En tiempos recientes, me he visto asaltado por una duda que ha perturbado mi mente. Hoy, he decidido escribir con el único propósito de compartir esta inquietud con los lectores, buscando que alguien con mayor conocimiento en la materia pueda resolver la interrogante que me aqueja. Aquellos que han seguido, aunque sea mínimamente los acontecimientos nacionales, seguramente habrán notado cómo figuras políticas de alto rango han lanzado ataques, cuestionamientos e incluso sutiles amenazas contra las instituciones y organismos establecidos por nuestra Constitución Política.
Quizás algunos han sido testigos de los serios ataques dirigidos hacia nuestro Poder Judicial, los cuales han sido ampliamente difundidos por diversos medios de comunicación. Estos ataques han llevado a que los propios jueces sindicados cuestionen a dichos políticos por su aparente intento de debilitar la institucionalidad. Otros, quizás, han presenciado con sorpresa las declaraciones del Ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa, quien sin ánimos de amenazar, afirma que para cumplir con el 8% del PIB para Educación sería necesario cerrar instituciones y órganos constitucionales como ministerios, la Cancillería, embajadas e incluso la propia Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Defensoría de los Habitantes.
Además, es posible que algunos hayan observado las críticas provenientes del Poder Ejecutivo hacia la Sala Constitucional, llegando incluso a cuestionar su legitimidad. Esto no es un caso aislado, ya que estos ataques y cuestionamientos se han repetido a lo largo del año, tratando de inducir a error a la población y planteando propuestas de reformas contrarias a los principios establecidos en nuestra Constitución Política.
A esto se suman los ataques y expresiones ofensivas dirigidos hacia periodistas y medios de comunicación, los cuales amenazan la libertad de prensa, un derecho sagrado en nuestro país desde sus inicios como República con el presidente José María Castro Madriz. Estos ataques han generado condenas tanto a nivel nacional como internacional, lo cual debería ser motivo de preocupación para todos nosotros.
Si alguno de ustedes, estimados lectores, no ha sido consciente de estos ataques, los invito a investigar al respecto. Si los han observado y no les han causado inquietud, también los invito a reflexionar. Estas situaciones son hechos que no solíamos presenciar en nuestro país y no pueden pasar desapercibidos. Algunos podrían incluso aplaudirlos, argumentando que "el país lleva años corrompido", "el sistema no sirve" o "está bien intervenir esas instituciones que no hacen nada", pero es crucial que observemos estos actos con serenidad. Es importante observarlos y meditarlos, pero haciendo también el llamado de atención que corresponde a estas instituciones, para que corrijan los accionares que hoy nos pueden llevar a muchos a pensar de esta manera. Es también su obligación demostrar integridad y transparencia para que no se pierda nunca la confianza que como soberanos hemos puesto en ellas.
No podemos olvidar el valor y la trascendencia de estas instituciones para el éxito de nuestra democracia. Aunque imperfecta, la democracia es el mejor modelo de gobierno inventado, como bien afirmó Winston Churchill. Estas instituciones atacadas tienen como función principal controlar el poder con poder, siguiendo las palabras de Montesquieu: "Para evitar el abuso de poder, es necesario que el poder detenga al poder". Por ende, debemos tener sumo cuidado ante la posibilidad de que una democracia carezca de estas instituciones, por imperfectas que puedan ser.
Además de los daños directos a las instituciones, estos ataques están generando malestar y descontento en la ciudadanía, propiciando ataques cada vez más intensos contra las instituciones encargadas de proteger nuestra democracia. Si no han sido testigos de esto, les insto a observar los recientes ataques de ciudadanos a instituciones, las amenazas dirigidas a políticos de oposición e incluso las denuncias presentadas ante la policía por parte de un director de un medio de comunicación digital debido a amenazas de muerte por ejercer críticas y cuestionamientos a los líderes políticos actuales. ¿Es este el Costa Rica que deseamos? ¿Existe alguna manera de detener esta situación?
Afortunadamente, nuestros legisladores han sido sabios al incluir en el Código Penal el artículo 303, el cual establece penas de prisión para aquellos que realicen propaganda con el objetivo de sustituir, mediante medios inconstitucionales, los organismos establecidos por la Constitución o derogar sus principios fundamentales (Código Penal de Costa Rica, artículo 303). Este artículo busca proteger el orden constitucional del país y preservar los principios fundamentales establecidos en la Constitución.
Es importante comprender que la propaganda implica la difusión de información, ideas u opiniones con la intención de influir en el comportamiento, el pensamiento o la adquisición de productos por parte de otros. En este contexto, surge la pregunta que me ha acosado en los últimos días: ¿Están llevándose a cabo actos de propaganda contra las instituciones y organismos creados por nuestra Constitución Política? ¿Se está promoviendo la derogación de los principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna? La respuesta aún no la tengo, pero creo firmemente que es algo en lo que debemos reflexionar.
Es hora de alzar nuestras voces, cuestionar estos ataques a nuestras instituciones democráticas y buscar la forma de proteger y fortalecer nuestra democracia costarricense.
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