Experta del Pridena-UCR, Laura Rivera Alfaro, analizó el proyecto de ley expediente 23672.

En las últimas semanas el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se ha visto señalado por la desaparición de una menor de 1 año, el pasado 9 de abril en Cervantes de Cartago.

Los señalamientos han venido desde distintas instancias como la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa y hasta en la propia Presidencia de la República pues incluso el presidente, Rodrigo Chaves Robles, cuestionó la labor de la institución en este caso.

El lamentable caso trascendió días después de que el Poder Ejecutivo anunciara un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Pani con la idea de, entre otros fines, "endurecer procesos a favor de las familias".

Para profundizar en los alcances del expediente 23672 "Mejoramiento de la gestión del Patronato Nacional De la Infancia y Fortalecimiento del proceso especial de protección de las personas menores de edad en aras de su desinstitucionalización", Delfino.cr conversó con la coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica (Pridena-UCR), Laura Rivera Alfaro. 

La experta explicó que en el expediente se plantean dos aspectos principales, el fortalecimiento del proceso especial de protección de los menores y otra más administrativo que tiene que ver con la gestión y mejoramiento de la institución (sesiones de la Junta Directiva, disposición de bienes, etc).

En el anuncio del gobierno, tanto Chaves Robles como la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo, resaltaron que en el texto de ley se propone que la separación de personas menores de edad de su familia nuclear o extensa sería una medida excepcional y que, en caso de separación, se deban privilegiar modelos alternativos de cuidado caracterizados por el ámbito familiar. En el caso de menores institucionalizados, además, pretenden desarrollar un esquema "para restituirles sus derechos y el de sus familias".

Al respecto, Rivera Alfaro, comentó que la priorización de la familia como espacio de protección, ya es la disposición legal que hay y no sólo legal, sino procedimental, por tanto al respecto opinó que no existe cambio significativo alguno.

En cualquier proceso en el Pani se prioriza la familia. Se prioriza que las niñas y los niños las jóvenes adolescentes se mantengan en su familia y solamente en casos donde se compruebe que hay riesgo, se busca una alternativa de protección en su familia extensa un recurso familiar adicional o ya en hogares sustitutos o finalmente la institucionalización". 

Amplió:

Realmente a mí me parece que se trata de posicionar un tema que ya está planteado como una priorización. Cuando usted dice se prioriza y garantiza el derecho a ser criados en su ámbito familiar y comunitario, eso ya lo dice la legislación. No hay cambios significativo en lo que propone este proyecto de ley con lo que ya se hace en la institución". 

¿En concreto, si la ley ya estuviera vigente, en un caso como el de la niña de 12 años pudo existir un cambio sustancial en la intervención del Pani para bien o para mal?

- "No, yo honestamente no encuentro un cambio sustancial entre este proyecto y la situación actual... La familia sigue siendo el espacio que se privilegia para que se mantengan las niñas, niños y adolescentes. Entonces probablemente una situación como ésta se establecería igualmente que las dos niñas de 13 y su bebé se mantuvieran en ese espacio familiar".

Autoridades buscan a la menor que desapareció el pasado 9 de abril en Cervantes de Cartago. Foto: Cruz Roja.

La investigadora del Pridena ve positivo que el Pani busque centrar mayores esfuerzos en fortalecer capacidades de las familias para la crianza, prevención y atención temprana de situaciones de violencia. En su opinión esto puede tener mejores resultados que solamente la atención de denuncias.

Sin embargo, enfatizó que un esfuerzo de esa naturaleza implicaría detalles que no se resuelven con un proyecto de ley y que tienen que ver con las limitaciones presupuestarias en las instituciones públicas en este momento, como por ejemplo el recargo de funciones que tienen los trabajadores por la falta de plazas y profesionales.

Ella se cuestionó: "si no estamos dando abasto con la atención de denuncias y el seguimiento en situaciones donde se anuncia que hay violación de derechos, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar acciones de prevención y detección temprana?".

Eso ya tiene que ver pues con la tendencia que estamos viendo en el Estado de reducción, de todo lo que viene pasando que no implica un avance en la protección, sino más de un debilitamiento porque esto que pasa en Cartago es un ejemplo que tiene que ver con servicios sociales que están muy debilitados porque no hay condiciones institucionales”. 

Puntualizó en que se debe analizar de qué manera se pueden tener equipos de trabajo que sea consecuentes con la carga de trabajo que hay en institución. Un fortalecimiento, para Rivera Alfaro, significa más personas profesionales con una mejor capacitación e instalar mejores condiciones en la institución.

Detalló que si la conversación se centra en "el traslado de recursos económicos", la discusión se puede desviar en argumentos como "¿Qué se está haciendo con la planta que ya hay?".

Dato D+: El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto expediente 23672 el pasado 11 de abril y se encuentra pendiente para que se le designe una comisión que lleve a cabo su estudio.

En la iniciativa se plantea la posibilidad de que los procesos especiales de protección puedan intervenir otras instancias, más allá de las oficinas locales, porque se requiere de personas que puedan dictar las medidas fuera del horario que tienen las oficinas del Pani.

Eso me parece que es algo positivo igual que la celeridad en los procesos que el proyecto también habla de plantear plazos para notificación y respuesta en los procesos, sin embargo, ahí nuevamente se cuestionaría cuál es la capacidad institucional para que esto pase".

Advirtió que un tema de estos plazos que tienen las instituciones para avanzar con los procesos no tiene que ver con que la ley lo obliga o no, sino con una capacidad institucional para dar respuesta.

