Institución solicita revisar las medidas judiciales para esta población. Alega que su permanencia en estos centros de cuido "representa un alto riesgo".
Hoy, durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, así como por medio de un comunicado de prensa, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) advirtió sobre la complejidad de atender en sus albergues a adolescentes referidos por la Fiscalía Penal Juvenil por diversos delitos, situación que representa un riesgo para la integridad de otras personas menores de edad bajo protección, así como para el personal de la institución y las comunidades donde se ubican estos centros.
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Actualmente, 134 adolescentes —95 hombres y 39 mujeres— se encuentran en alternativas de protección del PANI pese a enfrentar causas judiciales por delitos como tentativa de homicidio, lesiones, abusos sexuales, hurto agravado, portación de armas, incendio y otros, según datos del Departamento de Protección del PANI. En esa línea, la institución señaló que esta cifra supera a la población del Centro de Formación Juvenil Zurquí del Ministerio de Justicia y Paz, donde se encuentran 105 personas menores de edad privadas de libertad.
La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, explicó durante la conferencia: "El Patronato busca siempre privilegiar el interés superior de la persona menor de edad y conocemos que la Ley de las Sanciones Penales Juveniles también está regida por el mismo principio. Sin embargo, cuando los albergues del Patronato, que no son centros penitenciarios, son utilizados como medida para la institucionalización de personas que ya tienen no uno, sino varios antecedentes de conductas delictivas [...] El agravante es que el albergue al no tener contención, no tenemos fortines, no tenemos policías, no están privados de libertad, no tiene un efecto punitivo, estas personas que ya han incorporado esta violencia, la reproducen contra otras personas menores de edad, perpetuándose una cadena de violencia. Además, están utilizando los albergues como centro de operaciones porque al no tener ningún tipo de contención salen a delinquir [...] En los albergues estamos enfrentando una situación sin precedentes".
Asimismo, agregó que pese a que han interpuesto denuncias, han enfrentado resistencias por parte de la Fiscalía. Cuando el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, le consultó cómo podía resistirse la Fiscalía a atender las denuncias, Garza respondió:
Bueno, porque el Patronato Nacional de la Infancia está siendo depositario de unas competencias que no le corresponde y muchas veces es el Patronato que tiene que resolver como si fuéramos una extensión del sistema penitenciario [...] Dicen que es un asunto que el Patronato debe resolver. Con estos argumentos fueron las funcionarias, en este caso, de la Dirección Regional de Heredia que tuvieron que insistir, tuvo que ir un abogado del Patronato a hablarle al fiscal del Penal Juvenil y finalmente atendió la denuncia [...] No es la primera vez, señor presidente, que tenemos que insistir y llevar abogados para que reciban la denuncia. Pero eso no termina ahí, porque finalmente el adolescente termina nuevamente en el albergue del Patronato".
En esa línea, el PANI aseguró que invierte anualmente ₡3.600 millones en contratación de tutores y ₡1.865 millones en servicios de apoyo profesional, además de cerca de ₡4.000 millones en operación ordinaria de albergues. A esto se suma una transferencia de más de ₡13.000 mil millones a organizaciones no gubernamentales que atienden casos especializados, incluidos los adolescentes referidos por la Fiscalía Penal Juvenil.
Pese a estos esfuerzos, la institución subrayó que enfrenta egresos no autorizados de forma frecuente. Especificó que solo en lo que va del 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha registrado 426 reportes de personas menores desaparecidas provenientes de estos centros; en 2024, la cifra fue de 918.
Finalmente, en el comunicado de prensa, la jerarca del PANI insistió en la necesidad de revisar las medidas judiciales para garantizar la protección integral de todas las personas menores de edad bajo resguardo institucional:
Si bien las instituciones responden con recursos y centros especializados, las características de esta población bajo protección hace que se tenga un alto riesgo de violencia, principalmente entre las personas menores de edad, por lo urge que se revisen las medidas judiciales a la luz de la complejidad y la protección integral de las personas menores de edad referidas por el Poder Judicial, pero también a la luz del interés superior de las demás personas menores de edad en alternativas”.
