INAMU recordó que una niña no puede dar consentimiento.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) emitió un comunicado en el que llamó a que la sociedad deje de normalizar e incluso justificar, las relaciones entre niñas y adultos. "Una niña no puede dar consentimiento; el combate y la denuncia es una responsabilidad colectiva", afirmaron en medio del estupor que ha causado el caso de la menor desaparecida en Cervantes de Cartago.

En un comunicado informaron que han estado en comunicación permanente con el Patronato Nacional de la Infancia para el abordaje del caso y confirmaron que recibieron una solicitud de apoyo por parte de la Dirección Regional del PANI porque, dentro del proceso de investigación que se ha venido desarrollando, se detectaron temas de violencia intrafamiliar y se solicitó la participación del personal del Departamento de Violencia de Género del INAMU, para atender la situación.

Aclararon que el protocolo interinstitucional para atender embarazos adolescentes no involucra al INAMU, el PANI atiende, aborda y da seguimiento a los casos cuando es notificado por el centro educativo o centro médico. El INAMU actúa ante una situación de violencia o violación, cuando es referido por alguna institución pública como la Fiscalía, la Fuerza Pública, OIJ, Policía Municipal, centro de llamada del 9-1-1 y, como este caso, el PANI. Además, de solicitud expresa de víctimas o testigos de casos de violencia, situación que en esta oportunidad no sucedió.

Recordaron que la Política Nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades Costa Rica 2017-2032 -que ejecuta el INAMU- contempla, para todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional, acciones de capacitación, atención y comunicación para el combate y la prevención de este tipo de violencia sexual.

Además, el Instituto firmó un convenio con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados mediante el cual se ofreció representación penal en procesos por delitos sexuales entre los años 2016 y 2019, logrando incluso la creación de 13 plazas para fortalecer los servicios de atención para las mujeres de todas las edades.

Paralelamente, esta tarde en un video enviado a la prensa, la presidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo, anunció que ordenó la revisión de todos los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes con el fin de conocer el estado de la intervención institucional y judicial. Adicionalmente, dijo que junto con Unicef y UNFPA acordaron analizar la respuesta interinstitucional con el fin de determinar si hubo o no una activación adecuada de las rutas de abordaje en el manejo de los casos de violencia contra menores edad.

Organización feminista: "Toda niña embarazada fue violada"

En un comunicado, la organización Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica consideró que el caso de la niña de 13 años cuya bebé fue secuestrada por su padrastro, quien además figura como presunto ofensor sexual y padre de la recién nacida, "pone en evidencia a un Estado que fracasó en la protección integral de una persona menor de edad". 

De acuerdo con el artículo 156 Código Penal de Costa Rica, toda relación sexual con una persona menor de 13 años es delito de violación.  Desde la red recordaron igualmente que todo embarazo forzado que es llevado a término naturaliza la violencia sexual a la que fueron expuestas niñas que nunca debieron convertirse tempranamente en madres, según el artículo 121 del Código Penal.

Para el año 2021, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) el país registró un total de 197 partos en niñas menores de 14 años.  Para la organización es indispensable el acatamiento de protocolos que garanticen el cumplimiento del derecho a la interrupción del embarazo, por el alto riesgo para la salud de las niñas violadas.

Según el medio de comunicación La Data Cuenta cerca de 124.00 menores de edad de entre 10 y 17 años fueron embarazadas en las últimas dos décadas en Costa Rica. De ellas, seis de estas apenas tenían 10 años y los responsable de estos casos fueron dos hombres de 23 años, uno de 28, otro de 19, en los adicionales se ignoraba la edad o no se declaró.

“Denunciamos la violencia institucional ejercida contra esta niña antes, durante y después del parto. Lo acontecido en este caso supone una cadena de omisiones en la respuesta interinstitucional, iniciando por una falla en la temprana detección de la violencia sexual sufrida por la niña, quien no fue protegida de su abusador, quedando expuesta a la revictimización”, señalaron.

Adicionalmente llaman la atención a las autoridades y a la sociedad en general  sobre la necesidad de creerle a las niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia sexual, como paso fundamental para generar entornos institucionales, comunitarios y familiares seguros que permitan romper el silencio de la violencia sexual.

Manifestaron que aplicación del protocolo de salud para situaciones de embarazo infantil debe contemplar la oportuna valoración de las condiciones de riesgo para llevar a término un embarazo en niñas menores de 13 años, bajo el principio de salud integral.

"Ante el terrible desenlace de este caso, expresamos nuestro dolor e indignación, y exigimos a las instituciones costarricenses una minuciosa y responsable revisión de los protocolos y procedimientos aplicados frente a los embarazos infantiles según parámetros basados en los derechos humanos", añadieron.

Cerraron el mensaje al exigir a las autoridades respectivas que, ante la ausencia de la debida diligencia por parte de las instituciones involucradas, haya consecuencias y responsabilidades y se proceda a abrir los debidos procesos en lo administrativo y de vías penales, por faltas al deber de denunciar, investigar y procesar.