El Poder Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto que buscar reformar la Ley Orgánica del PANI y el Código de la Niñez y la Adolescencia para "fortalecer el debido proceso a favor de las familias".

Bajo el nombre “Mejoramiento de la gestión del Patronato Nacional de la Infancia y fortalecimiento del Proceso Especial de Protección de las personas menores de edad en aras de su desinstitucionalización”, el proyecto elimina la independencia de criterio de los representantes legales de las oficinas del PANI y se establece que deberán actuar conforme el ordenamiento jurídico y lo dispuesto, prioritariamente por la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Técnica y las jefaturas de la institución.

De igual manera pretende que la separación de personas menores de edad de su familia nuclear o extensa sea una medida excepcional y que, en caso de separación, se deban privilegiar modelos alternativos de cuidado caracterizados por el ámbito familiar. En el caso de menores institucionalizados esperan desarrollar un esquema "para restituirles sus derechos y el de sus familias".

La iniciativa facultaría a la Junta Directiva del PANI a autorizar a otras instancias de la institución a ejecutar el Proceso Especial de Protección (PEP) en algunas de sus fases. La modificación también establece la obligatoriedad del Patronato de capacitar a las personas menores de edad a punto de cumplir la mayoría de edad, para que puedan desarrollar habilidades, conocimientos y competencias necesarios para su etapa de vida adulta.

"La familia sigue siendo la célula integral del organismo de la sociedad, excepto en casos en que haya una necesidad imperativa y que estén respaldados por ley", dijo el presidente Rodrigo Chaves Robles en la conferencia prensa posterior al Consejo de Gobierno de este 31 de marzo.  

La propuesta unifica el procedimiento del Proceso Especial de Protección (PEP), actualmente regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Decreto N°41.902 y la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

Según detalló la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo, durante el 2022 se atendieron 86.795 denuncias. Detalló que el PANI durante el año anterior protegió a 2175 personas menores de edad en Organizaciones No Gubernamentales Residenciales, 306 en albergues, 4505 en hogares de acogimiento familiar subvencionado y 6135 en acogimiento familiar sin subsidio.

Las decisiones sobre sus vidas deben ser ágiles e inmediatas porque para ellos y ellas el tiempo es vital. Este proyecto de ley fortalece el Proceso Especial de Protección en aras de su desinstitucionalización y que las familias reciban una atención uniforme y con claridad del proceso psicosocial y legal. 

Nuevas plazas

El PANI anunció la aprobación de 80 plazas por cargos fijos para los Departamentos de Atención y Respuesta Inmediata (DARI), a partir del 1 de abril del 2023.

Con esta acción esperan garantizar la continuidad del servicio de atención de situaciones de alto riesgo, las 24 horas al día, los 365 días del año y en todo el país.

La institución también anunció que el pasado 30 de marzo llevó a cabo el Primer Encuentro de Espacios Seguros en que el participaron 180 personas líderes y 37 organizaciones comunitarias de todo país entre ellas ONGs, cooperativas, iglesias y treinta Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADC). Además, participaron 42 niñas y niños quienes en espacios sobre el cumplimiento de sus derechos y harán una declaración ante la plenaria de los líderes.

El Patronato lideró esta iniciativa en alianza con la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), la Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica. Mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF Costa Rica asesora técnicamente y financieramente para involucrar a las Asociaciones y Organizaciones de Desarrollo Local de las comunidades participantes, en alianza con la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.