De cara a las elecciones del año siguiente y nuestro recién ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la búsqueda del desarrollo sostenible continua siendo una prioridad para el país. Sin embargo, el denominar la protección del medioambiente como una “pose ideológica” o no contar con expertos en materia ambiental en su equipo de trabajo nos sugiere que ciertos sectores políticos no están priorizando el medioambiente en su agenda de desarrollo sostenible. Considero esto un desacierto, pues una reforma económica moderna y sostenible a largo plazo debe incluir el tema medioambiental como uno de sus ejes principales.
¿Y qué es eso que nos provee el medioambiente en el ámbito económico? Podemos empezar por el hecho de que el turismo ha sido una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos años. El último reporte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) muestra que durante el 2016, el turismo aportó un 8.2% del PIB entre efectos directos e indirectos. La gran mayoría de este turismo es del tipo ecológico, donde los recursos naturales son el principal atractivo para la visita al país. Esto evidencia que un deterioro de la “gallina de los huevos de oro" al no asegurar la protección ambiental, causaría un daño a la economía nacional.
Además del turismo, el medioambiente aporta a la economía mediante otros servicios ecosistémicos. Los manglares son capaces de prevenir impactos por inundaciones en zonas costeras valorados en $65 000 millones anuales a nivel mundial. Los ecosistemas marinos proveen fuentes de trabajo por medio de la pesca y la acuicultura. Los bosques aledaños a ríos actúan como una barrera que reduce los impactos de las inundaciones causadas por lluvias. Estos son solo unos pocos de los beneficios que proveen nuestros ecosistemas al país.
Estos servicios ecosistémicos (los cuales incluyen al turismo) pueden verse afectados por una política ambiental ineficiente. Una política extractivista incapaz de asegurar la estabilidad del ecosistema puede conllevar una utilidad reducida, e incluso pérdidas, en el largo plazo, como se vio en Canadá durante los noventa cuando colapsó la pesca de bacalao.
Más aún, el cambio climático es una amenaza cuyo impacto ya se ha visto en el país. A nivel mundial, se espera que el PIB global se reduzca al menos en un 10% para 2100. El huracán Otto fue el primero que impactó directamente nuestro territorio desde el siglo XIX, lo cual ha conllevado una alta inversión en reconstruir las comunidades afectadas. El aumento en las temperaturas ha incrementado la condición de sequía en Guanacaste, lo cual reduce la cantidad de agua disponible para consumo humano y uso agropecuario. El sapo dorado, especie única de Monteverde, fue una de las primeras extinciones atribuidas al cambio climático. Esta y extinciones similares afectan la biodiversidad del país, dañando así nuestra competitividad turística. Con el fin de reducir los impactos del cambio climático, además de continuar liderando la descarbonización a nivel global, es necesario adaptar nuestras comunidades con infraestructura y recursos resistentes a inundaciones y sequías.
¿Qué puede hacer entonces un Gobierno enfocado en el apoyo a las empresas y la reducción del aparato estatal para proteger el medioambiente y el desarrollo sostenible? Además de incluir un equipo interdisciplinario capaz de cuantificar el impacto ambiental de las políticas económicas, existen otras ideas. Por ejemplo, potenciar el sistema de incentivos ambientales, como el pago por servicios ambientales, el cual ha sido reconocido a nivel mundial como parte de nuestro éxito en reforestación. A este incentivo se le pueden incluir otros de inversión en emprendimientos de turismo ecológico, producción de energía renovable, tecnologías de adaptación al cambio climático o de acuicultura sostenible de algas o mariscos. Respecto al tema de reducción del gasto y descarbonización, continuar con la electrificación de la flotilla vehicular del Gobierno no solo reduce la huella de carbono de este, sino también los costos de mantenimiento a largo plazo. Estas y muchas otras ideas pueden plantearse mediante el diálogo cuando en la mesa de discusión hay un experto en materia ambiental.
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