El IV Informe del Estado de la Justicia, presentado por el Programa Estado Nación (PEN), identificó que, a pesar de que entre el 2019 y el 2020 disminuyó la cantidad de nuevos casos que entraron en todos los circuitos judiciales del país, se dio un incremento en la cantidad de casos pendientes, mora judicial y el tiempo promedio de resolución en primera instancia.
Adicionalmente, cuando se comparan los casos pendientes en 2019 y 2021, se identifica que las áreas dónde los casos pendientes tuvieron un incremento, como cobro judicial (+13%), notarial (+10,1%), justicia penal (+9,5%), son las que concentran más casos, por lo que la reducción de casos en otras ocho áreas no influye en los indicadores Globales del Poder Judicial.
Según el informe, al darle seguimiento a dos materias claves como la laboral y la penal, se puede sugerir que los problemas siguen sin resolverse, por ejemplo, a pesar de la implementación de la reforma procesal laboral que empezó a regir en 2018, entre el 2019 y el 2021 los casos pendientes en esa temática crecieron en un 6.9%, y sobre los tiempos de respuesta la coordinadora del informe, Evelyn Villareal Fernández, señaló:
En 2021 laboral tardó, en promedio, casi cuatro meses más en resolver un caso que en 2019. En penal vemos el mismo comportamiento: el I Circuito de San José aumentó, en promedio, 308 días al proceso entre 2019 y 2021”.
Desde el PEN aseguraron que, "si bien siempre ha habido iniciativas internas enfocadas en mejorar la gestión judicial de diversas maneras, en la institución existe una alta resistencia al cambio, ahora complicada por una disminución de recursos presupuestarios", como sucedió con la reforma contencioso-administrativa, la cual según Villareal "ha sido imposible de ejecutar efectivamente, pues los mismos funcionarios judiciales la han apelado. Esto evidencia que las iniciativas de reforma operativas y administrativas no son suficientes. Un cambio en la cultura organizacional es fundamental, empezando por dar el ejemplo con la desconcentración de la Corte".
