcionamiento del sector público es respaldado por la Sala Constitucional, que en su voto N.° 7730-2000 destacó la obligación de la institución de exponer prácticas contrarias a la moral, la justicia y el ordenamiento jurídico, incluso frente a órganos autónomos.
La polémica surgió luego de que el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, argumentara que el Consejo Superior de Educación es el “único órgano competente” para aprobar o eliminar programas curriculares.
Ante esto, la Defensoría reveló que en el acta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia del 13 de mayo de 2025, la viceministra Giselle Alpízar reconoció que la eliminación de los programas fue “una orden” proveniente de la Presidencia de la República:
La eliminación de las pruebas y de los programas de sexualidad y afectividad fue una orden, nosotros no lo decidimos, fue por parte de Presidencia explícitamente por la señora Ana Catalina Müller que teníamos que eliminarlos".
Para la Defensoría, este reconocimiento evidencia que la decisión no surgió de valoraciones técnicas ni de un proceso participativo, sino de instrucciones políticas contrarias al carácter técnico e independiente que la Constitución y la ley exigen para el Consejo Superior de Educación.
En ese sentido, el ente defensor le solicitó a Sánchez Hernández, en su condición de presidente del Consejo, que remita los acuerdos adoptados sobre las siete recomendaciones previas de la Defensoría, incluidas actas y análisis, así como el contenido completo del nuevo programa “Educación para la Paz y la Convivencia” y el correspondiente análisis comparativo con el eliminado “Programa de Afectividad y Sexualidad Integral”.
La Defensoría también insistió en la necesidad de abrir un diálogo “transparente y participativo” con todos los sectores de la sociedad civil, padres y madres de familia, personal técnico y las personas estudiantes de secundaria, quienes son los destinatarios directos de la educación pública.
Además, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, aclaró que es falso que la institución respalde supuestas “guías de perversión sexual”, como se insinuó desde el Ejecutivo. La jerarca explicó que las antiguas “guías de educación sexual” nunca se implementaron formalmente, y que el programa vigente hasta enero de 2025 se construyó de manera participativa con el aporte de alrededor de 4.000 personas de distintos sectores.
