El 27 de mayo de 2020 publiqué en La Nación un artículo titulado “El ingreso de Costa Rica a la OCDE: Desafíos y oportunidades para la agenda del desarrollo sostenible”, el análisis daba cuenta de una serie de retos, que en materia ambiental, debía solventar el país para entrar bien a esta organización. Un año después, aún bajo emergencia sanitaria, el desarrollo sostenible o la agenda de soluciones basadas en la naturaleza sigue rezagada, quizás que lo único diferente es que ya somos el primer estado de América Central y el cuarto de América Latina en integrarse a este exclusivo club que reúne a países de mayor desarrollo en el mundo. El proceso de adhesión e ingreso a la OCDE fue prioridad en la hoja de ruta de la actual administración y una política de Estado y aunque la membresía no garantiza nada, formar parte de esta organización podría dinamizar oportunidades y facilitar el acercamiento y colaboración con economías exitosas. Es un foro indiscutible donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. No obstante, no hay almuerzo gratis, veamos la cronología de eventos.
El ingreso a esta organización responde al cumplimiento de requisitos establecidos en los principios de gobierno corporativo de la OCDE y gobierno corporativo de las empresas públicas. Para conseguirlo, un equipo de especialistas, desde 2015, preparó y presentó diversos documentos y evaluaciones técnicas que fueron revisadas, durante 2019 y 2020, por 22 comités especializados en diversas áreas, entre ellas: inversión, cohecho, gobierno corporativo, mercados financieros, seguros, pensiones privadas y competencia. En lo que respecta a temas ambientales, según se deriva del análisis de documentos oficiales del Ministerio de Salud (Costa Rica recibe aval de la OCDE en materia ambiental) y de la Presidencia de la República (Firmada ley de aprobación del Acuerdo de Adhesión y de la Convención de la OCDE | Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), desde 2019 se inició una evaluación exhaustiva del marco institucional y normativo ambiental y regulaciones relacionadas con el principio “in dubio pro natura”, prevención y control de la contaminación, la gestión de recurso hídrico, así como la gestión de residuos, el sistema de evaluación de impacto ambiental, la producción de información de estadísticas ambientales de alta calidad (SINIA) y la ratificación de dos convenios internacionales sobre el manejo y responsabilidades por derrames de hidrocarburos dentro de aguas territoriales costarricenses. ¿Es esto suficiente para cumplir lo que exige la OCDE en el desempeño de la sostenibilidad o cumplimiento de la Agenda 2030?
Para responder a esta interrogante la OCDE mantiene rigurosos mandatos y políticas verdes, en el entendido de que sus miembros reconocen la imperiosa necesidad de incrementar acciones para reducir, mitigar o compensar los riesgos de alterar la base ambiental que proporciona la prosperidad global económica. Así lo consigna una reciente publicación, “Perspectivas ambientales de la OCDE hacia 2050, consecuencias de la inacción”, aquí señalan que la contaminación es más costosa que las alternativas verdes y que es prioritario asignar valor y precio a los bienes naturales y los servicios de los ecosistemas, eliminar los subsidios que dañan el medio ambiente, establecer reglamentaciones y normas efectivas para salvaguardar la salud humana, promover la eficiencia energética, las energías renovables y en general alentar la innovación verde. En otro documento “Prospectiva medioambiental de la OCDE hacia el 2030”, establecen una hoja de ruta en la que sus miembros deben actuar con base en la sostenibilidad planetaria. En esto, Costa Rica debe alinearse y fortalecer las estrategias de crecimiento verde y demostrar que la inversión sustentable impacta positivamente en el cumplimiento de la agenda para el desarrollo sostenible 2030. La OCDE requiere que se aceleren acciones para alcanzar un desempeño ambiental bajo estándares internacionales.
Sobre este desempeño, ¿cuál es la situación de Costa Rica? Aunque existen algunas publicaciones que hablan del tema, una respuesta concreta se encuentra en el último informe del Estado de La Nación 2020. En el capítulo de Armonía con la Naturaleza, se indica que nuestra agenda de desarrollo nacional desconoce el lugar que ocupa el ambiente y por lo tanto es insostenible la forma en que estamos gestionando el territorio, los recursos y el patrimonio natural. El informe señala que somos insostenibles por la forma en que preservamos los recursos estratégicos naturales (agua, alimento, ecosistemas y biodiversidad) y que persisten rezagos en la conservación continental y marina. El reporte evidencia claroscuros sobre como los instrumentos de política se conectan con acciones para una agenda verdaderamente sostenible y la urgencia de mejoras significativas en el actual modelo y visión de desarrollo para la Costa Rica bicentenaria democrática, resiliente e inclusiva a la que aspiramos.
Logramos ingresar a la OCDE, no obstante hacer un buen papel, en materia de desarrollo sostenible, dependerá de la capacidad que tengamos para resolver viejos retos entre la protección, conservación y producción. Debemos dejar las transiciones para trabajar en las trasformaciones estructurales que se requieren para ser, localmente, lo que internacionalmente decimos que somos, una economía emergente competitiva, ambientalmente eficiente y sostenible. Las brechas son significativas, un reciente estudio publicado en la Revista Repertorio Científico de la UNED, 2019 (El desempeño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, COVID-19 y la Costa Rica Bicentenaria) señala que el país mantiene avances en los objetivos 2, 3, 7, 12, 13, y 15; en tanto que existen rezagos en los ODS 1, 6, 8, 11, 14 y 16. Si bien el cumplimiento de los objetivos se ha visto comprometido por la pandemia, hay condiciones precedentes que magnifican los pasivos y deudas ambientales que se arrastran por décadas. En esto, además de medidas relacionadas con políticas monetarias y reactivación económica, se deben promover proyectos de ordenamiento territorial, movilidad eléctrica e independencia del petróleo, así como soluciones basadas en la naturaleza como hoja de ruta para la gobernanza ambiental que pide esta organización.
Finalmente, las reglas de la organización son derecho supranacional, por lo tanto las normas que resultan de la convención tienen un mayor rango, incluso que las leyes nacionales. Así, la agenda para el desarrollo sostenible, los planes nacionales de descarbonización de la economía, de transporte eléctrico, de energía o la estrategia contra el cambio climático, por citar algunos ejemplos, podrían ser auditados por representantes del derecho internacional que están por encima de nuestras leyes y según lo dicta nuestra Constitución Política. Esto nos compromete aún más con planes de innovación, soluciones basadas en la naturaleza, principios de la economía azul, tecnologías verdes y una fuerte acción por el clima. Esta encrucijada plantea una necesaria reflexión prospectiva de la Costa Rica del bicentenario.
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