Tras declaraciones de presidenta ejecutiva del PANI sobre riesgos en albergues, el Poder Judicial aseguró que sus decisiones priorizan la protección de esta población.
El Poder Judicial respondió este jueves a las declaraciones realizadas por autoridades del Poder Ejecutivo durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial del 25 de junio, en las que se cuestionó la permanencia de adolescentes en conflicto con la ley en albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En un comunicado oficial, el Poder Judicial rechazó estar "quitándose el tiro" y defendió el abordaje responsable que realiza con esta población.
Lea: PANI alerta sobre riesgo en albergues por presencia de adolescentes referidos por delitos.
Según el comunicado, los adolescentes que enfrentan procesos penales son, ante todo, personas menores de edad con derechos fundamentales que deben ser garantizados, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional. El Poder Judicial subrayó que muchos de estos jóvenes provienen de contextos de extrema vulnerabilidad, como abandono, pobreza o violencia.
"El Patronato Nacional de la Infancia, como órgano constitucional, tiene el deber de velar por toda la niñez, incluida aquella que enfrenta procesos penales", expresó el Poder Judicial. Además, recordó que "cuando no hay figuras parentales responsables, es el PANI quien debe asumir esa función, no como castigo, sino como protección".
En ese orden de ideas, el Poder Judicial aclaró que no todos los delitos cometidos por adolescentes son graves ni todos los casos requieren medidas cautelares o centros de internamiento. En situaciones donde las personas jóvenes están en riesgo o no tienen dónde vivir, los jueces deben activar el sistema de protección, lo cual puede implicar su ubicación en un albergue del PANI.
Además, el Poder Judicial consideró erróneo asumir que se está utilizando al PANI como sustituto de un centro penal:
Los jueces penales juveniles comprenden bien los límites de cada institución y solo recurren a estas medidas cuando la situación lo exige. La prioridad es siempre el interés superior de la persona menor de edad, y esto implica asegurar condiciones de vida dignas y evitar que el delito se convierta en su única vía".
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer las alternativas integrales de protección, con más recursos, espacios adecuados y políticas públicas que permitan una verdadera inserción social. “Las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley siguen siendo parte de la población que el PANI debe proteger”, concluyó.
