Como parte del IV Informe del Estado de la Justicia se aplicó la ciencia de datos al estudio de todas las sentencias emanadas por la Sala Constitucional entre 1989 y el 2021, permitiendo identificar “los principales lineamientos jurisprudenciales utilizados y generados por la Sala Constitucional a partir de sus propios veredictos, los razonamientos de las personas magistradas al dictar sentencia y la interpretación de las fuentes jurídicas, entre otros”.
El uso de métodos de inteligencia artificial permitió al equipo investigador el análisis de 433.043 sentencias, sin tener que leer cada una individualmente. Según señaló la investigadora Karen Chacón Araya:
Nuestro objetivo era identificar un tipo de sentencia llamada ‘estructural’, en el proceso el algoritmo nos mostró otros datos relevantes, como la tendencia dominante de la Sala a rechazar o declarar sin lugar las sentencias, o que el tiempo que tarda la Sala emitiendo un fallo varía notablemente según el tema”
Algunos de los datos identificados fueron que la Sala rechazó de plano 1 de cada 3 casos (34.%) atendidos entre 1989 y el 2018, mientras que solo en 1 de cada 4 (24.6%) se acogió todas las pretensiones de la parte recurrente.
Adicionalmente, se pudo identificar que el tiempo promedio de resolución de la Sala se redujo significativamente entre el 2002, cuando el plazo promedio era de 679 días en resolverse, y el 2018, cuando el promedio de resolución fue de 37 días.
Según señala el informe, este promedio varía dependiendo del tipo de procedimiento que conoce la Sala Constitucional: las acciones de inconstitucionalidad pasaron de un promedio de 2035 días calendario en 2001 a 157 en 2018, mientras que, en ese mismo periodo de tiempo, los recursos de amparo pasaron de 519 días a 33 y los habeas corpus se redujeron de 297 días a 24.
Adicionalmente, se logró identificar que también existen variaciones en los tiempos de resolución, según las temáticas tratadas, siendo los más rápidos de resolver los relacionados con temas de salud y contraloría, con un promedio de 76.6 y 78.2 días calendario, respectivamente. Del otro lado del espectro, los temas que requieren mayor tiempo de resolución fueron los asuntos tributarios y la Asamblea Legislativa, con un promedio de 1.1773 y 1.841 días calendario, respectivamente.
Sobre esta mejora en los tiempos de respuesta de la Sala Constitucional, Chacón señaló:
A simple vista, todas las personas creemos que los servicios de justicia deben y pueden mejorar, pero ¿dónde y cómo empezar? Los datos exactos y relevantes nos permiten hacer las preguntas correctas e iluminan el camino. Por ejemplo, ¿cómo logró la Sala reducir en dos décadas el tiempo de respuesta de una manera tan dramática? ¿Se podría aplicar el método a otras jurisdicciones? Si el Poder Judicial adopta la ciencia de datos como herramienta de gestión, el resultado, sin duda, sería un ganar-ganar.”
Derechos más vulnerados
Otro de los aspectos que permitió identificar el análisis de datos usando inteligencia artificial a las sentencias de la Sala Constitucional fue cuáles son los temas que la población más presenta ante el Constitucional y conocer algunas sentencias relevantes.
Si bien el estudio no pudo concluir en identificar “sentencias estructurales” —aquellas que “ordenan una solución en tiempo y forma para una situación cuyo origen es un problema reiterado y relevante que implica violaciones sistemáticas a los derechos humanos de muchas personas”— sí se logró identificar la existencia de un 1% de sentencias que son, reiteradamente, citadas en 10 o más ocasiones posteriores, a las que el informe denominó "sentencias referentes".
Esas sentencias referentes identificadas tratan sobre cinco temas, a saber:
- Ambiente, la mayoría de los fallos se vinculan a problemas con el agua y la basura.
- Trabajo, sobresalen los casos relacionados con salarios, procedimientos administrativos y prestaciones.
- Petición, todas las resoluciones de petición se originaron en la falta de respuesta, principalmente a solicitudes de información.
- Pronta resolución, destacan los dictámenes por moras administrativas y agua potable, respectivamente.
- Servicios públicos, destaca los dictámenes con relación al acceso a agua potable.
El análisis de datos también permitió identificar la existencia de un poco seguimiento al cumplimiento posterior a la sentencia, ya que solo en un 98% de los casos la Sala ordenó informar sobre su implementación posterior. Al respectó Chacón señaló:
Declarar con lugar un reclamo no es suficiente garantía de que el hecho generador de la violación será corregido en tiempo y forma, por lo que es factible suponer que en muchos casos se mantiene la inobservancia a los mandatos constitucionales o derechos fundamentales de las personas”.
En total, de las 134.697 que fueron declaradas con lugar y lugar parcial, es decir a favor de la parte demandante, solo 4 de cada 10 (41%) tenían un “se ordena” con plazo definido.
