El pasado 5 de noviembre el senado mexicano aprobó el Acuerdo de Escazú. Este país se convirtió en el número 11 en ratificar este convenio regional, lo que permite que entre en vigencia en los próximos 90 días.

Ahora bien, ¿qué implica el acuerdo? ¿Por qué Costa Rica tiene dos años sin ratificar un tratado ambiental que propuso en su propio país junto a Chile? ¿Cuál es la importancia de su ratificación?

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú. Es el primer gran tratado medioambiental de la región. 

El acuerdo busca el reconocimiento y respeto del derecho a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información, así como participación real y significativa en decisiones en materia ambiental en América Latina y el Caribe .

También envuelve los derechos humanos, porque busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión".

No es para menos, porque, según el reporte de Global Witness 2019, América Latina es el lugar más peligroso para personas defensoras del medio ambiente. De 212 asesinatos a nivel mundial en 2019, 148 se dieron en América Latina.

En Costa Rica, por ejemplo, se registró el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri. De hecho, en junio pasado, la nueva Relatora Especial ONU, Mary Lawlor, manifestó su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, en setiembre del presente  año, el Ministerio Público solicitó desestimar el caso.

Costa Rica no fue solo el país sede de la firma del acuerdo sino que junto a Chile, dirigió las negociaciones. La vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, firmó el acuerdo ante la ONU el 27 de setiembre del 2018. No obstante, la ratificación no se ha dado y depende exclusivamente de la Asamblea Legislativa.

El pasado 13 de febrero el plenario legislativo aprobó en primer debate el expediente 21.245 que ratificaba el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, debido a un vicio en el procedimiento, la Sala Constitucional obligó a repetir la votación y aún no se ha llevado a cabo.

Dato D+: El vicio de inconstitucionalidad encontrado por la Sala fue no consultar el proyecto al Poder Judicial antes de votarlo en primer debate.

La Corte Plena solicitó a la Asamblea Legislativa aclarar cuál será fuente de recursos para aplicar la nueva ley ambiental. El acuerdo obligaría al Poder Judicial a realizar modificaciones para atender solicitudes en la materia.

Las personas diputadas deberán volver a votarlo. Recientemente la Comisión de Consultas de Constitucionalidad dictaminó que se devuelva a primer debate. Pasará por dos debates y una consulta a la Sala Constitucional en el medio.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y una de las principales legisladoras involucradas a favor del tratado, Paola Vega Rodríguez, lamenta que Costa Rica siendo la cuna de la negociación, aún no lo haya aprobado. Lo considera urgente y espera que no pase de este mes.

Adicionalmente, en un momento donde las discusiones por reactivar actividades como la pesca de arrastre y la minería han llegado al plenario, Vega afirma que queda clara la necesidad de contar con la ley.

Vivíamos en el mito de que en Costa Rica no se daban amenazas a ambientalistas, cuando es falso y tenemos el caso de Jairo Mora. En el caso la pesca de arrastre, pescadores artesanales fueron baleados en una microbús y personas diputadas fuimos amenazadas de muerte por defender la posición". 

Agregó que ese debate evidenció la mayor urgencia de contar con un mecanismo de protección para la personas que defienden el medio ambiente. Igualmente, apuntó a que parece haber una tendencia basada en menospreciar el tema ambiental, avanzar hacía el extractivismo y modelos económicos que considera obsoletos a nivel mundial.

Al respecto, tres organizaciones que trabajan en torno al cambio climático y conformadas por personas jóvenes (Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Green Wolf Costa Rica y Fridays for Future Costa Rica) lanzaron la campaña Escazú Ahora Costa Rica.

La activista costarricense que forma parte del movimiento y miembro de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Nirel Vázquez Guzmán, explica que los proyectos sobre temas como arrastre y minería son cortoplacistas:

No se hace un análisis prospectivo de cuáles son las consecuencias que reiniciar temas como arrastre o minería van a tener a futuro para el crecimiento económico de las comunidades que dependen del medio ambiente y todo lo que se desarrolla de esas actividades", criticó.

Por su parte, otro miembro del movimiento y de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Sinué Chacón González, comentó:

Hay muchos jóvenes activistas climáticos en el continente que sienten miedo por lo que puede llegar a pasar. Las personas jóvenes estamos conscientes de que las repercusiones del cambio climático las vamos a asumir completas. Hacemos algo nosotros y nosotras o nos vamos al carajo". 

Además el activista señala que Costa Rica debe ser consecuente con su postura histórica en temas relacionados al medio ambiente y tiene una obligación moral como país de aprobar el tratado.

Costa Rica es campeón del mundo por una trayectoria de la lucha por la preservación del medio ambiente. Por esa trayectoria fue que el país encabezó las negociaciones. En nuestra historia hemos sido un país consciente de la necesidad de preservar el medio ambiente, en las mejores condiciones posibles y de tener una economía sostenible". 

Mientras tanto, Chile, el otro país que impulsó el Acuerdo de Escazú, vive una realidad aún más irónica: El gobierno chileno rechazó el acuerdo. Consideran que contiene obligaciones "ambiguas" que podrían condicionar las legislaciones ambientales del país sudamericano. 

Hasta el momento, de 24 naciones que firmaron el acuerdo, solo 11 lo han ratificado. Entrará en vigor 90 días después de que el onceavo país haya depositado su instrumento de ratificación, según se lee en el artículo 22 del Acuerdo de Escazú.

Representa un acto de justicia con las personas que han trabajado por la conservación del medio ambiente. Además, representa un esfuerzo más de los estados para la preservación y la lucha contra el cambio climático", detalló Chacón González.

Los países que ratificaron deben de empezar a implementar los artículos del acuerdo y comenzar a trabajar formas de involucrar a civiles en la creación y construcción de este tipo de políticas.

Asimismo, incorporar directrices tendientes a que los estados parte impulsen y promuevan la transparencia, así como la participación del público en la toma de decisiones y en cualquier acción u omisión que afecte el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a la materia.

También se establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Vázquez Guzmán recuerda que en Costa Rica, desde varios años atrás, las personas defensoras del ambiente se han visto amenazadas o incluso han perdido la vida por seguir sus luchas.

Un ejemplo son las personas indígenas que velan por defender su territorio y les han quitado la vida por eso. Tenemos el caso del líder indígena Sergio Rojas que falleció en 2019, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había llamado la atención al estado costarricense.