14 meses después del asesinato de Sergio Rojas no se conocen avances en la investigación. 

Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos manifestó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica.

Lawlor explicó que la impunidad y la falta de rendición de cuentas “están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno”.

Aludiendo al asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas (marzo, 2019), Lawlor dijo:

Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables”.

La experta agregó que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos han quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte”.

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En el reporte publicado hoy por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se indica que “Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores”.

Alzada de violencia e intimidación continúa

En su comunicado, la ONU también alude al asesinato del líder indígena Yehry Rivera Rivera el pasado mes de febrero. El reporte de Lawlor indica que: “su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano”.

La relatora especial denuncia además que Pablo Sibar, defensor de los derechos humanos del pueblo Brörán, “también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados”. A su caso, se suma el de Minor Ortíz Delgado, quien recibió un balazo en la pierna en marzo. Lawlor indica:

El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia”.

Lawlor señala con vehemencia la falta de respuesta del Estado para responder a la inseguridad en la que viven los líderes indígenas que reclaman sus tierras: “Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas”.

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La ONU reclama que esta impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que “se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos”.

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El llamamiento a cuentas de Lawlor a las autoridades de Costa Rica fue respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali Tzay. La ONU indicó que ambos expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.