La protección de la niñez y la adolescencia no se garantizan en este momento creando una ley como esta. No significa ningún avance en esencia, más allá de algunos avances en la gestión de unas cositas que tampoco va transformar significativamente la garantía de derecho de las persona menores de edad”.

Rivera Alfaro dijo que no es viable hacer el cambio por más que esté escrita una ley. Dijo, eso sí, que ve con buenos ojos que el Ejecutivo pretenda una articulación entre las normas jurídicas presentes en la Ley Orgánica y las del Código de la infancia y la adolescencia.

Otra punto interesante para la experta es que se incorpora la adopción como una forma de protección alternativa. Según mencionó la adopción no es parte de esas medidas de especiales de protección actualmente. Esto podría favorecer el tiempo de los procesos de adopción, sin embargo, el Pani hace solamente la parte administrativa y no lo judicial.

Lea: La desaparición de Keibril es problema de todos.

¿Cómo llegamos a un caso como el de Keibril?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el 17 de abril que el hombre de apellido Casasola Salas que está detenido como sospechoso de haber secuestrado a la bebé Keibril, es el padre de la pequeña.

El caso que ha conmocionado a Costa Rica, para la coordinadora del Pridena es una consecuencia más de una tendencia hacia la precarización de los servicios sociales que reciben recortes presupuestarios y por ende las acciones de respuesta no suelen ser la más adecuadas.

No lo vemos solamente en niñez y adolescencia, lo vemos en protección de Personas Adultas Mayores, en la población condición de discapacidad, incluso el año pasado que casi se hacen cierre técnico del 911, del IAFA, y otras instituciones porque la contracción presupuestaria era tal que no se tenía ni capacidad de mantener las instituciones funcionando, hasta que se hicieron ajustes".

De igual forma, Rivera Alfaro comentó que la pandemia fue una antesala para dificultar la identificación de situaciones de violencia. Esto porque en muchas ocasiones los centros educativos son un filtro para captar situaciones violentas intrafamiliares, entonces al tenerlos cerrados y con los centros de salud enfocados en la Covid-19, se perdieron herramientas.

Recordó que este no es un caso aislado, porque los datos del 2021 indicaron que 197 niños menores de 14 años se convirtieron en madres en Costa Rica.  "Eso significa casi 200 niñas que claramente por la edad que tienen se trata de una violación, y esos son solamente los datos de las que producto de esa situación tienen un embarazo". 

Yo creo que aquí la situación tiene que ver con un deterioro del Estado producto de una serie de decisiones políticas de recortar el gasto, de reducir el Estado, atender el déficit de la crisis fiscal a partir de esa perspectiva y no de otras posibles, y a su vez las consecuencias de toda esta situación de la pandemia, pero además yo creo que como sociedad también hemos transitado a un ámbito más individualista donde además hay menos tejido comunitario o colectivo que nos permita también hacer visibles situaciones como estas”.

A nivel de la sociedad, la profesional indicó que debemos propiciar una transformación cultural, en la que se reconozca una sociedad patriarcal donde las formas en que se violentan los derechos en este caso las niñas, son legitimados. Asimismo es necesario cuestionarse esas posturas tan presentes en la cotidianidad.

Se requiere de un diálogo social y eso es aún más difícil ahora porque si alguien tiene una posición diferente a la mía nada más lo bloqueo y estamos viendo una menor capacidad de dialogar con la diferencia. Yo creo que eso es fundamental porque en la medida en que podamos empezar a discutir podremos empezar a avanzar”. 

Sobre el tema en particular, recientemente el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (INEINA-UNA) emitió un pronunciamiento en el que destaca la urgencia de que en el país se cambien las normas culturales permisivas que facilitan la existencia de relaciones impropias entre personas adultas y menores de edad, las cuales son ilegales y constituyen delitos penados con cárcel.

“Si las normas legales cambian, pero las normas culturales siguen tolerando las relaciones impropias, entonces se seguirán manteniendo y será difícil que las personas las censuren y denuncien”, subraya el pronunciamiento del INEINA-UNA, instituto que ha hecho importantes aportes para atender las problemáticas de las relaciones impropias y del embarazo adolescente en el país.

Los señalamientos por este caso han venido desde distintas instancias como la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa y hasta en la propia Presidencia de la República pues el presidente, Rodrigo Chaves Robles, cuestionó la labor del Pnai en este caso. Foto: Wambra

En el documento, el INEINA-UNA aseguró que Costa Rica debe pasar del discurso a la acción estratégica en el compromiso con los derechos de todas las personas menores de edad. Adicionalmente emitieron una serie de peticiones al Poder Ejecutivo para actuar, entre las que destaca la aceleración de acciones para que el país pueda contar en el plazo más corto posible con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia clara, sólida, validada y basada en evidencia.

El país no cuenta con una política en este tema desde 2021, cuando se venció la vigente y las autoridades del gobierno anterior no tomaron iniciativa para armar una nueva. La administración Chaves Robles, de igual manera tampoco ha comunicado avances en formular una nueva.

La funcionaria del Pridena, asimismo, también llamó la atención en ese tema como una medida concreta a seguir en el corto plazo.

Necesitamos que se pueda avanzar en la formulación de la nueva política que ojalá entre en vigencia lo antes posible porque yo sé que es un proceso que todavía no se ha resuelto y bueno eso es lo que da esa base para que las instituciones puedan actuar también como un sustento legal y normativo”.

Para Rivera Alfaro la ausencia de la política pública es un ejemplo de un olvido sistemático que vive esta población y lamentó que, aunque parece un tema macro, lo cierto es que tiene impacto directo en las situaciones cotidianas.

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