El IV Informe del Estado de la Justicia, presentado por el Programa Estado Nación (PEN), señala las deficiencias y debilidades identificadas en la implementación de una serie de jurisdicciones especializadas que se han creado en años recientes y no han tenido los resultados esperados, o incluso no han podido ser puestas en marcha por la falta del presupuesto para su funcionamiento.

El informe destaca el caso de la reforma contencioso-administrativa, pues tras 14 años de haber sido aprobada se considera que “la carencia de recursos humanos y materiales y las debilidades de gestión han afectado la consecución de una justicia accesible, pronta y cumplida en esta materia”.

Al respecto, el informe señala que “existen problemas de eficacia, dada la lentitud en las resoluciones y las distorsiones en las cargas de trabajo de los distintos órganos que componen la jurisdicción, incluso entre los jueces tramitadores y los tribunales sentenciadores”, y el investigador del PEN, Aldo Milano Sánchez, aseguró que uno de esos factores que inciden en la eficacia fue la decisión de la Sala Constitucional de trasladarle a esta jurisdicción los llamadas “amparos de legalidad”. Milano asegura que:

Como otras reformas procesales, esta reforma no se acompañó de la asignación de recursos suficientes ni crecientes en el tiempo, tampoco de reformas de gestión. Esto evidencia que cambiar el Código Procesal Contencioso-Administrativo, o cualquier código procesal, no es suficiente para alcanzar mejoras sustantivas”.

Adicionalmente, como parte del Informe, se realizó un análisis de una muestra de expedientes (318 de 6.660) con el objetivo de buscar eventuales riesgos a la tutela judicial en los procesos que se tramitan en la vía contencioso-administrativa, identificando como principales riesgos “la centralización física de la jurisdicción, las deficiencias en la atención en línea, el costo procesal y el tiempo de resolución”.

Sobre los tiempos de resolución, desde el PEN destacaron que, en promedio, “cuando hay sentencia en primera instancia, la duración del proceso es de 553 días (500 días si es fuera de la provincia de San José). En los casos en que hay recurso de apelación en contra de una de las resoluciones que pueden ser apeladas, los tiempos son favorables para la persona usuaria, y corresponden a no más de 57 días naturales, plazo que es el resultado del ágil trámite de estos recursos y de la existencia de dos secciones dedicadas a resolverlos. No obstante, si la sentencia se recurre ante la Sala I o el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo integrado por tres magistrados de la Sala, se genera una suerte de “embudo” que resulta muy “preocupante”.

Presupuesto disminuye

El informe destaca que, si bien el Poder Judicial tiene otras jurisdicciones especializadas y reformas procesales esperando presupuesto para ser puestas en marcha —como es el caso de la Jurisdicción especializada de crimen organizado o el Código de familia— el presupuesto real del Poder Judicial ha venido en decrecimiento, registrando una caída del 7% entre el 2017 y el 2021, .

Al respecto, Evelyn Villareal Fernández, coordinadora del Informe, señaló:

Es la primera vez que desde el Estado de la Justicia analizamos con más detalle el presupuesto judicial, y aunque la información disponible es insuficiente para formular un dictamen sobre el tema, los hallazgos sugieren una fuerte presión financiera debido a un menor presupuesto y un creciente costo por funcionario y por caso”.

El informe destaca que, a  pesar de que el presupuesto del Poder Judicial se viene reduciendo en valores reales desde el 2018, fue hasta el 2021 cuando la partida de remuneraciones experimento su primera reducción, lo que podría indicar que otras partidas presupuestarias compensaron la caída esos tres años.Villareal aseguró que:

A esto nos referimos cuando decimos que el aumento en la planilla y en el costo por funcionario presiona otros rubros presupuestarios del Poder Judicial. Por ejemplo, las partidas de inversión de capital y la subpartida de capacitación sí disminuyeron desde el 2018”.

Como recomendaciones para el Poder Judicial, el informe destacó el potencial que tiene el uso de tecnología para resolver algunos problemas, como el uso de videoconferencias para descentralizar el tema contencioso, así como el uso de inteligencia artificial para agilizar la resolución de casos.

En cuanto al uso eficiente de los recursos, Villareal aseguró:

No solo el ambiente fiscal adverso es motivo para prestar atención a la subejecución de los presupuestos, sino también porque esto podría llegar a traducirse en una disminución en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía”.