El informe señala que la decisión de eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad se tomó sin un estudio técnico sobre su impacto.
El pasado 30 de abril la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, remitió al ministro de Educación Pública y presidente del Consejo Superior de Educación (CSE), Leonardo Sánchez Hernández, un informe final de recomendaciones (OFICIO N° 04442-2025-DHR) sobre la investigación realizada por la decisión de eliminar Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral.
Tras la investigación realizada, la Defensoría concluyó que la decisión de eliminar el programa “carece de un estudio técnico sobre su impacto en el desarrollo integral de la población menor de edad”, y “debilita la construcción de las habilidades de empoderamiento y respeto, particularmente de las niñas, las adolescentes y las jóvenes”.
El informe añade:
La decisión del Consejo Superior de Educación de eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad contraviene instrumentos internacionales de derechos humanos, recomendaciones técnicas de distintos órganos de tratados de derechos humanos de los cuales el Estado Costarricense es signatario, así como de normativa nacional relativa a los derechos de la niñez y adolescencia".
El informe también destaca que la actual oferta educativa carece de un programa de educación integral para la afectividad y sexualidad dirigido a las personas adolescentes, y que el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia, que se anunció sustituiría el de Afectividad y Sexualidad Integral, no cuenta con el aval técnico de distintas áreas del propio MEP ni fue consultado a otras instancias técnicas que guardan relación con el tema.
Por estas razones la Defensoría recomienda al CSE derogar el acuerdo que eliminó el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral para reactivarlo “en apego a criterios técnicos y el respeto a los derechos que tienen las personas menores de edad, principalmente a una Educación Integral en Sexualidad”.
Adicionalmente, se recomienda que, una vez se vuelva a reactivar el programa se valore su revisión con una “evaluación periódica con respaldo de criterios técnicos, basados con un enfoque en derechos humanos, promoviendo una participación plena de la persona estudiante y personal docente en dicha revisión y actualización”.
Además, la Defensoría señaló que se deben realizar estudios de impacto en la educación integral antes de tomar decisiones que eliminen programas, y recordó que “cualquier cambio en los programas educativos deben estar respaldados por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos en la salud, derechos humanos y desarrollo de las y los adolescentes”.
Finalmente, el informe recuerda al ministro que “el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido”.
El informe de recomendaciones todavía puede ser apelado por el jerarca del MEP, por medio de un recurso de reconsideración, para lo cual cuenta con un plazo de ocho días hábiles tras haberlo recibido.
