El Programa Estado Nación presentó el día de hoy el IV informe del Estado de la Justicia, con un mensaje principal: "las fortalezas históricas del Poder Judicial tienen una base frágil", haciendo referencia a las fuertes bases históricas que son la fortaleza del sistema judicial costarricense, pero esta base coexiste con la amenaza que representa su falla estructural: la alta dependencia en la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano administrativo, jurisdiccional y político.
Esas 22 personas (o, en realidad 12, las necesarias para hacer mayoría) tienen el máximo poder de decisión dentro de este conglomerado institucional, en términos administrativos, jurisdiccionales y políticos. En pocas palabras, la Corte es la Junta Directiva, gerencia colectiva, máximo tribunal y órgano fiscalizador al mismo tiempo. Es la roca que soporta toda la estructura y consume toda su energía en mantener el balance necesario dentro del Poder Judicial y entre este y la sociedad”.
El informe destaca tres importantes fragilidades a las que queda expuesta el Poder Judicial por esta concentración de funciones en la Corte Suprema de Justicia:
- La cooptación: “si la Corte es infiltrada, si llega a estar compuesta por personas no idóneas o simplemente sin la talla para gestiona el conglomerado, todo está en riesgo”, señala el informe, poniendo énfasis en la alta discrecionalidad que tiene la Asamblea Legislativa para los nombramientos a la Corte Suprema.
- Bajo desempeño: “la concentración de funciones en la Corte es una limitación para una eficiente gestión, pues no hay manera de que un cuerpo colegiado pueda cumplir con tantas funciones al mismo tiempo”, la cantidad de decisiones administrativas que toma la Corte Suprema, limita el tiempo que los integrantes de las cuatro salas pueden dedicar a impartir justicia e influye en la duración de los procesos en las salas de casación.
- Lejanía con las personas usuarias: la Corte es el lugar de origen de las propuestas para “nuevos códigos, lineamientos de política judicial e iniciativas específicas que son creaciones de ciertos magistrados y magistradas, sin procesos participativos y con poca evidencia empírica de sustento”.
El informe señala que “un fortalecimiento estructural de ese sistema implicaría una distribución de poder más horizontal dentro del Judicial, así como mayores pesos y contrapesos internos y externos, que creen mejores condiciones para reformas largamente postergadas”.
El informe asegura, por ejemplo, que existe un "cuello de botella" en la concentración administrativas de la Corte Suprema de Justicia, que además, se incrementó durante el periodo 2019-2021, ya que mientras en 2019 la Corte Plena tomó 518 decisiones administrativas, en 2020 fueron 665, por lo que la coordinadora del informe, Evelyn Villareal Fernández, señaló:
Seguimos teniendo a los máximos jueces y juezas del país dedicados mayoritariamente a la administración, en detrimento de su tiempo a la labor esencial que es la jurisdiccional en las salas de casación”.
Para más detalles de los hallazgos e investigaciones del informe visite las siguientes notas:
- Estado de la Justicia identifica falencias en procesos de peritaje judicial.
- Concentración de nombramientos en cúpula del Poder Judicial beneficia candidaturas peor calificadas.
- Inteligencia artificial permite análisis de 32 años de jurisprudencia constitucional.
- Poder Judicial crece en funciones pero sin recursos para su implementación.
- Entre el 2019 y 2020 disminuyó la cantidad de casos, pero aumentó la mora judicial.
