Crucitas, en el norte de Costa Rica, se ha convertido en el epicentro de un debate que va mucho más allá de la extracción de oro. Allí se libra una batalla entre dos visiones opuestas de desarrollo: una, anclada en la vieja promesa de riqueza a través de la minería metálica a cielo abierto; la otra, comprometida con un paradigma de desarrollo sostenible, que respeta la biodiversidad y busca romper con los ciclos de pobreza sin hipotecar el futuro.
Los recientes proyectos de ley contenidos en los expedientes 24.717 y 24.577, conforme lo ha manifestado el Parlamento Cívico Ambiental en sus acuerdos 5-25 y 6-25, pretenden reabrir las puertas a la minería metálica en Crucitas, bajo la justificación de que generará empleo e ingresos fiscales. Pero esta narrativa, aunque tentadora, ha demostrado ser profundamente fallida en América Latina. Como lo evidencian múltiples estudios y experiencias en países como Perú, Argentina, Guyana y Colombia, la minería a cielo abierto no solo deja una estela de contaminación, deforestación y enfermedades, sino que profundiza las desigualdades sociales, beneficiando principalmente a grandes mineras mientras las comunidades quedan con los pasivos ambientales y pocas mejoras reales en su calidad de vida.
El propio texto de los proyectos reconoce que se explotaría oro mediante el método de cantera abierta, lo que significa remoción masiva de tierra, destrucción de cerros, formación de lagunas de relaves en zonas húmedas y un impacto irreversible sobre acuíferos, flora y fauna. ¿Qué ganamos a cambio? En un caso, un mísero 1% del valor bruto de las ventas destinado a la región de San Carlos. ¿Y el resto? A las arcas generales del Estado, sin mecanismos claros de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República. Es, en esencia, un negocio donde el Estado y la comunidad asumen los costos, mientras los beneficios se privatizan. El otro caso no es mejor y pretende engañar a la opinión pública con supuestos beneficios para el régimen de pensiones no contributivas y otras promesas que al final se alejan de beneficiar realmente a las comunidades locales y al país.
En contraste, el expediente 24.675 —propuesto por iniciativa ciudadana con un enfoque completamente diferente— plantea un modelo de recuperación sostenible para Crucitas. En lugar de dinamitar cerros, este proyecto busca transformar la zona en un polo de desarrollo basado en la restauración ambiental, el ecoturismo, las actividades productivas comunitarias y la innovación tecnológica mediante la digitalización de activos mineros. No es utopía. Es una visión moderna, informada, que reconoce que el verdadero valor del oro puede estar bajo tierra, no como mercancía, sino como garantía de estabilidad ecológica, fuente de biodiversidad, y base para una economía regenerativa. Por ello, ha recibido el apoyo del Parlamento Cívico Ambiental por acuerdo 4-25.
A diferencia de la minería, que externaliza sus pasivos, el proyecto sostenible incorpora la reparación del daño ambiental como pilar del desarrollo. Propone fuentes de financiamiento mixtas, alianzas público-privadas, y fomenta la formación técnica para las comunidades, incluyendo instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Cultura y Juventud. Este enfoque integral no solo atiende los daños del pasado, sino que construye un futuro resiliente.
No es un secreto que el caso Crucitas ha estado marcado por escándalos, arbitrajes internacionales y la sombra de la empresa Infinito Gold. Pretender ignorar este historial —como hacen los expedientes 24.717 y 24.577— es como darle carta blanca a los mismos errores que llevaron a esta crisis. ¿Vamos a caer dos veces en la misma trampa?
Costa Rica ha sido reconocida mundialmente por su compromiso con la protección ambiental. Abrir las puertas nuevamente a la minería a cielo abierto sería un retroceso indigno. Como advirtió la Sala Constitucional, el principio de no regresividad impide que bajemos el nivel de protección ambiental que tanto nos ha costado alcanzar. Esta no es solo una lucha por un pedazo de bosque en la zona norte. Es una lucha por la coherencia entre nuestro discurso internacional y nuestras acciones nacionales.
El oro más valioso de Crucitas no está en sus entrañas. Está en su capacidad de recordarnos que el desarrollo no debe medirse en toneladas extraídas, sino en bienestar duradero. No se trata de elegir entre economía y ambiente. Se trata de tener el coraje de construir un modelo donde ambos coexistan.
Crucitas no se vende. Crucitas se protege. Porque el futuro de Costa Rica no está en las entrañas de la tierra, sino en la visión con la que decidamos caminar sobre ella.
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