El Ministerio Público ordenó este jueves la desestimación y el archivo de la causa penal que se sigue contra los presuntos asesinatos del líder indígena bribri, Sergio Rojas Ortiz, ocurrido en febrero del año pasado.

Así lo comunicó esta mañana el medio digital CRhoy.com en una nota en la que se señaló que la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio, se reunió este jueves con los familiares de Rojas para darles la noticia personalmente y explicarles las razones que llevan a esta solicitud.

En la reunión, que se llevó acabo en Pérez Zeledón, la Fiscalía General, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, además de la fiscalía encargada de la investigación del homicidio, señalaron que "el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación".

Sergio Rojas Ortiz fue asesinado la noche del lunes 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación, ubicada en el territorio indígena de Salitre. El líder indígena ya había sido víctima de varios intentos de homicidio y era sujeto de las medidas cautelares de protección que interpuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril del 2015.

Dichas medidas cautelares ordenaban al Estado garantizar la protección, vida e integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre y sin embargo, el país no ha logrado cumplir con las disposiciones ordenadas.

Por ello el caso puso al país en la picota internacional, una realidad que se reforzó el pasado 24 de febrero cuando el líder indígena Brörán de Térraba, Jerhy Rivera Rivera también fue asesinado en medio de disputas entre indígenas y usurpadores de tierras que se viven desde hace años en la zona.

De hecho y al respecto, en junio pasado, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, manifestó su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica.

Lawlor explicó que la impunidad y la falta de rendición de cuentas “están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno”.

"Es un chiste decir que no se pudieron localizar los testigos"

Esa sensación de impunidad es justo lo que abunda hoy en los territorios indígenas y en las organizaciones defensoras de estos territorios.

Así lo comentaron a Delfino.cr tanto la abogada de la organización Forest Peoples Programme, Vanessa Jiménez, quien lleva la causa indígena costarricense a lo interno de la entidad; como el sociólogo, integrante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Osvaldo Durán Castro, con quienes conversamos esta tarde al respecto.

Un indígena nos dijo hoy que este es un día oscuro y no puedo estar más de acuerdo con eso. Hoy es un día oscuro para la justicia en Costa Rica, un país que es conocido como líder en los derechos humanos. Esta es una mala noticia para todos los defensores de los derechos humanos en Costa Rica porque no queda duda de que Sergio fue un defensor de sus derechos y de los de su pueblo y territorio y por eso creo que todos los ciudadanos de Costa Rica deben estar altamente alarmados y preocupados por esto", señaló Jiménez a este medio.

Osvaldo Durán concordó con esa afirmación y, a su vez, agregó que este es un día tan doloroso para los territorios indígenas como el propio día en que se ejecutaron los asesinatos denunciados:

Este es un día que pasará a la historia con tanta indignación como el propio 18 de marzo de 2019 cuando fue asesinado Sergio o como el 24 de febrero cuando mataron a Jerhy. Es tan triste e indignante porque aquí lo que se está demostrando es que el Estado y la institucionalidad completa de este país, han aceptado defender el racismo como mecanismo de violencia en todos los campos. Esto no es solo un acto judicial, es la manifestación clara, abierta y directa de la situación que tenemos en Costa Rica en términos de la negación de la cultura indígena nacional".

Ahora bien ¿es un hecho aislado? El Forest Peoples Programme sostiene enfáticamente que no y así lo detalla Vanessa Jiménez cuando señala que:

Nosotros tenemos un montón de casos de violencia contra los bribri y los borán que son los beneficiarios de las medidas cautelares de la Comisión y hemos documentado desde 2012 varios casos en que se desestiman casos por inconsistencias. Típicamente la razón que se ha dado en esos expedientes es, como en este caso, que no se puede identificar a los responsables y nosotros hemos visto casos en los que se ve el expediente y es claro que la investigación no es adecuada y que no le han preguntado a la gente ni han hecho las investigaciones adecuadas siquiera. Eso nos preocupa muchísimo porque el sistema es desestimar y archivar y así los casos no llegan a una conclusión, lo que nos deja un montón de amenazas y casos, los más feos claro, Sergio y Jerhy, pero no los únicos. Esto no es una opinión, es un hecho, de los casos denunciados no tenemos ni uno solo en que el responsable haya sido sancionado".

Para Durán por su parte, las argumentaciones de la Fiscalía para pedir la desestimación son "un chiste" pues no se explica cómo es posible que las autoridades judiciales señalen que no se pudieron encontrar a los testigos del caso. "Es risible", aseguró:

Aquí lo que se junta es negligencia e impunidad y esta es una resolución risible de parte de la Fiscalía. ¡Por favor, no estamos hablando de un territorio de millones de kilómetros cuadrados, no estamos hablando de que tenían que recorrer la Amazonía! Esto es una burla, es un chiste decirle al país que no se pudieron localizar a los testigos. Al puro principio, antes de que a Sergio lo asesinaran, él fue a la Fiscalía a denunciar que lo estaban persiguiendo y que lo tenían amenazado de muerte y nunca le hicieron caso, es lo mismo que se repitió con Jerhy".

El Estado, la institucional y la Fiscalía se están burlando de la vida de Sergio, de su familia y de todos los territorios indígenas. Tanta incompetencia y tanta negligencia son una invitación clara, abierta y directa a que se haga más directa esta violencia porque si usted es un invasor de tierras y el Gobierno no hace nada, estamos invitándolos abierta y directamente para que sigan metiéndose a los territorios indígenas. Con esta actitud la violencia solo se va a disparar".

La misma postura la sostiene Vanessa Jiménez cuando asegura que "esto que pasó con Sergio es impunidad y cuando hay impunidad, hay un clima que invita a más violencia porque los perpetradores saben que nada les va a pasar a ellos como consecuencia" y por eso, algo en lo que concuerdan ambos es que el siguiente paso debe estar dirigido a elevar la situación que se vive en los territorios indígenas en los planos del sistema internacional.

A la Corte Interamericana

Tanto el activista de FECON como la abogada de Forest Peoples Programme, sostienen que es necesaria la intervención en mayor escala de los organismos internacionales para garantizar el respeto a los pueblos indígenas de nuestro país y hacia ahí es donde ambos dirigen los siguientes pasos.

"El Estado debería pedir la intervención inmediata de organismos internacionales porque sino esto va a explotar en una ola de violencia incontrolable", sostuvo Durán.

Por su parte, Jiménez aseguró que aunque siguen valorando el caso y la solicitud de la Fiscalía (que apenas se ejecutó esta mañana), el siguiente paso sí irá encaminado en ascender de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estas causas están actualmente, a la intervención de la Corte IDH, para ver si de ahí y llevando las medidas cautelares de cautelares a provisionales, la cosa mejora un poco en estos territorios:

Esta es precisamente la razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las medidas cautelares: por tantos casos archivados, desestimados y sin sanción de responsables. Por eso ahora yo veo que esta nueva resolución es una nueva evidencia de que no se está cumpliendo con las medidas cautelares y por eso vamos a solicitar a la Comisión que se eleven las medidas cautelares ante la Corte Interamericana para que se conviertan en medidas provisionales y su implementación sea supervisada por la propia Corte. Este es el momento en el que estamos".