El pasado 2 de marzo, el gobierno de Costa Rica firmó un decreto que declara un estado de emergencia en varias comunidades limítrofes con Nicaragua, debido a la contaminación por mercurio en el agua que utilizan diariamente para beber, cocinar sus alimentos y bañarse. La declaratoria fue solicitada por el Concejo Municipal de San Carlos, que recibió un informe del Ministerio de Salud que señalaba que el agua que abastece a esa zona contiene hasta 65 veces la cantidad de mercurio permitida por la normativa nacional.

Según se ha informado, existen unas 1500 personas en las comunidades de Crucitas y Pocosol, que en este momento no pueden abastecerse por fuentes locales y deben consumir agua que proviene de otros lugares a través de cisternas o pichingas. Para empeorar la situación, la condición deplorable de los caminos de algunos de estos poblados hace que estas tareas sean casi imposibles.

Se espera que este decreto de emergencia movilice los recursos necesarios para abastecer de agua potable a las comunidades. La urgencia es clara: según una noticia publicada el pasado 25 de febrero en el diario La Nación, ocho pobladores de la zona se sometieron a análisis de sangre para evaluar su nivel de exposición al mercurio. Todos presentan resultados que están por encima de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

El problema de salud pública que existe hoy en la zona norte de nuestro país es alarmante y, sin embargo, es sólo la punta del iceberg. Debajo de la superficie existe, además, un problema ambiental y social complejo, complejísimo, que es necesario abordar con rapidez y determinación.

El mercurio de Crucitas

Hace millones de años, en la zona de Crucitas, se produjeron depósitos de oro y de otros elementos como el cobre, la plata, el mercurio y el arsénico. Un día de tantos, a finales de los 80’s del siglo pasado, se identificaron altas concentraciones de oro en la zona. Entonces, la empresa minera Infinito Gold presentó un estudio de impacto ambiental para realizar una explotación minera.

Algunas irregularidades en el proceso y la prohibición de la minería metálica industrial a cielo abierto en el país impidieron que se llevara a cabo este proyecto. Sin embargo, el anuncio sobre la presencia del oro desencadenó explotaciones clandestinas y contaminantes, reportadas por primera vez en 2017. Desde entonces, una zona tan rica en minerales se ha degradado ambiental y socialmente, como consecuencia de la anarquía y el descontrol en el manejo de sustancias químicas, de las aguas, los sedimentos y, sobre todo, del mercurio.

Durante siglos, el mercurio se ha utilizado para la extracción del oro porque esos elementos se amalgaman naturalmente. Esa es una forma fácil de separar el oro del resto de los sedimentos o de la roca triturada. Al elevar la temperatura, el mercurio de la amalgama se evapora para que permanezca solo el preciado oro. Pero el mercurio no desaparece, sino que entra en el aire, donde puede ser respirado por el minero artesanal o desplazado por el viento a otras localidades. Eventualmente, cae en el suelo y puede ser absorbido por las plantas o consumido por los peces o los seres humanos.

El mercurio puede causar trastornos neurológicos y de comportamiento, además de afectar los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, los pulmones y riñones. Por otra parte, tiende a dispersarse en áreas amplias a través de la lluvia, los ríos o el aire, por lo que es sumamente difícil, si no imposible, corregir una situación de contaminación con mercurio. Existen técnicas para removerlo del agua, pero son sumamente costosas y difíciles de implementar en ambientes naturales. Por estas razones está regulado su uso en Costa Rica. El mercurio que desencadenó la crisis ambiental y de salud que hoy lamentamos, fue llevado ilegalmente, a través de la frontera con Nicaragua.

¿Qué sabemos y qué podemos hacer?

El plan del gobierno que pretende combatir la contaminación con mercurio del agua de Crucitas se limita a responder al problema de salud pública. Sin embargo ¿qué acciones se proponen en relación con el problema ambiental? Sabemos que la empresa Infinito Gold reanudó el proceso de arbitraje contra Costa Rica por la anulación de la concesión minera de Crucitas y que el gobierno se ha escudado detrás de esta condición legal para no actuar. Sin embargo, el área de concesión es solo una parte del área afectada y todavía queda mucho por hacer.

La normativa costarricense establece que el dueño de un terreno debe responder por la contaminación del suelo o del agua subterránea que se produzca como consecuencia de las actividades que lleven a cabo en ese lugar. ¿Por qué no se ha recurrido a esa normativa en medio de la crisis de Crucitas? ¿Por qué no se pide respuesta a los responsables de esta lamentable situación? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién responde?

Todo indica que el problema requiere de un equipo de trabajo que aborde todas las aristas: legales, ambientales, sociales, económicas y de salud pública. Esto permitiría definir un rumbo. Una ruta de acción. Lo que resulta inaceptable es que se disfrace la solución de un problema de tal complejidad mediante el envío de cisternas y pichingas de agua a las comunidades de Crucitas y sus alrededores. Es necesario hacer más. Mucho más. Lo merecen las 1500 personas que han sido afectadas al día de hoy, la naturaleza y la reputación de un país que se hace llamar ecológico en cada uno de los foros internacionales en que se presenta.

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